El 'caso Guateque' tendrá una nueva remesa de imputados

El mayor caso de corrupción destapado en el Ayuntamiento de Madrid tendrá a la vuelta de Semana Santa una nueva remesa de imputados y testigos que desfilarán ante el juez Santiago Torres por su presunta implicación en la red ilegal de tráfico de licencias para locales, según han informado uentes próximas a la investigación. Las comparecencias se producirán a propósito de las declaraciones realizadas por varios imputados ya en la causa que han citado a otras personas hasta entonces al margen de la investigación.

Para no dejar flecos sueltos, el magistrado les llamará a declarar para aclarar las nuevas acusaciones. Pese al carpetazo de la comisión municipal de investigación, el instructor de las diligencias judiciales sigue adelante con la causa, en la que se investiga a medio centenar de personas, entre funcionarios, empresarios que actuaban de intermediarios entre los clientes y los empleados municipales, y los dueños de los establecimientos que obran en la causa como sospechosos. Aunque haya fracasado la investigación política para dilucidar las numerosas irregularidades detectadas y depurar responsabilidades políticas, Torres delimitará en los próximos meses la responsabilidad penal de aquellas personas que se hayan beneficiado de algún modo de la trama corrupta que llevaba años campando a sus anchas por la Gerencia de Urbanismo, la Concejalía de Medio Ambiente y 17 de las 21 Juntas de Distrito que integran la capital.

Mientras que la Guardia Civil continúa analizando el contenido de la abundante documentación requisada en estos últimos meses, el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid está a la espera de conocer el contenido de la auditoría que encargó realizar a la empresa Tragsa sobre la tramitación de los casi 200 expedientes de licencias que están bajo la lupa de la investigación. Los resultados de este informe pericial serán decisivos para que Torres resuelva a favor o en contra el recurso interpuesto por los socialistas madrileños contra la denegación de imputar a catorce cargos del Consistorio por su supuesta vinculación a la trama ilegal, en contra del criterio del fiscal César Estirado.

En primer término, el juez rechazó la petición del PSOE por "irrelevante" e "improcedente", si bien no descartó la posibilidad de imputar a alguno de los tres concejales, siete gerentes de Juntas municipales y cuatro funcionarios apuntados por los socialistas, supeditándolo a las conclusiones de la auditoría. Pese a ello, el juez se muestra en estos momentos contrario a implicarles de manera directa en el procedimiento, puesto que, según un auto que dictó al respecto, "lo cierto es que no existen aún indicios mínimamente serios que permitan dirigir una imputación contra las personas interesadas".

"La actuación de responsables administrativos y políticos procurando la agilización de expedientes de su competencia sin ninguna otra consideración no tiene relevancia penal, antes bien, parece que es el cumplimiento de un deber de exigencia y diligencia a sus subordinados", reza el auto. El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, David Lucas, solicitó al magistrado, a través de los abogados que defienden al PSOE, la declaración de los concejales y los cargos de Medio Ambiente por las declaraciones realizadas el pasado 4 de febrero por Victoriano Ceballos, presunto cabecilla de la red corrupta, durante el careo que mantuvo con su superior directo, Joaquín Fernández de Castro.

Ceballos aseguró al juez que los expedientes de licencia que tramitaba el Ayuntamiento de Madrid "sólo se adelantaban por orden de lo superiores", en alusión al "director, al gerente, al concejal...". Tras esta afirmación, Ceballos se remitió a los notas de los expedientes en las que se indicaba que se adelantará la tramitación, asegurando que en esas notas "se ponía el nombre de la persona física que se había interesado por el expediente concreto".