El PSE descarta exhibir su rechazo a la enmienda antiblindajes
El PNV emplaza al 'lehendakari' ante el debate de hoy en el Congreso
El PSE descarta escenificar hoy en el Congreso de los Diputados ningún gesto de desmarque en la votación de la enmienda a la Ley de Sociedades Anónimas que impulsa el PSOE para eliminar las limitaciones de derechos de voto en las empresas, el llamado blindaje. El PSE está en desacuerdo con la iniciativa y el propio lehendakari, Patxi López, intervino ante el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pero prevalecerá la decisión del PSOE. El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, recordó ayer a López su compromiso de defender los intereses vascos por encima de la lealtad a su partido y a Zapatero. Tiene "una ocasión inmejorable para demostrarlo", sostuvo.
Las cosas no transcurrirán por ese camino. El secretario general del PSE en Álava, Txarli Prieto, dio ayer por seguro el voto favorable del diputado socialista por esa provincia Javier Lasarte, único vasco en la representación del PSOE en la Comisión de Economía y Hacienda. No se ausentará —un recurso que usó el PP vasco en la toma en consideración en el Congreso de la propuesta sobre el blindaje del Concierto Económico— y se atendrá a la disciplina.
El Gobierno vasco quiere buscar la "complicidad" de las empresas
"Es un asunto que escapa a nuestras competencias", excusó Prieto, y ante el que comprometió al Gobierno de Patxi López a recabar "la complicidad del empresariado" para evitar "efectos negativos" en Euskadi.
El debate se pospuso el 24 de marzo, tras cuestionar partidos como el PNV e IU que se intentara aprobar la enmienda coincidiendo casi con la junta de accionistas de Iberdrola y la pugna del grupo ACS —primer accionista de la eléctrica— con el equipo que encabeza Ignacio Sánchez Galán. CiU y PP apoyaron retrasar la votación de una medida que el diputado del PNV Pedro Azpiazu bautizó como enmienda Florentino, al entender que la reforma beneficia, sobre todo, a los grupos ACS (presidido por Florentino Pérez) y Sacyr, primer accionista de Repsol, con el 20%.
La limitación de derechos de voto a un máximo del 10% al margen de la participación real, en vigor en empresas como Telefónica, Iberdrola o Repsol se estableció para salvaguardar las minorías. Los promotores de la reforma consideran ahora que se ha convertido en un blindaje de los directivos y en un mecanismo de defensa ante potenciales inversores.
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