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El condenado por las facturas falsas del Ayuntamiento de Sevilla entra en prisión

La petición del indulto del ex secretario del Distrito Macarena no paraliza su entrada en la cárcel

José Marín, ex secretario del Distrito Macarena del Ayuntamiento de Sevilla, ingresó anoche en prisión para cumplir la condena de cuatro años y tres meses de cárcel por el pago de facturas falsas, adelantándose así a la orden de ingreso que el tribunal había dictado para hoy.

Fuentes del caso han informado a EFE de que el juez sevillano que presidió el jurado popular ha dictado para hoy el ingreso en prisión de Marín y del contratista José Pardo, después de que en febrero pasado el Tribunal Supremo confirmase la condena contra ambos.

La petición de indulto y el posible recurso ante el Tribunal Constituconal, que están estudiando las defensas de ambos, no paralizan el ingreso en prisión, han añadido las fuentes. Han explicado que Marín optó por acudir anoche voluntariamente a la cárcel de Sevilla-I para eludir la posible presencia de medios de comunicación.

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En cuanto a Pardo, fuentes judiciales han informado a EFE de que también puede optar por acudir directamente a la cárcel con copia de la sentencia, aunque ha sido citado a las 12 horas de hoy en la Audiencia de Sevilla para, desde allí, ser trasladado a prisión y además para requerirle el pago de la indemnización a que fue condenado.

Marín fue condenado por un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento oficial, al pagar seis facturas falsas por obras menores que "no se habían ejecutado o lo habían sido sólo parciamente", y Pardo por los mismos delitos.

Pardo fue condenado porque a finales de 2002 y comienzos de 2003 presentó al Ayuntamiento varias facturas "pese a conocer que los trabajos no se habían ejecutado o lo habían sido sólo parcialmente" y lo hizo aparentando actuar por cuenta de Contratas y Obras Sevilla (COS), pese a que sabía que la empresa había cesado su actividad a finales de 2002 y que ya no tenía la representación de la misma.

En cuanto a Marín, que tenía la condición de funcionario público, la sentencia de la Audiencia afirmó que "conscientemente permitió que Pardo cobrara por obras no ejecutadas o parcialmente ejecutadas, pese a conocer que éstas no se habían ejecutado", y que éste pretendía "obtener más dinero del que le correspondería".

El posterior fallo del TSJA confirmó además el importe de la defraudación, 5.901 euros que los acusados deberán devolver al Ayuntamiento, así como una multa de 2.400 euros y 6 años de inhabilitación absoluta para Marín, y de 2.160 euros para Pardo.

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