El Ayuntamiento de Barcelona suspende al funcionario encarcelado por soborno

El Ayuntamiento de Barcelona ha suspendido de empleo y sueldo al funcionario Heliodoro Lozano, en prisión provisional por un supuesto delito de soborno y otro de amenazas desde el pasado miércoles por orden del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona. Lozano, funcionario desde 1991, fue el jefe de los servicios técnicos de Ciutat Vella hasta 2008, distrito donde presuntamente habría incurrido en esos delitos en la tramitación de varias licencias, la mayoría de ellas de apartamentos turísticos.

En la misma causa judicial se encuentra imputada la funcionaria Elena Ariza, actualmente jefa de la dirección de licencias y espacio público del distrito de Sarriá. Ariza declaró ante la juez que instruye el caso el pasado miércoles y quedó en libertad. Respecto a ella, el consistorio informó de que ha abierto un expediente disciplinario que llevará acompañado el traslado del puesto de trabajo que ocupa actualmente.

Ariza es funcionaria municipal desde 1988 y a partir de 2000 ocupó varios cargos técnicos en el distrito de Ciutat Vella, el último de ellos como secretaria técnico jurídica hasta el pasado mes de julio.

Los dos funcionarios inculpados, por tanto, desempeñaron cargos de responsabilidad en cuanto a la concesión de licencias y permisos en el distrito de Ciutat Vella durante años. Fuentes del ayuntamiento precisaron que la comunicación formal del juzgado sobre la situación de los dos funcionarios se recibió en la tarde de hoy y que las medidas disciplinarias se han tomado "inmediatamente". El caso judicial sigue bajo secreto sumarial.

Por el mismo proceso se encuentra en prisión provisional el ingeniero Joaquín Quílez, también imputado en las investigaciones en relación con el prostíbulo Saratoga y otra causa por supuestas irregularidades en la concesión de licencias del distrito del Eixample.

La alerta de la relación de Quílez con el funcionario Lozano en licencias de apartamentos turísticos de Ciutat Vella fue advertida al distrito por correo electrónico a través de un abogado de Barcelona, Bautista Sotelo. De hecho, ese letrado había planteado un contencioso administrativo a Lozano en relación a su actuación con un edificio de viviendas.