La Generalitat catalana gestionará Inspección de Trabajo en un año

Sobre la mesa, con el debate sobre la financiación al fondo, estaban el traspaso a Cataluña de Cercanías, la gestión de las becas y la Inspección de Trabajo, tres transferencias pendientes desde hacer más de un año. El acuerdo sólo ha sido posible en el último punto. Así, la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, reunida esta mañana. ha aprobado el traspaso de la Inspección de Trabajo, que será efectivo en junio de 2009, y además, ha otorgado a la Generalitat la capacidad de conceder "permisos iniciales" de trabajo a extranjeros, además de abrir cuatro nuevas ponencias.

La reunión, que ha durado más de dos horas y ha sido celebrada en el Palau de la Generalitat, ha estado presidida por el consejero de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, por realizarse en Cataluña, y también ha participado la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado. No ha habido acuerdo sobre el traspaso de la gestión de Cercanías de Renfe, aunque sí que se han producido "avances" en esta materia y la parte estatal ha presentado una propuesta que a la Generalitat le ha parecido aún "insuficiente", si bien se espera que después del verano se resuelvan las discrepancias, lo que permitiría traspasar el servicio el 1 de enero de 2009.

Saura, que ha valorado la reunión, ha destacado que ha servido para aprobar en un ambiente de "cordialidad pero de trabajo" dos traspasos "extraordinariamente importantes pero también complejos", y ha admitido que aunque el encuentro "se presentaba incierto" al final "ha sido productivo". La ministra ha subrayado, por su parte, el espíritu de cooperación, lo cual, ha dicho, permite reducir la conflictividad. Sobre la lentitud con la que se aprueban los traspasos y la supuesta resistencia del Gobierno para acordarlos, Elena Salgado ha señalado: "no por mucho escuchar voy a creer que es así" porque "nuestra voluntad es avanzar en la aplicación del Estatut".

En relación con el traspaso de la Inspección de Trabajo, el calendario pactado prevé que el 30 de octubre se firmarán "los convenios de colaboración y cooperación", el 15 de marzo se determinarán los medios humanos y económicos, el 30 de abril el acuerdo será ratificado por la Comisión de Transferencias y el 1 de junio entrará en vigor el traspaso. Según la ministra Salgado, habrá un convenio de colaboración que permitirá a los inspectores traspasados "iniciar los procesos sancionadores en cuestiones laborales" aunque ha advertido que no los podrán resolver porque esta función corresponde al Estado.

Respecto a la concesión de "permisos iniciales" de trabajo para extranjeros, la ministra ha recalcado que seguirá correspondiendo al Estado la concesión de los de residencia, pero en cambio, la Generalitat gestionará los de trabajo. En la reunión de hoy, la quinta que se celebra de la Comisión Bilateral desde la aprobación del Estatut, se han formado cuatro ponencias para estudiar nuevos traspasos, la primera de ellas sobre "formación y titulaciones pesqueras y despacho, registro y seguridad de embarcaciones". Las otras tres son sobre "titularidad de las bibliotecas provinciales dependientes del Estado radicadas en Cataluña", "gestión del registro de múltiplex y resolución de conflictos entre operadores de radiodifusión" y "seguro escolar".

Según la ministra Salgado, el Gobierno tratará de llegar a un acuerdo para evitar recursos de inconstitucionalidad de la Generalitat en los casos concretos de la ley de desarrollo rural sostenible y la gestión de las becas para estudiantes. Respecto a Cercanías, ambas partes han asegurado que no se ha hablado de cifras concretas pero sí de la necesidad de que se garantice un plan de inversiones estatal para que el servicio sea transferido en las mejores condiciones. Salgado ha anunciado la firma de dos convenios de colaboración con la Generalitat en materia de seguridad nuclear y meteorología. Por otra parte, el Gobierno catalán ha presentado un plan de inversiones en infraestructuras hasta 2013 para acordar con el Estado el destino de los 35.000 millones de euros en siete años que prevé la disposición adicional tercera del nuevo Estatuto.