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Rajoy quiere endurecer las penas por corrupción

El líder del PP ha clausurado en Sevilla la XV Unión Intermunicipal del partido, en la que se ha aprobado un decálogo de medidas para "recuperar el prestigio de la política"

"No tenemos nada que ocultar. Queremos hablar de todo". Mariano Rajoy ha querido demostrar en Sevilla que su partido no sólo no huye ante los casos de corrupción, sino que tiene propuestas para combatirla, y va hacer llegar al resto de las fuerzas políticas 50 principios y sugerencias, que son la base del Pacto por la Transparencia y la Corrupción elaborado en la 15ª Unión Intermunicipal del primer partido de la oposición.

Tras el adelanto de algunas medidas, como prohibirr los regalos, Rajoy ha propuesto una reforma del Código Penal que endurezca los tipos penales contra la corrupción y que amplíe los plazos de prescripción de esos delitos, evitar el fraccionamiento de los contratos para que no se sortee la ley y establecer como obligatoria una comisión de vigilancia de la contratación en cada ayuntamiento, presidida por un concejal de la oposición.

Sin llegar a mencionar el caso Gürtel, el presidente de los populares ha reconocido el descrédito que se cierne en estos momentos sobre la clase política, un descrédito "injusto" porque el 99% de los cargos públicos "son honrados y sólo les guía su vocación de servicio público". El líder popular también ha sugerido que se simplifiquen las normativas y se establezcan plazos reglados para los expedientes, que las ofertas más económicas sean las que se escojan e impedir que los concejales y ex altos cargos de las empresas públicas puendan contratar con ellas hasta pasados dos años de su cese.

Durante su 15ª Intermunicipal, el PP ha aprobado un decálogo de medidas para "recuperar el prestigio de la política y de los cargos públicos", en el que defiende la necesidad de que haya "tolerancia cero con la corrupción, el transfuguismo y los que utilizan la política en su propio interés".

En el mismo documento, el principal partido de la oposición acusa al Gobierno de "ignorar la situación financiera" de los ayuntamientos y le exige que remita "de manera inmediata" al Parlamento los correspondientes proyectos de ley de Gobierno local y de Financiación Local.