Prisión sin fianza para dos psiquiatras de las clínicas de aborto intervenidas en Barcelona

La juez que investiga el caso de los supuestos abortos ilegales en clínicas de Barcelona ha decretado esta mañana la prisión sin fianza para los dos psiquiatras detenidos el pasado lunes, a los que imputa los delitos de aborto ilegal, asociación ilícita y falsedad documental.

La juez tomó declaración durante todo el día de ayer y hasta las 8 de la mañana de hoy a estos dos facultativos, Javier R.M. y Antonio R.H., junto a otros cinco médicos detenidos en la segunda fase de la investigación de las clínicas que regentaba el doctor Carlos Morín.

Para dos anestesistas, Ester S.R. y Agustín C.F., la juez ha decretado la prisión eludible bajo fianza de 4.000 euros por los mismos delitos, la misma medida que ha impuesto a los ginecólogos Antonio R.R. y Ramon T.H., mientras el tercer ginecólogo detenido, Fernando Javier C.B., ha sido puesto en libertad sin fianza.

Aborto ilegal y asociación ilícita

El TSJC ha asegurado que tanto los dos ginecólogos como los dos anestesistas para los que se ha dictado prisión eludible con fianza ya han depositado el dinero, por lo que quedarán en libertad. La juez ha imputado a los dos anestesistas los delitos de aborto ilegal, asociación ilícita y falsedad documental, los mismos que a los dos psiquiatras que ingresan en prisión, mientras que a dos de los ginecólogos se les acusa de aborto ilegal y asociación ilícita.

Los siete detenidos en la segunda fase de la operación contra las clínicas que practican presuntamente abortos ilegales pasaron a disposición judicial a primera hora de ayer.

Pasqual Javier R.M., uno de los dos psiquiatras que ingresarán en prisión, trabajaba a tiempo parcial en la cárcel de Can Brians y se le acusa, junto al otro psiquiatra, Fernando Javier C.V., de firmar informes sin haber visitado a pacientes para revestir de legalidad la actuación ilícita de la red.

A los anestesistas se les acusa de firmar informes falsos sobre su presencia en algunas prácticas abortistas, mientras que los ginecólogos suscribían presuntamente el segundo informe preceptivo para realizar la interrupción de un embarazo cuando éste está en una fase muy avanzada. Esta trama dedicada supuestamente a la práctica de abortos

ilegales, especialmente en mujeres en avanzado estado de gestación, fue descubierta a raíz de un reportaje de la televisión danesa y se investigó en España tras una querella presentada por la asociación católica e-cristians.