La Ley que debe dar voz a los alcaldes llega al Parlament

Dar voz a los municipios de Cataluña para que puedan representar sus intereses ante el Gobierno y ante el Parlament, participar en la tramitación de leyes que les incumben y defender su autonomía. Ese es el objetivo del Consejo de Gobiernos Locales, un órgano nuevo que, según el Estatuto de 2006, debe completar el autogobierno catalán, pero que aún no existe. Ayer martes, el mismo día en que aprobaba la creación del municipio número 947 de Cataluña -La Canonja, en el Tarragonès-, el Ejecutivo remitía al Parlament el Proyecto de Ley que debe instaurarlo.

Según este texto, el Consejo tendrá presupuesto propio y será autónomo del resto de instituciones. Tratará de aglutinar las voces de las dos entidades municipalistas en las que se agrupan actualmente los entes locales: para lograrlo, los presidentes de la Federación de Municipios de Cataluña y de la Asociación Catalana de Municipios formarán parte de un consejo que, según el Gobierno, "respetará la proporcionalidad de la población y el territorio".

En cuanto a la proporcionalidad de población, el grueso de sus integrantes lo formarán 100 miembros que serán designados por las fuerzas políticas que hayan obtenido más del 5% de los votos en las elecciones municipales, y que podrán nombrar un número de representantes proporcional a los sufragios que consigan. En cuanto a los territorios, del Consejo también formarán parte el alcalde de Barcelona, así como los presidentes de los consejos de las veguerías.

Estas unidades supramunicipales también están previstas en el Estatuto, pero la ley de Gobiernos Locales que las tiene que crear tampoco está lista. Deben sustituir a las actuales diputaciones, y, como modifican la organización en provincias, es necesario que el Estado central apruebe el cambio. El consejero de Gobernación, el republicano Jordi Ausàs, aprovechó ayer la presentación del consejo de gobiernos locales para anunciar que el jueves tratará de desencallar las veguerías con el vicepresidente de Política Territorial del Gobierno central, Manuel Chaves.

Pero la falta de acuerdo con los socios en el Gobierno tripartito es otro escollo en la instauración de las veguerías, "una arquitectura institucional vinculada al catalanismo político", como las calificó Ausàs hace un año. El acuerdo del Gobierno de Entesa prevé crearlas, pero ya a principios de 2008, el entonces consejero Joan Puigcercós descartó hacerlo antes de 2009. A mediados de este año, los partidos del tripartito siguen sin ponerse de acuerdo sobre cuántas veguerías debe haber. Y los socialistas, reticentes a instaurarlas, creen que el contexto de crisis no es óptimo para estos cambios.