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El Supremo ejecuta la sentencia de ilegalización de ANV y disuelve sus grupos municipales

El alto tribunal pide a los consistorios afectados que "cesen en el abono" del dinero que perciben

La Sala el artículo 61 del Tribunal Supremo (TS) -competente en los procesos de ilegalización del PCTV y ANV-, ha acordado este jueves la disolución de los grupos municipales de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en 125 ayuntamientos, así como el grupo de este partido en las Juntas Generales de Álava, en ejecución de la sentencia que ilegalización de este partido político en septiembre de 2008.

El auto acuerda dirigir un mandamiento al presidente de las Juntas Generales de Álava y a los alcaldes de los ayuntamientos afectados "para que, en su caso, cesen en el abono de toda cantidad que vinieran percibiendo dichos grupos". Los concejales de ANV pasarán a tener la consideración de miembros no adscritos en sus respectivas corporaciones municipales.

Respecto del grupo del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) en el Parlamento de Vitoria, la pretensión en el mismo sentido se declara "carente de objeto" en un segundo auto, pues dicho grupo ya no existe desde que quedó disuelto el propio Parlamento Vasco el pasado 9 de enero. Ambas resoluciones han sido notificadas, pero tienen fecha de 16 de julio, que es cuando se reunió la citada Sala del 61 para deliberar sobre esta cuestión, que se encontraba pendiente desde el pasado mes de diciembre.

Respecto a la petición del abogado del Estado para que se retuvieran las subvenciones que recibía esta formación ilegalizada del Parlamento Vasco, el TS determina que debe ser la Cámara de Vitoria la que decida el destino que se da a esas cantidades, sin que en ningún caso pueda financiar al PCTV.

Fue en diciembre cuando la Sala especial dio por iniciado el trámite de ejecución de las sentencias de ilegalización de PCTV y ANV y dio un plazo a los ayuntamientos a las juntas de Álava para que alegaran lo que consideraran oportuno respecto a la petición de disolución formulada por la Fiscalía y por la Abogacía General del Estado.