El Gobierno de Aguirre no dedica "ni un minuto" al espionaje a sus compañeros de partido en Madrid

La declaración como testigo del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ante la juez que investiga el supuesto espionaje político cometido por funcionarios de la Comunidad de Madrid provoca desinterés en el Gobierno regional pese a ser todos miembros del PP.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, a cuyo cargo estaban algunos de los imputados por los seguimientos realizados a miembros del propio Gobierno regional y del Ayuntamiento de Madrid, ha asegurado hoy que no piensa "dedicar ni un minuto más" a hablar del caso porque, en su opinión, es una asunto "de escasa entidad que no interesa en absoluto a los madrileños" que, ha dicho, no le pagan para atender "cuestiones de tan escasa entidad".

La misma opinión tiene otro de los consejeros del Ejecutivo de Aguirre, Juan José Güemes, quien ha asegurado que tiene "cosas más interesantes que hacer que prestar atención" a la declaración ante la juez de Cobo, quien testificó ayer que sus actividades encajan con los partes de seguimiento. Güemes acusó en su día a EL PAÍS de "fabricar una gran mentira".

En concreto, existe una coincidencia de especial relevancia correspondiente al 11 de abril de 2008, cuando los supuestos espías -agentes a sueldo de la consejería de Interior [que dirige Grandos, a la sazón secretario regional del partiodo], a tenor de lo ya acreditado en los seguimientos al ex vicepresidente madrileño Alfredo Prada-, anotaron que Cobo no se encontraba en su despacho por la mañana y que por la tarde se desplazaron también a su domicilio, "siendo infructuosos todos los intentos" para localizarlo.

Las vigilancias resultaron fallidas porque ese día Cobo estuvo fuera de Madrid. Concretamente en Zaragoza, donde se encontraba de viaje privado desde la tarde anterior, algo que sólo conocían sus colaboradores más estrechos.

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha afirmado hoy que no tiene sentido relacionar el presunto espionaje que pudo sufrir el número dos de Gallardón, con las "fricciones políticas del día a día" entre dos "gobiernos emergentes como son el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid".

González Pons ha mostrado más reservas que sus compañeros de partido y ha recordado que el asunto está inmerso en una investigación judicial, por lo que son los tribunales quienes "tienen que decir" si los seguimientos se produjeron.