El juez ratifica la prisión de cinco de los detenidos en la operación Guateque

El titular del juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, ha ratificado hoy las prisiones acordadas el pasado fin de semana por el juez de guardia para cinco de los detenidos en el marco de la denominada operación Guateque. Se trata de Victoriano Ceballos, Joaquín Fernández de Castro, Carmen Ibáñez, Santiago Castillo y Antonio Sanz, según han informado fuentes jurídicas, que han señalado que están acusados de delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias como presuntos miembros de la red de cobro de comisiones para la obtención de licencias municipales de actividad de locales comerciales y de ocio.

De los imputados, tres son de la Concejalía de Medio Ambiente y dos empresarios. Ceballos Fernández es jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente; Fernández de Castro, jefe del departamento de Evaluación Ambiental; e Ibáñez Martínez, asesora técnica de Evaluación Ambiental. Castillo Morales es apoderado de la sociedad AC93 -dedicada a la gestión de licencias- y Sanz Escribano, administrador único de la empresa AB Escribano Ingenieros Consultores.

Momentos antes de conocer la resolución, la defensa de Victoriano Ceballos -jefe de la División de Impacto Ambiental de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid-, José Luis Prada, ha manifestado a los periodistas que este caso es el resultado de "una batalla entre dos fuerzas políticas" en medio de la cual están los detenidos. Prado ha insistido en que su defendido trabaja en un organismo que "no otorga licencias, sino informes" y ha añadido que las empresas que están a su nombre llevan, al menos, diez años en actividad.

El letrado ha atribuido el hecho de que tanto Ceballos como el resto de los implicados estén en prisión a la presión mediática y ha negado que su defendido haya admitido que cobrara comisiones, así como que tenga cuentas en Suiza. "¿Dónde está la trama?", se ha preguntado Prada, que ha considerado "inadecuado" que el Ayuntamiento de Madrid se persone en la causa en contra de sus empleados porque es "echarse basura contra su propio tejado".

Tras las comparecencias, que se han prolongado durante más de cuatro horas, el magistrado ha noticiado a los abogados defensores la ratificación de las medidas restrictivas de libertad impuestas a sus clientes, quienes han abandonado las dependencias judiciales en un furgón de la Guardia Civil que los ha trasladado de nuevo a las cárceles de Alcalá Meco y de Soto del Real.