De la Vega: "Los jueces conocen mejor que nadie sus derechos y obligaciones"
La vicepresidenta primera del Gobierno elude pronunciarse sobre el derecho a huelga de los magistrados
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha preferido no "entrar" en el "debate doctrinal" sobre el derecho a la huelga de los jueces, aunque ha dicho que los miembros de la carrera judicial saben "mejor que nadie cómo funcionan sus derechos y cuales son sus obligaciones". Así lo ha asegurado Fernández de la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha reiterado la disposición del Ejecutivo al diálogo con las asociaciones judiciales, que han convocado un acto de protesta el próximo 18 de febrero y amenazan con una huelga en junio.
De la Vega ha recordado que, al igual que el Gobierno actúa en el ámbito de sus competencias para fortalecer la confianza de los ciudadanos en la Justicia, los jueces trabajan en el ámbito de sus responsabilidades, forman parte de un poder del Estado y conocen sus derechos y sus obligacioes. "Todos los canales de diálogo están abiertos" para negociar con los jueces, ha subrayado la vicepresidenta.
En este sentido, ha recordado que el ministro Mariano Fernández Bermejo ya ha convocado a una reunión a las asociaciones judiciales el próximo 26 de enero y que se están tramitando ya en el Congreso algunas reformas para agilizar el funcionamiento de la Justicia. Además se ha mostrado "segura" de que el Parlamento también estará "encantado" de escuchar las explicaciones de los jueces, en alusión a la comparecencia de las asociaciones judiciales solicitada por el PSOE.
Sobre las reivindicaciones de las asociaciones judiciales, De la Vega ha destacado el esfuerzo inversor en Justicia realizado por el Ejecutivo en los últimos cuatro años, en los que ha aumentado el número de jueces y fiscales, se ha multiplicado la planta judicial y las retribuciones de los jueces también han subido por encima del IPC, un 5%.
Por último, la vicepresidenta ha indicado que no incumbe al Gobierno valorar el trabajo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que ha señalado que tiene un mandato de cinco años por delante, y que el Ejecutivo va a colaborar para que acierte en su importante cometido.
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