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¿Qué es la Corte Penal Internacional?

Sus asesores colaboran en la prevención e investigación de los peores crímenes de la justicia internacional

Si el Consejo General del Poder Judicial ratifica mañana la petición de traslado a la Corte Penal Internacional cursada por el juez Baltasar Garzón, éste pasaría a formar parte de uno de los grupos más selectos de asesores de la justicia internacional.

En marcha desde 2002, y vinculada a Naciones Unidas, la Corte es el único foro permanente contra el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad. El primero, es el "delito de los delitos". El cargo más grave imputable, puesto que contempla la eliminación sistemática de un grupo social por motivos de políticos, de raza o religión. Los otros dos son igualmente terribles, pero no conllevan el lastre de episodios como el Holocausto judío. O bien su versión más reciente: el exterminio de 8.000 varones musulmanes en Srebrenica, en 1995, por las tropas serbobosnias.

Heredera del Proceso de Nuremberg, que juzgó los crímenes nazis, la CPI está formada por cuatro órganos: presidencia, divisiones judiciales, oficina del fiscal y registro (secretaría). Cuenta con 18 jueces y también con una oficina para las víctimas y otra para la defensa. La denominada Asamblea de los Estados Parte, supervisa la gestión de la Corte y la forman los Estados firmantes del Estatuto de Roma, su texto fundacional. Hasta la fecha, 110 países lo han ratificado.

La Asamblea es además el órgano legislativo de la CPI y funciona de manera independiente para preservar su imparcialidad política. Para poder abrir una causa deben cumplirse una serie de requisitos. Así, la Corte sólo actúa cuando un país no juzga, o bien no puede hacerlo, los crímenes que sean de su competencia. Sin efecto retroactivo, no puede perseguir hechos o delitos cometidos antes del año 2002. Tampoco está facultada para perseguir a presuntos criminales que fueran menores de edad (18 años) al cometerse los delitos. Por el contrario, nadie está por encima de su jurisdicción y puede acusar a jefes de Estado en ejercicio, normalmente protegidos por la inmunidad relativa a su cargo. Los crímenes que investiga no prescriben.

A pesar del logro que supone haber abierto un tribunal con jurisdicción universal, países como Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel, Cuba a Irak, no han firmado el Estatuto de Roma. Los dos primeros, son las grandes potencias tradicionales. China a India son las potencias emergentes, y ninguna quieren ceder en temas de inmunidad. El caso de Washington es significativo. Invadió Irak vulnerando las resoluciones de la ONU y abrió la vía a posibles cargos por crímenes de guerra.

Sin embargo, ha prohibido extraditar a su personal de servicios exteriores (entre ellos los soldados). En cuanto a los agentes de la Corte, tienen prohibido investigar en territorio estadounidense. En estos momentos, los casos en marcha se refieren a la República Democrática de Congo, Uganda, la República Centroafricana y Sudán. Aunque en todos los pliegos de cargos aparecen crímenes de guerra o contra la humanidad, tal vez el más reconocible sea el de los niños soldado.

Que a Garzón le invitara el fiscal general de la CPI, el argentino Luís Moreno-Ocampo (en Kenia hasta el próximo día 12), resulta singular pero no sorprendente. Experto en perseguir los crímenes perpetrados durante la dictadura de su país, Ocampo no ha ocultado nunca su consideración por la labor del español al investigar los del franquismo.

En un entorno como el de la CPI, que cuenta ya con otros asesores en su sede de La Haya, de Garzón se espera que ayude a mejorar las técnicas de investigación. Con causas abiertas en países inestables, la principal dificultad de la fiscalía es llegar a los testigos y recabar pruebas de lo ocurrido. En Sudán, los expertos de la fiscalía apenas pueden pisar tierra en zonas tan castigadas como Darfur. Con el propio presidente sudanés, Omar el-Bashir, imputado por genocidio, resulta demasiado peligroso.

El año pasado, la Corte anunció en nombramiento de Juan Méndez, antiguo consejero de la ONU para la prevención del genocidio, como asesor especial para la prevención de crímenes. Durante la dictadura militar argentina, Méndez fue detenido y torturado y es un especialista en derechos humanos. La labor de Garzón en La Haya, en un servicio de carácter externo, sería compatible su situación actual. Siempre puede ejercer la abogacía en sus múltiples formas.