Los militares de Mauritania aflojan en su lucha contra la emigración hacia Canarias

El Gobierno español ha sido el más blando, entre los socios occidentales de Mauritania, con los militares que se adueñaron del poder en Nuakchot en agosto. Confiaba en que seguiría luchando con la misma eficacia contra la emigración irregular que zarpa de sus costas rumbo a Canarias.

Dos meses después del golpe de Estado del general Mohamed Ould Abdel Aziz, que puso fin a una singular experiencia democrática en el mundo musulmán, Mauritania ha relajado sus esfuerzos. Prueba de ello es que septiembre fue para el archipiélago el peor mes de 2008. A sus costas llegaron 1.727 subsaharianos. En total, 7.119 inmigrantes irregulares desembarcaron en Canarias en los nueve primeros meses del año.

"Cuando hay situaciones internas complejas la colaboración no es toda la que desearíamos", se quejó públicamente hace una semana la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí poniendo de manifiesto el malestar de las autoridades españolas.

Mientras que las costas de Senegal están controladas, las de Mauritania "se están convirtiendo en un punto de salida de cayucos", añadió. En su secretaría se tiene la cuasi certeza de que el gran supercayuco, que transportó a Canarias en septiembre a 299 inmigrantes, fue recogiendo a subsaharianos a lo largo de la costa mauritana. El buen estado de los pasajeros hace sospechar que su travesía fue corta.

La "relajación mauritana es involuntaria", aseguran fuentes diplomáticas españolas. Es achacable a dos factores. La relativa confusión que impera en el país tras el golpe y la reciente llegada al área de Nuadibú de miles de subsaharianos confiados en que el desorden reinante les permitirá emigrar rápidamente.

"Los mauritanos no nos pagan con la misma moneda". La frase ha estado frecuentemente estas semanas en boca de aquellos funcionarios españoles que se relacionan con las nuevas autoridades de Nuakchot. Saben que la diplomacia española no ha ahorrado esfuerzos para evitar ponerlas en la picota en diversos foros.

EE UU, el primero, y después Francia, la Unión Africana, la Comisión Europea y el Banco Mundial han sancionado o, por lo menos, han amenazado con castigos a la junta militar si no reinstaura la democracia. España no la ha sancionado y ni siquiera le ha advertido de que podía recortar o suspender parte de su cooperación.

Tras el golpe del 6 de agosto, el Ministerio de Exteriores emitió un comunicado en el que lo condenó y expresó su deseo de "un restablecimiento democrático", pero el ministro Miguel Ángel Moratinos reiteró de nuevo, hace una semana en el Senado, que no habrá sanciones. Su declaración fue destacada por todos los medios de comunicación oficiales mauritanos.

La cercanía geográfica -300 kilómetros separan en línea recta a Mauritania de Canarias-, la pesca y el problema migratorio han convertido estos años a España en un socio importante del menos poblado de los países magrebíes. Es ahora el segundo importador, después de Francia, de productos mauritanos y es también el segundo mayor donante de ayuda no militar (11 millones previstos en 2008).

Deseosa de no enajenarse a los militares, la diplomacia española diluyó incluso en agosto la firmeza del primer comunicado de la presidencia francesa de la UE sobre Mauritania, recuerda un diplomático asociado a la negociación del texto.

París quiso recalcar, en los mismos términos que la Unión Africana, que la reinstauración democrática implicaba la vuelta a la jefatura del Estado mauritano del depuesto presidente, Sidi Ould Cheikh Abdallahi. España se opuso a esa exigencia pese a que una semana antes el presidente había sido recibido en Madrid con todos los honores. Elegido democráticamente en 2007 Abdallahi lleva dos meses encarcelado.

A finales de agosto, la junta militar nombró a un nuevo Gobierno. Washington y París se apresuraron en publicar sendos comunicados tachándolo de ilegítimo, pero Madrid guardó silencio.

Exteriores y Trabajo creen que está línea apaciguadora está dando frutos. Prueba de ellos es que el domingo se produjo en Nuadibú una gran redada y 97 subsaharianos fueron expulsados del país hacia un lugar no especificado. La junta ha mostrado además su disposición a reanudar con las readmisiones de emigrantes que zarparon de sus costas incluso sin no son mauritanos.