Aguirre dice que si no sube los precios de las VPO "los constructores se van de Madrid"

La presidenta Esperanza Aguirre ha justificado la reciente adaptación de los precios de la vivienda protegida en Madrid a los límites máximos marcados por el Ministerio pretende evitar que los "constructores se vayan (a construir vivienda protegida) a otras comunidades limítrofes con un límite mayor". Ayer, la Consejería de Vivienda corrigió dicha subida, una "rectificación chapucera" en opinión de los socialistas madrileños, que descartan eso sí recurrir la orden en los tribunales. Aunque no llevarán el caso a la Justicia, seguirán exigiendo su retirada con una campaña política por toda la región.

Así lo ha anunciado hoy la portavoz del grupo socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, que ha explicado que, aunque la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM) rebaja de 80.000 a 50.000 el número de familias afectadas por subidas de precios de entre un 25% y un 32% en la vivienda que ya han adquirido, el "problema subsiste". "La rectificación de ayer no implica que se vayan a dejar de aplicar esos incrementos. Exigimos la derogación de la orden y vamos a realizar una campaña contra este brutal incremento de precios en los ámbitos locales y con colectivos sociales y de jóvenes", ha afirmado la portavoz socialista.

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE), Tomás Gómez, ha dicho que la Comunidad "sólo ha dado un paso atrás que significa que las promociones que ya estaban en marcha antes de la entrada en vigor de la orden (1 de abril) no se verán afectadas". "Entendemos que con esta orden se siguen lesionando los intereses de los ciudadanos madrileños, con incrementos de entre el 25 y el 32% en vivienda protegida en venta y entre un 52 y 92% en la de alquiler. Vamos a seguir exigiendo su derogación para dar lugar a una nueva fruto del consenso", indica Gómez en un comunicado.

70.000 empleos "en peligro"

Los socialistas quieren también que la Comunidad "paralice" la solicitud que ha hecho al Ministerio de Vivienda para modificar los "ámbitos territoriales de precio máximo superior", por la cuál las actuales cuatro zonas en que se divide la región en materia de precios de vivienda protegida se reducirían a tres. Aguirre ha señalado por su parte, en el pleno de la Asamblea, que puede haber 70.000 empleos "en peligro" por la "crisis en la construcción", y que quiere que los constructores "no dejen de construir aquí y no se vayan a Guadalajara, a todo el Corredor del Henares y la zona de Toledo". Tras subrayar que es el "Decreto de la ministra de la Vivienda, hoy ministra de Defensa", el que marca el precio máximo que se puede aplicar a la vivienda protegida, ha recordado que Madrid no lo hace desde 2004.

Ha señalado que su Gobierno adoptó esta decisión después de comprobar que en el primer trimestre del año sólo se habían iniciado en Madrid 2.100 viviendas protegidas, frente a las 101.000 de los últimos cuatro años, "porque los constructores, al tener el límite mayor en las comunidades limítrofes, se iban a construir en otra parte". Tras asegurar que ella está "muy dispuesta a pactar con los sindicatos y alcaldes lo que quieran", ha apuntado que "son los promotores los que tienen que decidir esto". También se ha referido a la resolución que exime de la subida de precios a las promociones iniciadas en suelo público antes del 1 de abril y ha advertido a los promotores de que, si no la cumplen, les aplicará el "máximo castigo".

"Si algún promotor pretende aplicar los límites máximos nuevos a promociones iniciadas anteriormente sobre suelo público de la Comunidad o de los ayuntamientos, no le permitiremos que vuelva a entrar en nuestras promociones, lo descalificaremos y además enviaremos los inspectores. Esto no lo vamos a consentir, les vamos a aplicar las máximas sanciones, porque esto es para las nuevas promociones", ha aseverado.