Un grupo de juristas critica la investigación contra el juez Garzón
La Comisión Internacional de Juristas emite un manifiesto de apoyo al magistrado, acusado de prevaricación al enjuiciar los crímenes del franquismo
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) ha expresado este lunes su preocupación por la investigación abierta contra el juez Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo español por su intento de enjuiciar los crímenes del franquismo. "La CJI está preocupada por la investigación criminal contra Baltasar Garzón, juez de instrucción de la Audiencia Nacional de España, por su investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos durante y después de la Guerra Civil Española (1936-1939)", señala un comunicado.
Garzón está siendo investigado por el delito de prevaricación en un caso iniciado por la presentación de una querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias, que fue admitida a trámite el 27 de mayo de 2009 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. "Las investigaciones del juez Garzón de los crímenes contra la humanidad no equivalen a negligencia profesional que pudiera justificar acciones disciplinarias, mucho menos una persecución penal", ha dicho Róisín Pillay, consejera jurídica principal para Europa de la CIJ.
Interferencia injustificada
Ha señalado que "los estándares internacionales relativos a la independencia de la judicatura prohíben la responsabilidad penal de los jueces por decisiones controvertidas e incluso injustas o incorrectas, que en todo caso deben ser tratadas a través de los mecanismos disciplinarios establecidos a tal efecto". Y ha agregado que "las investigaciones penales a jueces por actos enmarcados dentro de sus funciones profesionales constituyen una interferencia injustificada e inapropiada con la independencia de los procedimientos judiciales, establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en los principios de Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura".
La CIJ estima, además, que este intento de interferir en el procedimiento judicial "es de particular preocupación, puesto que concierne una investigación por crímenes contra la humanidad, por los que España tiene el deber internacional de investigar y perseguir judicialmente".
Recuerda la CIJ que, bajo el Derecho Internacional, las leyes que tipifican los crímenes contra la humanidad pueden aplicarse retroactivamente y que ninguna ley de amnistía, particularmente la Ley de Amnistía de España de 1977, puede impedir la investigación y persecución judicial. Asimismo, la CIJ subraya que dichos delitos son imprescriptibles.
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