Fricciones en el doble proceso penal y político contra ANV

La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Audiencia Nacional se han encontrado con una situación imprevista en el proceso de investigación sobre la posible ilegalización y suspensión de actividades de Acción Nacionalista Vasca (ANV).

Hasta ahora ANV, siguiendo los pasos de Batasuna, no condenaba los atentados y acciones de ETA. Pero como el Tribunal Constitucional sostiene que la abstención a la hora de condenar un atentado no es un motivo suficiente para ilegalizar a una fuerza política, la conducta de ANV de no condena sólo podría cobrar sentido grave en un contexto más amplio, en el que quedara acreditada la relación directa entre ANV y la ilegalizada Batasuna.

Pero en Pamplona, en un acto nada menos que de presentación de candidaturas, ANV apoyó el pasado sábado, día 12 de enero, a dos etarras detenidos y acusados de volar la T-4 de Barajas el 30 de diciembre de 2006. No fue una declaración tangencial. El apoyo tuvo lugar en un acto de presentación de los cabezas de lista en Navarra y Euskadi.

Previamente, las informaciones sobre los próximos pasos de la Fiscalía General del Estado, en el sentido de que ésta misma semana se presentará a la sala del 61 del Tribunal Supremo la solicitud de ilegalización de actividades del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) ha originado ciertas fricciones en el ámbito de la Audiencia Nacional. En declaraciones a la Cadena Ser, el juez Baltasar Garzón ha manifestado hoy con un poco disimulado malestar por estas noticias que la Fiscalía no le había informado de que pensaba poner en marcha una medida a favor de la suspensión del citado partido en el ámbito penal.

Al tiempo, preguntado por el hecho nuevo, el aplauso solicitado por la alcaldesa de Hernani a los dos etarras acusados del atentado de la T-4, el juez ha precisado: "Ahí sí que el fiscal puede actuar. Si esa afirmación puede constituir un [delito] de enaltecimiento del terrorismo o de personas vinculadas a organizaciones terroristas y establecer la depuración de responsabilidades en el ámbito penal".

Esta matización del juez, así planteada, parece situar el centro de la ofensiva contra PCTV y ANV en el ámbito estrictamente penal. Pero en paralelo al terreno penal discurre el proceso de aplicación de la ley de partidos. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de lo Contencioso, trata de reunir toda la información que pueda fundamentar sus inminentes dos demandas de ilegalización en el Tribunal Supremo, la primera contra el PCTV y la siguiente contra ANV.

Las dos actuaciones política y penal son independientes una de la otra. Sin embargo, ambos procesos conocen una posible intersección. Como las demandas de ilegalización llevan cierto tiempo y como ANV pretende presentarse a las elecciones generales del 9 de marzo próximo, la Fiscalía General del Estado tiene previsto, una vez presentadas sus demandas ante el Supremo, pedir al juez Garzón, a través de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la suspensión de actividades de las citados partidos.

Como la investigación sobre el PCTV y sus relaciones con la ilegalizada Batasuna ya están terminadas y la Fiscalía considera acreditadas las pruebas para acusar a PCTV de estar sosteniendo a los dirigentes de Batasuna, el primer paso será, esta semana, presentar la demanda de ilegalización ante el Tribunal Supremo. Una vez dado este paso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentará un escrito al juez Garzón y le pedirá la suspensión inmediata de actividades de la citada formación abertzale.

Después de esta actuación y previsiblemente a partir del próximo día 23 de enero, la Fiscalía, según fuentes consultadas, solicitará a la sala del 61 del Tribunal Supremo la ilegalización de ANV. En esa fecha las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entregarán el informe complementario al ya elevado el pasado viernes a la Fiscalía. Será un informe definitivo y las fuentes estiman que sobre la base del mismo podrá fundamentarse la demanda contra ANV.

Como en el caso del PCTV, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a la vista de que los plazos del proceso de ilegalización pueden ir más allá del 9 de marzo, fecha de las elecciones, solicitará al juez Garzón la suspensión cautelar de actividades de ANV.

Todo este proceso ha conocido, como se ha señalado, un hecho nuevo e imprevisto: el respaldo de la alcaldesa de Hernani, de ANV, a los dos etarras que son acusados de ser los presuntos autores del atentado de la T-4.

Fuentes jurídicas se preguntaban en las últimas horas si este nuevo escenario, donde la acción penal puede pasar a un primer plano, permitiría limar los matices diferentes que se han observado en los últimos días entre lo ámbitos de actuación de la Fiscalía General del Estado y la acción judicial.

Esas fuentes señalan que las circunstancias actuales son muy diferentes a la situación existente en agosto de 2002. En aquellas fechas, el juez Garzón se encaminaba a suspender las actividades de Batasuna en una acción que era un secreto a voces. El 4 de agosto, ETA había asesinado a la hija de un guardia civil y a un transeúnte en Santa Pola con un coche bomba. Era el primer atentado de la banda terrorista tras la promulgación de la nueva ley de partidos, en junio de 2002.

El Gobierno de José María Aznar remitió el 6 de agosto, pues, a la Fiscalía General del Estado seis motivos para apoyar la ilegalización Batasuna en el Tribunal Supremo. El 7 de agosto, Batasuna no condenó en el Parlamento vasco el citado atentado de ETA, mientras el resto de miembros de la Junta de Portavoces sí lo hicieron. El 10 de agosto, el PP y el PSOE impulsan de común acuerdo un pleno extraordinario del Congreso para que inste al Gobierno, el 26 de agosto, a solicitar la ilegalización de Batasuna.

El 13 de agosto, ambos partidos ponían oficialmente en marcha el procedimiento. El 19 de agosto, la Fiscalía General del Estado decidía presentar una demanda para ilegalizar a Batasuna.

En paralelo, al día siguiente, 20 de agosto, el juez Garzón iniciaba los trámites para suspender las actividades de Batasuna. Dos días después, el juez ordena que las cantidades que el Estado adeuda a Batasuna, en concepto de subvenciones electorales, sean retenidas para cubrir los daños ocasionados por la violencia callejera. El 23, el juez comunica a Batasuna su intención de suspender sus actividades y el 26 de agosto dicta un auto en el que decreta la suspensión de todas las actividades de Batasuna.

Ese mismo día 26, dos horas después del auto de suspensión dictado por el juez Garzón, el un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados votaba por mayoría instar al Gobierno para que solicitara al Tribunal Supremo la ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.