El fiscal pide dos años de prisión para Fabra por falsificación de documentos

La Fiscalía Anticorrupción solicita para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, una pena de dos años de prisión y una multa de 6.000 euros como autor de un supuesto delito continuado de falsedad en documento oficial. La Fiscalía responde así al auto de incoación de procedimiento abreviado que el pasado 11 de mayo emitió la responsable del juzgado número 2 de Nules (Castellón) al considerar que había indicios racionales de "un delito de falsedad documental" cometido por Fabra y otros ocho implicados en una trama para conseguir, mediante falsificaciones, la autorización para comercializar plaguicidas ilegales.

El fiscal considera que Fabra, en fecha no concretada, acordó con sus socios presentar documentación manipulada "si era preciso", con el objeto de conseguir "el mayor número posible de autorizaciones" del Gobierno para la producción de productos fitosanitarios por parte de dos empresas en las que participaba su mujer. Esta manipulación significaba "la simulación de informes técnicos y la imitación de documentos supuestamente emitidos por laboratorios de India y China", y para simular esos papeles se fabricaron "sellos y cuños" que "fueron proporcionados" por Fabra, que está imputado junto al empresario Vicente Vilar y las ex esposas de ambos, Amparo Fernández y Montserrat Vives.

La sociedad beneficiaria de estas autorizaciones con supuesta documentación falsa era Artemis 2000, de la que eran socias las ahora ex esposas de Fabra y Vilar. El sistema consistía en cambiar, sobre papel, la composición de las materias primas y firmar los análisis con rúbricas y sellos de firmas chinas e indias falsificados. Shengua Group Company, de Zheijang (China), o la india Sharda Internacional fueron algunas de las firmas utilizadas. También presentaron la acreditación falsa de un laboratorio, el Fredrik Institute, que avalaba los compuestos ante el Ministerio de Agricultura.

Los productos, aprobados con documentación falsa, fueron comercializados durante más de dos años. En 2005, el Ministerio de Agricultura inició una investigación que halló indicios de la manipulación. En 2006, el Gobierno suspendió su comercialización.

Más cerca del banquillo

La juez, que ha incoado procedimiento abreviado, decidirá en los próximos días si abre el juicio oral, lo que sitúa a Fabra más cerca del banquillo de lo que él mismo esperaba. Ésta es la primera de las causas abiertas contra Carlos Fabra en los juzgados de Nules que concluye el proceso de diligencias previas de investigación. El resto del caso Fabra se investiga en el juzgado número 1 de Nules.