Marcha prohibida por la carretera de Barcelona

La Delegación del Gobierno ha informado esta tarde a los trabajadores de la empresa Robert Bosch en Alcalá de Henares de que no podrán realizar por la A-2 la marcha que tenían prevista para el jueves 20 de septiembre entre la ciudad complutense y la sede de la fábrica en Madrid. Los trabajadores pretendían recorrer a pie los 34 kilómetros que separan la factoría de Madrid en protesta por el cierre de la planta a finales de 2008, que dejará en la calle a 417 empleados.

Los trabajadores han criticado, junto a miembros de IU en el consistorio, que la Delegación del Gobierno solicitara primero una modificación del itinerario previsto y, después, justificara la prohibición por motivos de seguridad de los propios trabajadores.

El representante de CC OO en el Comité de Empresa de Bosch-Alcalá ha calificado esta decisión como "un jarro de agua fría" a las pretensiones de los trabajadores de presionar a la dirección de la empresa para que atienda las reivindicaciones en defensa de todos los empleos directos e indirectos, así como la prejubilación de muchos trabajadores debido a la pérdida de condiciones laborales por el traslado a la planta de Aranjuez.

La multinacional anunció hace varios meses el cierre de la fábrica en Alcalá de Henares para el 1 de enero de 2009, con un plan de prejubilaciones, y el traslado parcial de la plantilla y la producción a la planta que la compañía tiene en Aranjuez. Desde entonces, han llevado a cabo numerosos actos de protesta, entre ellos el viaje de casi 200 empleados hasta la sede central en Stuttgart (Alemania) el pasado junio.

CC OO ha convocado para mañana una reunión con sus afiliados y la semana que viene una asamblea de trabajadores para decidir qué decisión adoptarán para continuar con en el calendario de movilizaciones. Todo ello, según José Miguel Polo, con "escaso apoyo" de las administraciones públicas.

El diputado regional de IU, Fernando Camaño, ha secundado las reivindicaciones de los trabajadores de Bosch-Alcalá y ha anunciado que volverá a llevar el conflicto a la cámara autonómica el próximo 4 de octubre. La intención de Camaño es interrogar al Gobierno regional sobre las acciones que está realizando para apoyar los intereses de los trabajadores y para solicitar la comparecencia del Director General de Empleo.