Unas 1.700 mujeres dejaron de abortar durante la semana de huelga de clínicas
Las clínicas abortistas revelan que Madrid es la única comunidad que les exige datos privados
Los centros adscritos a la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) dejaron de atender a entre 1.500 y 2.000 mujeres durante la semana de huelga que llevaron a cabo la semana pasada en protesta por el acoso sufrido por clínicas y pacientes desde algunas instituciones.
Así lo puso hoy de manifiesto Eva Rodríguez, presidenta de ACAI, en una rueda de prensa en la que los centros abortistas se declararon "satisfechos" con los resultados del paro semanal y aseguraron que después de las elecciones, cuando ya haya un Gobierno formado, seguirán luchando por una modificación legislativa que lleve a España a tener una ley del aborto de plazos. Aunque las agresiones vertidas contra las clínicas han ido cesando, todavía, "esporádicamente", siguen recibiendo amenazas, afirmaron.
Tras la huelga, aseguraron los centros abortistas, les "llueven las personas que llaman y preguntan si sus historiales están a salvo", algo en lo que Castro fue contundente al asegurar a las mujeres que quieren abortar o ya lo han hecho que "jamás" entregarán "datos que violen su intimidad".
Persecución desde la Comunidad de Madrid
En este sentido, ACAI acusó a la Comunidad de Madrid de protagonizar una "persecución objetiva" contra sus clínicas desde febrero de 2007, cuando se presentó en los juzgados una denuncia de presunta mala gestión de los residuos biosanitarios por parte de los centros abortistas madrileños.
Desde entonces, asegura ACAI, la Comunidad de Madrid pide a los centros autorizados para la interrupción del embarazo que le envíen una copia del informe psiquiátrico de las mujeres que abortan, así como otro con el contenido de los residuos biosanitarios que guardan tras la intervención de cada cliente, algo que, dice esta asociación, sólo se solicita en Madrid. "Nos llaman desde la Comunidad pidiéndonos los informes, diciendo que se lo 'piden desde arriba', pero nunca nos dicen quién", afirman Marisa Castro, vocal de la asociación.
"No vamos a dar nada", pues "conculcaría el derecho a la confidencialidad, protegida por la ley", reiteró Castro a las mujeres que acuden a sus clínicas. Las clínicas no descartan emprender un proceso contencioso-administrativo contra el Gobierno que dirige Esperanza Aguirre.
Unos 50 sindicatos y grupos feministas se concentrarán
Medio centenar de sindicatos y asociaciones feministas de toda España, entre ellas CC.OO., UGT o la Federación de Mujeres Progresitas, celebrarán este miércoles a las 19.00 horas una concentración en la Puerta del Sol para exigir al Gobierno "un compromiso claro y decidido" para modificar la actual Ley del Aborto y contra la "violenta campaña" contra el aborto "orquestada por sectores ultraconservadores y financiada por la Comunidad de Madrid".
En un comunicado que lleva por título 'Manifiesto por el Derecho de las Mujeres a Decidir', las feministas denuncian la situación "de indignación, estupor y alarma social" generada por el hecho de que la Guardia Civil fuera a buscar a sus casas a las mujeres citadas a declarar en la investigación por supuestos abortos ilegales, "no sólo porque representa una vulneración de su intimidad, sino por la criminalización que supone tratar como delincuentes a estas mujeres". Las manifestantes quieren mostrar su rechazo ante "las amenazas"que sufren estas mujeres y "las agresiones tanto físicas como verbales" que han soportado los profesionales de las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, que a su juicio responden "a una violenta campaña orquestada por sectores ultaraconservadores" apoyados "por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que los financia con dinero público y alienta sus actuaciones".
"Exigimos a todas las instituciones el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres y que apliquen medidas que los garanticen. Exigimos al Gobierno y a los partidos políticos un compromiso claro y decidido para modificar la actual despenalización parcial del aborto, acabando con la inseguridad jurídica que la ley actual ha generado. Exigimos medidas que garanticen la educación sexual en los centros escolares y el acceso a los métodos anticonceptivos", concluyeron.
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