La FERE pide "concreción" en la alternativa a Ciudadanía

La Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE), la principal patronal de la escuela católica concertada, ha trasladado al PP su inquietud por las instrucciones que el Gobierno de Esperanza Aguirre ha transmitido a los centros sobre la alternativa a la asignatura Educación para la Ciudadanía. En una circular, el Ejecutivo regional indica que los objetores a la asignatura deben hacer un trabajo y las acciones de voluntario que el propio centro determine. La FERE se queja de falta de concreción y también pregunta quién va a correr con los gatos que genere la alternativa.

La FERE ha enviado una carta a todos sus centros en la que exige a la Comunidad de Madrid que regule de forma explícita la alternativa que se ofrecerá a los objetores y explique cómo y quién va a financiar esa atención educativa suplementaria. Esos suplementos educativos supondrán que los alumnos realicen trabajos individuales sobre la Constitución -cuya extensión o modo de evaluar no precisa- y tareas de voluntariado a libre elección del centro. La patronal de los centros católicos Concertados está preocupada por el desconcierto que la instrucción Comunidad de Madrid está sembrando en los colegios, cuyos directores no saben con qué material, aulas y profesores van a contar para atender esa demanda.

Ante esta situación, la consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, ha dicho que la Comunidad de Madrid "desea" y confía en que antes de final de año el Tribunal Supremo dicte sentencia respecto a la asignatura de Educación para la Ciudadanía "porque eso va a clarificar todo el panorama". Figar ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, tras acompañar hoy a la presidenta Aguirre al acto oficial de inauguración del curso escolar.

El Gobierno, a la espera de sentencia

La consejera ha asegurado que el Gobierno regional lamenta que no se haya promovido un pacto entre los grupos parlamentarios, la comunidad educativa y las autonomías para que la asignatura se "limitara al estudio de los valores constitucionales, de la democracia, los derechos humanos y de la Declaración de Derechos de la ONU". Tras asegurar que la Comunidad de Madrid "acatará naturalmente" la sentencia del Supremo sobre esta asignatura, ha recordado que esta materia se imparte "en otros muchos países de Europa" pero "en ninguno ha sido tumbada por mas de 30 sentencias de los tribunales de Justicia" como dice que ha sucedido en España.

Según Figar, los tribunales han coincidido en que el contenido de Ciudadanía en España "entra en cuestiones morales que pertenecen al ámbito familiar" y no al escolar y que esta afirmación la avalan "más de 30 sentencias" que aseguran que la asignatura "viola la libertad ideológica y los derechos constitucionales de los padres" lo que, ha dicho, "la diferencia de la que se imparte en muchos países europeos". En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, donde este curso comienza a impartirse Educación para la Ciudadanía por imperativo legal, Figar ha dicho que existen centros donde hay "dos objetores" a recibir la asignatura y otros donde "se ha objetado en bloque" pero que ninguno de ellos han planteado problemas, por el momento, a la hora de impartir actividades alternativas de voluntariado.

Hasta el momento, la Comunidad de Madrid no ha precisado los nombres de los colegios pero sí el número de niños objetores: menos del 1%. Cerca de 62.000 escolares madrileños de 2º y otros 53.000 de 4º de ESO empiezan las clases el próximo miércoles. De ellos, han objetado 890 estudiantes de 86 centros. No obstante, ha indicado que la Consejería de Educación ha explicado y explicará a los directores cualquier duda que se presente en relación con este asunto, aunque ha insistido en que muchos de ellos "controlan desde antes del verano el numero de objetores que tienen" e incluso ya han pensado en los trabajos sustitutivos que les encargarán. Estos trabajos, ha dicho Figar, se referirán a "cuestiones del temario" de la asignatura que no han dado lugar a controversia, entre las que ha citado la Constitución española o los derechos humanos.