El fiscal se opone a la suspensión de Garzón

El fiscal ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que no suspenda al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón porque iría en contra de "las garantías de independencia e inamovilidad que son exigencias precisas y necesarias para el ejercicio de la función jurisdiccional". Así lo ha comunicado el Ministerio Publico en el informe que le había solicitado el órgano de gobierno de los jueces para que diera su opinión sobre si Garzón debía ser suspendido mientras el Tribunal Supremo tramita varias querellas contra él.

La decisión no es ninguna novedad. Era lo esperado. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, apuntó a principios de este mes que el Ministerio Fiscal se opondría al intento del Poder Judicial de suspender a Garzón por entender que no había incurrido en delito de prevaricación.

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, ha remitido un informe al Consejo en el que señala que "no procede la medida de suspensión provisional de funciones" del juez Garzón en relación con los dos primeros procedimientos penales admitidos a trámite contra él en el Supremo. Entiende, entre otras razones, que la continuidad de Garzón en el Juzgado Central de Instrucción número 5 no produce daño a la Justicia ni quiebra la confianza ciudadana.

"Contrario a la lógica jurídica"

Martín-Casallo explica en su escrito, de cinco folios, que la condición por la que un juez queda privado temporalmente de su derecho y deber al ejercicio de su función jurisdiccional "no puede ser concebida como de aplicación automática a todos aquellos titulares en la función jurisdiccional que vean como determinadas querellas interpuestas contra ellos por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones", por tratarse de algo "contrario a la lógica jurídica".

La consulta a la Fiscalía se produce antes de que Garzón haya podido recurrir el auto dictado el jueves por el magistrado del Supremo Luciano Varela, en el que éste expresaba sus motivos para sentarle en el banquillo y rechazaba, por tanto, archivar la causa por prevaricación relacionada con su investigación de la memoria histórica.

El Supremo admitió ayer la querella del abogado de José Luis Ulibarri, un constructor que presuntamente pagó comisiones ilegales, por las escuchas que el magistrado de la Audiencia Nacional ordenó en prisión a los implicados en el caso Gürtel y a sus abogados. Con la querella, la red busca anular todas las actuaciones. La estrategia se completó con otra ronda de recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de los cabecillas de la trama Fernando Correa, Álvaro Pérez, el Bigotes y otros imputados.

El Alto Tribunal, que amenaza de esta forma la continuidad de Garzón en la Audiencia Nacional, investiga al juez por declararse competente y abrir una causa sobre los crímenes del franquismo, y también por los cobros recibidos durante su estancia en la Universidad de Nueva York.

Reacciones del Consejo

El vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, ha asegurado durante unas jornadas organizadas por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales que el Consejo "no actúa en función de las querellas al Tribunal Supremo, sino en función de lo que el Supremo dicte". De Rosa también ha aclarado que el órgano de los jueces no trata de forma especial a Garzón, sino que lo hace "como a cualquier otro juez".