Guerra de sentencias en la M-30
El Ayuntamiento recurrirá el fallo que anula la reforma y los ecologistas admiten que no tendrá repercusión real .- El consistorio da a conocer otra sentencia que le da la razón respecto a un concurso de la vía
El Ayuntamiento de Madrid recurrirá la sentencia dictada de 16 de octubre por el Juzgado número 22 de Madrid y conocida ayer, que anula una resolución sobre las obras de la M-30 en la zona del Manzanares y da la razón a Ecologistas en Acción. Esta organización ambiental ha celebrado lo que considera una victoria, aunque ha admitido que el fallo no tendrá repercusión real. Pero esta batalla judicial que el Ayuntamiento mantiene desde hace años con oposición y ecologistas ha dado hoy una nueva vuelta de tuerca con otra sentencia, en este caso del Juzgado Contencioso Administrativo número 18, que da razón al consistorio. Se refiere a una denuncia que partía de los socialistas y la ha hecho pública hoy el consistorio y eso que está fechada el 13 de octubre, dos días antes. Sin embargo, el alcance de este fallo es mucho menor, ya que se refiere a el concurso para la explotación de la reforma de la M-30, pero no a la obra misma.
En una entrevista en el programa El Círculo a Primera Hora de Telemadrid, la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, ha manifestado que el consistorio recurrirá la sentencia "en su momento" y ha elogiado la obra de la M-30 por la que asegura será recordado el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. En todo caso, el equipo de Gobierno municipal qno está en absoluto preocupado por la sentencia de un Juzgado de Madrid que da la razón a Ecologistas en Acción en contra de los proyectos de los túneles de la M-30 porque considera "finiquitado" el asunto en los tribunales.
Así lo ha dicho la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, en declaraciones a un grupo de periodistas tras la firma de un acuerdo para la erradicación del chabolismo. Según Martínez, el recurso que el Ayuntamiento presentará contra la sentencia hecha pública ayer por la ausencia de declaración de impacto ambiental en los proyectos de soterramiento llevará el asunto de nuevo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ya ha dado la razón al consistorio en este tema en dos ocasiones.
"Ilegales desde el principio"
Por su parte, Ecologistas en Acción ha dicho que las obras de ampliación de la M-30 son "ilegales desde el principio", pero la sentencia "no tendrá repercusiones reales", ya que si se volvieran a demoler, se abriría un nuevo período de "auténtica tortura" para los vecinos. Los portavoces de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas (PSM) y Angel Pérez (IU), han coincidido en denunciar que la tardanza con que se pronuncian los tribunales sobre asuntos de interés público, como la declaración de impacto ambiental para la construcción de los túneles de la M-30, impide que se puedan ejecutar las medidas correctoras. "Que se diga años más tarde, la única reflexión que me provoca es que debería haber un tribunal que vigilara a los tribunales", ha argumentado Pérez.
En ese mismo sentido se ha pronunciado Lucas, para quien las sentencias "llegan muy tarde, cuando ya no se pueden ejecutar las medidas que hubieran impedido los desmanes". Pero por si el enredo judicial fuera sencillo, el Ayuntamiento ha dado a conocer esta mañana una nueva sentencia al respecto, con la salvedad de que esta vez les da la razón. La ha dictado el Juzgado Contencioso Administrativo número 18 de la capital y la denuncia no partía de los ecologistas sino de la oposición.
Este nuevo fallo favorable al Ayuntamiento, de fecha 13 de octubre pasado, desestima un recurso interpuesto por el ex concejal socialista Félix Arias contra la resolución municipal de 28 de julio de 2005 por la que se adjudica el concurso para la gestión del servicio público de reforma, conservación y explotación de la M-30 mediante sociedad mixta. El Juzgado confirma la resolución del Ayuntamiento "al entender que se ajusta a derecho", después de rechazar una a una todas las pegas planteadas por el edil del PSOE, entre ellas la falta de competencia del Pleno para llevar a cabo el acuerdo impugnado y la vulneración de las leyes de estabilidad presupuestaria y de haciendas locales.
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