Carpetazo municipal al 'caso Guateque'

No había hecho más que empezar y se acabó. La comisión de investigación del caso Guateque, el mayor caso de corrupción en la concesión de licencias que se recuerda en la historia del Ayuntamiento madrileño, quedó cancelada ayer. La razón: un profundo desacuerdo entre los grupos políticos en quiénes serían los posibles comparecientes.

La comisión ha durado dos días: uno para constituirse y otro para disolverse

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Digamos que la fugaz comisión se reunió para constituirse el pasado 25 de enero, y su segunda y última reunión, el 28 de este mes, será para disolverse. Desde que se iniciara este proceso de investigación interna en el Consistorio, con el fin de depurar responsabilidades políticas, el caballo de batalla entre los grupos políticos ha sido siempre el mismo: quién tendrá que declarar en la citada comisión.

El PP, el principal afectado por las posibles responsabilidades políticas derivadas del caso por llevar 20 años en el gobierno, intentó desde el principio evitar un paseillo de concejales y cargos públicos y se limitó a aceptar que declarasen los 30 funcionarios imputados, los mismos que están siendo juzgados por el juez Torres que instruye el caso desde el juzgado de instrucción numero 32. El PSOE e IU, por su parte, eran partidarios de que, aparte de que se depurasen las responsabilidades penales de los imputados, se hiciera lo mismo con las políticas, "ya que el hecho de que en ninguno de los casos se aplicase la ordenanza municipal de tramitación de licencias es un asunto que compete directamente al Ayuntamiento", explicaba ayer el portavoz de IU, Ángel Pérez.

Ayer, lo que hubo, como ya lo hubo también antes de que se interrumpiesen los trabajos de esta comisión de investigación con motivo de las pasadas elecciones del 9-M, fue una junta de portavoces, es decir, una reunión de los miembros que representan a cada uno de los grupos (PP, PSOE e IU) en la comisión de investigación. Duró media hora y sólo se pusieron de acuerdo en que no estaban de acuerdo.

Ante esa situación de incapacidad de acuerdo, el presidente de la comisión, el concejal Miguel Ángel Villanueva (PP), propuso que la siguiente reunión de la comisión se produjera el próximo día 28 y cada agrupo acudiera ya con un dictamen. Es decir, con su análisis del caso, sus conclusiones y sus propuestas tras leer los 225 expedientes sobre el asunto.

"Lo que han hecho es boicotear la comisión porque no quieren de ninguna manera que declare ninguna de las personas que nosotros proponíamos, entre las que por su puesto estaban las concejales responsables de las áreas afectadas (Urbanismo y Medio Ambiente), algunos concejales de las juntas municipales implicadas en el caso y ciudadanos y asociaciones de gremios afectados por la concesión de las licencias", explicaba el portavoz socialista, David Lucas. Él, como Pérez, insistía ayer en que "no ha habido acuerdo con respecto a cancelar la comisión, sino que ha sido la única alternativa que han dado los populares tras aplicar su mayoría -Los populares tienen cuatro miembros en la comisión, el PSOE cuenta con dos e IU con uno- y negarse a aceptar otra comparecencia que no fuera la de los imputados", explicaba.

En opinión de Miguel Ángel Villanueva, "lo único que pretendía el PSOE solicitando esas comparecencias es erosionar al gobierno, porque además los socialistas han optado por judicializar la comisión al pedir al juez que el Ayuntamiento no sea parte en el proceso y al pedir que comparezcan 14 cargos públicos, ambas cosas denegadas por el juez".

De este modo, esta será así una de las comisiones de investigación más rápidas de la historia: habrá durado dos días, uno para constituirse y otro para disolverse.

Es previsible que el próximo 28 el dictamen más votado (por una simple cuestión de mayorías) sea el que aporten los populares. Será el que se someta también, después, a la votación del pleno del Ayuntamiento del día 31, donde previsiblemente ocurrirá lo mismo por la misma razón. Y ya está, se acabó el Guateque. ¿Pero qué pasa con la tramitación de licencias?