Sensibilidades asimétricas

Los jueces, dice la doctrina, deben regirse por el principio de legalidad, mientras que es el principio de oportunidad, y no el de sujeción a la ley, el que gobierna los actos de los políticos. Cierto es que ambos planos se han cruzado en más ocasiones de las debidas en nuestro país, pero aun así hay mucho de desmesura en la reacción de buena parte del mundo nacionalista ante la detención de Arnaldo Otegi, Rafa Díez Usabiaga y otras ocho personas, acusadas por el juez Garzón de tratar de recomponer la dirección de la ilegalizada Batasuna. Un exceso en la respuesta que contrasta, pese a la manifestación de ayer, con la generalizada indiferencia que producen en la mayoría de la sociedad vasca los avatares de la izquierda abertzale que se resiste a romper con ETA.

No ha sido la primera vez y, seguramente, no será la última. Aunque proclame retóricamente que a nadie perjudica la violencia más que a su causa, una buena porción del nacionalismo nunca aceptará en público las medidas coactivas que se apliquen contra el entorno de ETA. No importa que éstas se atengan a los cauces legales y se hayan revelado a la postre infinitamente más efectivas para el achicamiento del terrorismo y su deslegitimación social que los mantras del diálogo y las soluciones políticas.

Cuando fueron detenidos dos dirigentes a los que se ha venido considerando posibilistas para lo que se estila en el abertzalismo radical, y mientras no se conocieron con detalle los indicios delictivos reunidos en su contra, resultaba razonable discutir si el arresto perjudicaba o favorecía su nunca consumada emancipación de la tutela de ETA. Sin embargo, antes aún de divulgarse el auto de acusación, se condenó de forma sumaria la actuación del magistrado, sus motivaciones y las supuestas influencias políticas que estarían detrás.

Joseba Egibar resumió de forma brutal los sentimientos de esa parte del nacionalismo que va desde la mitad de su partido, el PNV, hasta los confines de Batasuna, atravesando a Aralar, EA, ELA y a la izquierda asimilada: "Quien actúa así no quiere la desaparición de ETA". Una sentencia lapidaria que condensa tanto la paciencia inagotable que el mundo nacionalista sigue teniendo con su rama extraviada, como la desconfianza genética a cualquier respuesta dada desde el Estado de derecho. No sólo por tener la mancha de lo represivo, que también, sino, sobre todo, por provenir de una autoridad que es considerada extranjera, ajena a la comunidad, y que, en consecuencia, nunca será aceptada por ella.

Sea por biología, por inercia, por interés o por una mezcla de todo ello, el nacionalismo navega en la esquizofrenia en sus relaciones con el mundo de Batasuna. No cesa de reprocharle su supeditación a ETA, su sempiterna incapacidad para salirse de una dinámica que hace compatible la política con la lucha armada (con el terrorismo aplicado contra los otros), pero siempre está dispuesto a concederle una nueva oportunidad y a comprender sus dificultades para dar el paso que le reclama.

Sabe que es casi ontológicamente imposible que la izquierda abertzale satélite pueda hacer desistir a ETA de la violencia o, en su defecto, romper con ella, entre otras razones, porque ha visto lo sucedido en Lizarra o en Loiola, en el último proceso de paz. Y es consciente, aunque no lo admitirá, de que si existe alguna mínima posibilidad de que se produzca ese deseado distanciamiento será debido a iniciativas a las que opuso algo más que objeciones. Entre otras, a una ley de Partidos refrendada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que ha creado una incompatibilidad insalvable entre el interés de la izquierda abertzale por ser un actor político y estar en las instituciones y en la calle, y su vinculación subordinada con una organización terrorista que amenaza y mata a sus adversarios políticos.

Sin embargo, ese nacionalismo casi siempre dará más crédito a los sucesivos anuncios del mundo de Batasuna de "iniciativas de hondo calado" y "nuevos ciclos políticos2 jamás confirmados, que a los datos e indicios que puedan aportar la policía y la justicia demostrando que el pretendido nuevo ciclo calza las viejas ruedas de la tutela de ETA. Su buena conciencia habrá quedado tranquila tras marchar en San Sebastián junto a miembros de Batasuna y LAB tras esa pancarta engañosamente neutra que reclamaba "libertad" y "todos los derechos para todas las personas". Pero no se alteran demasiado cuando notan la clamorosa ausencia de esos mismos compañeros en las manifestaciones para repudiar que se haya arrebatado a unas personas concretas no sólo la libertad, sino el derecho primordial a la vida.

Suele dolerse el nacionalismo democrático, particularmente el PNV, de las críticas a su sensibilidad asimétrica respecto a las consecuencias de la violencia; de que se ponga en duda su proximidad a las víctimas de una organización que evita causarlas en su seno. Antes de repetirlas debería leer las reflexiones, en el último número de la revista de Gesto por la Paz (Bake hitzak 74), de la abogada peneuvista guipuzcoana Pilar Zubiarrain, que ha sufrido en carne propia el acoso del terror. Cuando, por ejemplo, escribe: "Yo no voy a dar las gracias a ETA por no asesinar a nacionalistas". O cuando, refiriéndose a las víctimas, señala: "Reconozco la poca sensibilidad que han tenido algunos miembros de mi partido, incluso con sus propios afiliados".