Los chirimbolos no se retirarán pese a las "irregularidades" que denuncia el PSOE

Los 890 nuevos chirimbolos publicitarios no serán retirados de las calles de Madrid después de que el PP usara su mayoría en el pleno municipal de hoy para rechazar una proposición del PSOE que pedía la suspensión del contrato. Los socialistas pedían que se paralizara hasta que se resuelva la denuncia judicial que una empresa ha interpuesto por presuntas irregularidades en la adjudicación y la Comisión de Vigilancia de la Contratación del Ayuntamiento se pronuncie al respecto.

El concejal socialista responsable de Medio Ambiente, Pedro Santín, ha explicado ante el resto de la Corporación Municipal los motivos por los que se pedía la suspensión del contrato. En primer lugar, por las irregularidades en su adjudicación, ya que "por unos 10.000 metros cuadrados de publicidad, 6.500 de ellos en los 900 nuevos soportes permanentes, sólo se cobrarán 16 millones de euros". "Es una cifra ridícula, porque sólo 200 de esos soportes facturarán en el mercado 19 millones de euros", ha añadido Santín.

Además, los socialistas denuncian que "este contrato, que aportará 160 millones de euros al Ayuntamiento en los próximos 10 años, no fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tal y como dice la Ley de Administraciones Públicas, ni tampoco en el Diario de las Comunidades Europeas, porque el Ayuntamiento convocó un concurso sin establecer un precio mínimo de licitación". "Es un contrato chapuza, que no ha respetado el procedimiento administrativo porque ni siquiera se incluyen en el expediente todos los informes necesarios, como por ejemplo el de Patrimonio Histórico", ha indicado el edil del PSOE.

Los efectos negativos de tanta publicidad

Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista ha llamado la atención sobre la solvencia económica de la empresa adjudicataria, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Clear Channel-Cemusa, que "en 2004 estuvo en quiebra técnica, aunque ninguno de esos informes contables fue considerado para evaluar la oferta", y ha recordado, como publica hoy este periódico, que hubo otra compañía, la sociedad Viacom, ofrecía 73 millones más por el mismo contrato. Santín se ha refirido al incumplimiento por parte de los nuevos chirimbolos de las ordenanzas de mobiliario público por su tamaño y de protección del espacio urbano. "Además, hay que tener en cuenta los efectos negativos que para Madrid tiene tanta publicidad en la calle", ha indicado el edil, pidiendo que "se reordene y redistribuya el mobiliario urbano que ya existe, que es un caos".

Sin embargo, el PP ha hecho valer su mayoría absoluta imponiendo su voto negativo a los favorables de PSOE e IU, justificando la elección de este proyecto en que "la adjudicación no tuvo en cuenta sólo la oferta económica, sino también la viabilidad financiera". "La empresa que no se adjudicó el contrato presentaba una oferta en la que el tiempo medio necesario de exposición estaba en un 9%, cuando en Madrid es el 80%, y además, ofrecía rotar la publicidad cada semana, cuando en España se rota cada 15 días", ha justificado la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella. Sobre la ubicación, la edil popular ha recordado que, "una vez aprobado, el contrato estuvo paralizado tres meses para estudiar uno por uno los lugares donde se colocarían los soportes publicitarios para que fueran los sitios más apropiados", y ha comparado a Madrid con otras ciudades como París, donde hay "muchos más soportes que en Madrid". "

"Todos los ayuntamientos de España recurren a la publicidad, incluso los que gobiernan PSOE, se espere a ver cómo se resuelve el proceso judicial, porque es la empresa perdedora del contrato la que ha llevado al caso a los tribunales y no se puede parar un contrato público cada vez que a una empresa no le va bien", ha atajado Botella. Mientras, la edil de IU Raquel López ha criticado que "parte de la política de privatización de este Ayuntamiento pasa por los espacios públicos, ayudando a las empresas a crear más consumismo e ignorando cualquier criterio paisjaístico y urbano, invadiendo además el poco espacio viario que hay para los peatones". "Además, incumple la Ley de Patrimonio Histórico, porque tapan los monumentos, y también son peligrosos para la conducción porque distraen", ha añadido López. Por último, Santín ha recordado que la Comisión de Vigilancia de la Contratación del Ayuntamiento ha pedido varios informes para estudiar el caso, y que se deberá también estudiar su instalación y su impacto sobre el paisaje urbano de la capital.