El juez deja en libertad bajo fianza a otro imputado

El titular del Juzgado de Instrucción número 32 ha acordado hoy la libertad bajo fianza de 3.000 euros de David Giménez, otra de las personas implicadas en la operación Guateque contra una red de cobro de comisiones para la obtención de licencias municipales de actividad de locales comerciales y de ocio. Giménez López es ingeniero de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y fue detenido el lunes por su presunta vinculación a la red.

Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el juez Santiago Torres, que instruye el caso Guateque, también ha ordenado que Giménez, que tiene un plazo de cinco días para abonar la fianza, comparezca quincenalmente ante los Juzgados de Instrucción de Madrid, situados en la plaza de Castilla.

El imputado ha sido puesto a disposición judicial a primera hora de la mañana, aunque su declaración ha comenzado a las 13.30 y se ha prolongado durante varias horas. En esta operación se ha detenido hasta el momento a 17 personas, de las que cinco permanecen en prisión. Se trata de Victoriano Ceballos, Joaquín Fernández de Castro, Carmen Eulalia Ibáñez, Santiago Castillo y Antonio Sanz, a quienes el juez imputa delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Una conversación telefónica

Aparte de David Giménez, el magistrado también ha acordado la libertad bajo fianza de otras cuatro personas: Mario Mínguez, Sara López, José Antonio Jodar y Luis Olave quienes deberán comparecer quincenalmente ante las dependencias judiciales. Además, el juez Torres ha acordado la libertad provisional sin fianza de otras 11 personas.

La cifra de imputados, entre los que se incluyen varios empresarios, se sitúa en unos 35 ó 40. No obstante, este número se elevará a medida que se purguen los 200 expedientes con irregularidades que son objeto de la investigación. Entre otros motivos, García Gómez fue arrestado a consecuencia de una conversación telefónica que mantuvo con Ceballos, considerado el cerebro de la supuesta trama, en la que se habla de las cifras a repartirse para agilizar la concesión de la licencia de un bar.

En los meses previos a que el caso saliera a la luz, varios de los funcionarios investigados tuvieron sus teléfonos pinchados por orden del juez. Ceballos, jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, figuraba entre las personas objeto de las escuchas telefónicas. En cuanto a las actuaciones, el magistrado tiene previsto levantar el secreto que pesa sobre las diligencias a mediados de diciembre, fecha en la que vence el tope de un mes previsto en la ley para mantener esta situación.