Las peticiones de protección a víctimas en Euskadi suben un 50%

Las órdenes de protección solicitadas por mujeres víctimas de la violencia machista han aumentado en un 50% en los tres últimos años. En concreto, la cifra ha pasado de 1.322 en el 2005 a 1.954 en el 2007. Los datos se desprenden del balance de la actuación de los juzgados específicos sobre violencia de género de Vitoria, Bilbao y San Sebastián, avanzados esta mañana por el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga.

Según los datos aportados, los asuntos penales por violencia de género se han incrementado en un 10% entre 2005 y 2007, pasando de 3.761 a 4.127. En cuanto a las órdenes de protección solicitadas, han crecido un 50%. Cada día, se presentan en Euskadi 11 denuncias por este tipo de delitos y se piden una media de 5,5 órdenes de protección. Por provincias, donde más se registraron fue en Vizcaya, con 1.081, seguida de Guipúzcoa, con 537 y en Alava, 336. En total, el 67% de los denunciados son condenados y el 33%, absueltos. El Juzgado especializado en este tipo de violencia de Barakaldo, en Vizcaya, en marcha desde el lunes, ya ha registrado cinco asuntos penales en sus primeros días de funcionamiento.

Azkarraga ha anunciado que este año se pondrá en marcha un Centro de Coordinación Único de las Órdenes de Protección, que se ocupará del desarrollo de funciones administrativas y de coordinación entre los órganos judiciales y del resto de servicios competentes para la adopción de medidas de protección. Este centro supondrá un desembolso de 185.000 euros para material y 134.000 euros anuales para personal. Estará ubicado en el Palacio de Justicia de Bilbao y comenzará a funcionar en otoño.

Otro estudio paralelo de Justicia, asegura que las víctimas resaltan la importancia de imponer medidas de seguridad contra el agresor y de que se les ayudes a buscar trabajo y a acceder a una vivienda, así como que valoran la rapidez de respuesta, la protección y el asesoramiento psicológico. Además, otro de los estudios, en el que han participado las instituciones judiciales, policiales y señala que la orden de protección es "válida" cuando existe una situación de riesgo objetivo, pero "no como medida defensiva porque conlleva la restricción de derechos fundamentales". Los encuestados convergen en que se debe reformar la legislación penal para evitar que la medida de alejamiento de los agresores vaya obligatoriamente unida a cualquier decisión judicial, de modo que sea el juez quien la decrete.