Condenados a prisión los transportistas que extorsionaban en el Puerto de Barcelona

La Audiencia de Barcelona ha condenado a siete años de prisión al presidente de Transcont, una asociación de transportistas autónomos que extorsionaba camioneros y que trató de monopolizar de forma ilícita el transporte de contenedores en el Puerto de Barcelona, y a seis años de prisión a su vicepresidente y a tres miembros de la junta directiva.

El tribunal considera a Antonio G. V., a Manuel M. C, Jose Maria B. I, Luis V. A. Y Jose Luís P. R. responsables de un delito de asociación ilícita y de extorsión continuada, y absuelve a otros dos miembros de la junta, Rafael A. A y Rafael M. G, por considerar que no tenían conocimiento de los hechos.

Aprovechando que la mayoría de transportistas eran de su asociación, el presidente de Transcont, Antonio G. V., alias el pistolas, ideó junto al vicepresidente y tesorero, Manuel M. C., la creación de una empresa, BCN SL, para gestionar todos los ingresos de la asociación, que cobraba de las empresas transportistas y pagaba los servicios a sus socios.

La Audiencia considera probado que los acusados crearon "un ambiente de temor y de intimidación" en el puerto, amenazando al resto de transportistas no asociados a Transcont con sufrir daños personales o patrimoniales en sus vehículos si no accedían a sus pretensiones y se incorporaban a la asociación. Los condenados obligaban a los nuevos asociados a firmar un contrato simulado y obligatorio por el que tenían que pagar entre 6.000 y 30.000 euros, llegando a suscribir hasta 60 contratos por los que obtuvieron hasta 437.251 euros.

Amenazar y daño a los camiones

Durante el juicio varios transportistas afectados admitieron haber realizado el donativo "para trabajar tranquilos" después de recibir amenazas y de sufrir daños en sus camiones, y otros que no aceptaron el chantaje vieron como sus camiones eran quemados.

El grupo mafiosos llegó incluso a amenazar al ex presidente de la Autoridad Portuaria, Joaquín Coello, después de que éste les instara a acabar con la situación creada en el Puerto de Barcelona.

La sentencia también obliga a los condenados a indemnizar a cinco de los transportistas extorsionados, devolviéndoles un total de 36.000 euros que habían donado a Transcont después de haber sido amenazados.