El Supremo ordena al CGPJ tramitar otra queja contra Garzón por sus cobros en EE UU

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha ordenado al Consejo General del Poder Judicial investigar las percepciones económicas del juez Baltasar Garzón durante su estancia en Nueva York, algo que ya estaba haciendo el Consejo a instancias de la Sala Penal del mismo tribunal desde el pasado marzo.

En febrero del año pasado, el abogado Arturo Panea presentó una denuncia en el Consejo del Poder Judicial contra Garzón basada en el contenido de un libro titulado "Garzón, juez y parte". El abogado no tenía ningún conocimiento directo de los hechos, sino sólo las referencias de ellos y al no presentar ninguna prueba de la que se pueda derivar responsabilidad el juez, el Consejo procedió a su archivo en abril de 2008.

Panea recurrió a la Sala de lo Contencioso en noviembre del año pasado y ahora, la Sala ha estimado su recurso y señala que el Consejo, en vez de archivar la denuncia sin más, debió realizar "una actividad razonable", incluyendo en ella "un simple juicio de valor, debidamente motivado que rechace los hechos denunciados".

El Supremo indica que "no prejuzga la veracidad y trascendencia" de los hechos pero admite que "tienen una gravedad evidente, que exigía del Consejo General su comprobación, sin que pueda servir como excusa que el denunciante los haya conocido del contenido de un libro". Según la sentencia, aunque la información haya aparecido en prensa o en cualquier otro medio, "cualquier persona que tenga conocimiento de una supuesta infracción puede ponerla en conocimiento de quien tiene atribuida la potestad disciplinaria".

"Dicha gravedad inicial queda acreditada por el hecho de que la Sala Segunda de este Tribunal haya deducido testimonio de los mismo hechos", señala la Sala de lo Contencioso. La resolución de la Sala Segunda o de lo Penal concluyó que no había indicios de delito en la actuación de Garzón, aunque el magistrado Luciano Varela remitió las investigaciones al Poder Judicial por si fueran constitutivas de una falta disciplinaria "muy grave".

Esa investigación descarta muchas de las afirmaciones contenidas en el libro contra Garzón, entre ellas la de que se habría embolsado 1,7 millones de dólares procedentes del banco Santander por sus conferencias, después de haber archivado una querella contra el presidente de esa entidad financiera, Emilio Botín.

Sin embargo, el juez Varela remitió las actuaciones al Consejo por si la falta de notificación de Garzón de los ingresos percibidos en Nueva York además de su sueldo constituyó una falta disciplinaria. Ahora, la Sala Tercera ha ordenando que se retrotraigan las actuaciones al momento del archivo y se resuelva sobre el fondo del asunto. Eso es lo que ya está investigando el Consejo, que ha abierto unas diligencias informativas para aclarar la denuncia contra el juez de la Audiencia Nacional.