El Ayuntamiento de Alicante deja en manos de un técnico un contrato que el juez ya anuló por trato de favor

El Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP, ha reincidido y ha dejado en manos del mismo funcionario el informe valoración de una contrata que, en el anterior concurso, un juez declaró nulo por entender que el dictamen del técnico municipal era favorable, sin justificación aparente, a la firma ganadora. El técnico en cuestión es Víctor López, jefe de servicio del área d Atención Urbana. Y la contrata, el servicio de mantenimiento del cementerio adjudicada al empresario local Enrique Ortiz.

Ante esta evidencia, la concejal socialista Carmen Sánchez Brufal ha solicitado hoy al equipo de gobierno, del PP, la anulación de la adjudicación provisional de este contrato. Brufal, en un recurso de reposición contra la resolución acordada el pasado 1 de marzo, argumenta entre los motivos que el funcionario redactor del informe de valoración, Víctor López, es el mismo que realizó la valoración del anterior proceso de contratación de los mismos servicios, "adjudicación anulada por los tribunales de justicia porque la valoración vulneraba los principios legales aplicables a la contratación beneficiando indebidamente a la misma empresa que ahora ha resultado adjudicataria".

La edil defiende que el técnico debería haberse abstenido en este proceso "porque su actuación fue señalada como la causante de la anulación de la adjudicación anterior y porque la misma empresa anteriormente beneficiada por su actuación participaba en el proceso". En el escrito presentado, además, considera que el informe de valoración está redactado de modo impreciso y en el apartado de mejoras da la puntuación máxima a la adjudicataria sin explicación. Esta máxima puntuación es la que le permite a Ortiz tener recibir la contrata pese a ser la oferta más cara.

La concejal socialista ha recordado esta mañana en rueda de prensa que la anterior adjudicación del contrato de limpieza y mantenimiento del cementerio de Alicante, realizada en 2005, fue llevada a los tribunales por la mercantil que acudió al concurso en UTE y perdió la adjudicación. El juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Alicante, en abril de 2007, la anuló por considerar que hubo trato de favor del Ayuntamiento a Enrique Ortiz.

Puntuaciones tendenciosas

En la sentencia, la juez esgrime, entre otras cuestiones, que "es sorprendente el empeño del técnico municipal en desacreditar la oferta de Prieto (la empresa demandante)" y que las puntuaciones "son tendenciosas con el objeto de favorecer a Ortiz". El fallo fue recurrido, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en abril de 2008 ratificó el trato de favor a Ortiz en el citado contrato y mantuvo la condena al Ayuntamiento de pagar a Prieto el 6% del beneficio industrial de las certificaciones facturadas por Ortiz por los trabajos realizados en la ejecución del contrato.

El técnico al que refieren las críticas socialistas es el jefe de servicio del área de Atención Urbana del Ayuntamiento de Alicante. El técnico admitió a principios del pasado mes de febrero que el pliego de condiciones elaborado por el Ayuntamiento el año pasado para adjudicar 40 contenedores soterrados en Alicante era "en un 90%-95% un corta y pega" del catálogo de la firma que finalmente acabó suministrando los citados contenedores a la constructora que se adjudicó el concurso.

Un hecho que el Ayuntamiento de Alicante atribuyó a un error que, insistió, no desvirtuó la competencia en el concurso. Con todo, este negociado municipal, que dirige el edil Andrés LLonres, ha abierto un expediente de averiguación de hechos para esclarecer por qué se plagió en el pliego el folleto publicitario de la empresa suministradora.