Honduras: bases para un acuerdo

El pasado 9 de julio dio inicio en Costa Rica, bajo el liderazgo del presidente Oscar Arias, un proceso de mediación para encontrar una solución política a una crisis política antes de que ésta se vaya de las manos, como pareció ocurrir el pasado domingo 5 de julio.

La primera ronda de conversaciones entre las comisiones designadas por el depuesto gobernante, Manuel Zelaya, y su sucesor de facto, Roberto Micheletti, ha concluido el viernes 10 de julio con resultados modestos: la promesa de seguir dialogando, a nivel de las comisiones, pero sin que exista hasta ahora fecha, lugar y agenda. Zelaya y Micheletti estuvieron solo el primer día. Ambos se reunieron bilateralmente con Arias pero no aceptaron hacerlo de manera tripartita. Por su parte, sus respectivas delegaciones mantuvieron a lo largo de los dos días de negociaciones su intransigencia inicial. Del lado de Zelaya, insistiendo que en Honduras hubo un "golpe de estado" y que toda solución debe pasar por la inmediata restitución del mismo al poder. Del lado de Micheletti, reafirmando que no hubo un golpe de estado sino una "sucesión constitucional", que nadie está por encima de la ley y que el retorno de Zelaya no es negociable.

Después de esta primera ronda de reuniones, cada vez parece mas claro que la mediación de Arias, para ser exitosa, depende en gran medida del nivel de presión que la comunidad internacional pueda seguir aplicando sobre el Gobierno de facto, pero sobre todo, la presión que la Administración Obama esté dispuesta a ejercer sobre Micheletti. Mientras el Gobierno de facto y sus principales aliados (políticos, empresarios y Fuerzas Armadas) no vean una acción enérgica y contundente de parte de la Casa Blanca (suspensión de visas, congelación de depósitos, fuertes sanciones económicas, suspensión de toda colaboración con las Fuerzas Armadas), no van a sentarse a negociar seriamente el regreso de Zelaya.

Dada la situación actual de polarización e intransigencia ¿sobre que bases se podría llegar a un acuerdo que permita una solución constitucional, pacifica y duradera a la actual crisis? Dicho acuerdo debería girar en torno a los siguientes cinco puntos:

Primero: El presidente Zelaya debe ser restituido de inmediato. Este es el punto más importante y por ende el más controvertido. Sin embargo, cualquier arreglo que no incluya una restitución inmediata del presidente Zelaya al Gobierno, iría en contra de las resoluciones de la OEA y de la Carta Democrática Interamericana. Constituiría, al mismo tiempo, como claramente lo han expresado Obama, Lula e Insulza, entre muchos otros, un peligroso antecedente para las democracias del hemisferio americano.

Segundo: El presidente Zelaya debe garantizar que su regreso al Gobierno no vendrá acompañado de ningún tipo de revancha. Debe, asimismo, comprometerse a no buscar modificar la Constitución y reiterar ?ya lo ha hecho de manera pública varias veces durante los últimos días? que no buscará la reelección.

Tercero: Es imprescindible reducir con urgencia la grave polarización de la sociedad hondureña, iniciando de inmediato un proceso de diálogo y reconciliación nacional asistido, si fuere necesario, por la comunidad internacional. Para ello, sería conveniente que el Congreso aprobara una amnistía general (para todas las partes) y que el presidente Zelaya decrete un indulto.

Cuarto: La solución debe garantizar un nivel aceptable de gobernabilidad durante el periodo que aún resta para que Zelaya concluya su mandato. Por ello, y dado que aún faltan cuatro meses y medio para la celebración de las elecciones generales (previstas para el 29 de noviembre de 2009) y casi siete para la entrega del poder al nuevo presidente electo (fijado para el 27 de enero de 2010), las partes podrían negociar (sujeto a la aprobación de los candidatos de las elecciones de noviembre, del Tribunal Superior Electoral y del Congreso) un posible adelanto de las elecciones y de la transferencia del Gobierno. Si ello no fuera posible, entonces habría que mantener la fecha de las elecciones y la transferencia del Gobierno en las ahora vigentes.

Quinto: Debe establecerse un mecanismo, con apoyo internacional, que garantice el seguimiento y cumplimiento de estos acuerdos. Por su parte, el proceso electoral de noviembre debe ser objeto de un proceso de acompañamiento y observación internacional (a cargo de la OEA, ONU y Unión Europea, entre otros), de modo de garantizar su absoluta pureza y credibilidad, con el objetivo de que quien resulte electo goce de un altísimo grado de legitimidad.

Daniel Zovatto es director regional para América Latina de International IDEA