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La Comisión Europea denuncia la Ley Urbanística Valenciana ante el Tribunal de la UE

La ley infringe la normativa comunitaria en materia de contratación pública

La Comisión Europea ha denunciado hoy a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) al considerar que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) infringe la normativa comunitaria en materia de contratación pública.

Según Bruselas, la LUV, que derogó la anterior Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), sigue vulnerando las directivas sobre contratación pública en "varios aspectos", como el contenido de los anuncios y documentos de licitación.

Asimismo, la Comisión estima "que las autoridades españolas no han cumplido las obligaciones que les impone el derecho comunitario, al no haber adoptado medidas para impedir que se adjudiquen contratos infringiendo la legislación de la UE".

El Ejecutivo comunitario explicó, además, que Bruselas y las autoridades valencianas discrepan sobre una "cuestión fundamental": la naturaleza pública o privada de los Programas de Actuación Integrada (PAI), ya que, mientras la Comisión considera que son contratos públicos sometidos a la normativa comunitaria, el Gobierno valenciano defiende lo contrario.

La actuación de Bruselas contra la legislación urbanística valenciana se inició en marzo de 2005 con una carta de emplazamiento en la que se cuestionaba la compatibilidad de la LRAU con el derecho comunitario. Tras recibir un dictamen motivado, la Comunidad Valenciana derogó la LRAU y la sustituyó por la LUV en diciembre de 2005. Sin embargo, la Comisión consideró que la nueva norma seguía vulnerando el derecho europeo y lanzó un nuevo expediente el 4 de abril de 2006 que ha acabado este miércoles ante el TUE.

Oposición a los macroproyectos de urbanización

También la Eurocámara ha tratado en varias ocasiones la cuestión del urbanismo valenciano tras haber recibido 15.000 peticiones de ciudadanos afectados por abusos. En los últimos años, ha enviado tres misiones de eurodiputados y ha aprobado en pleno dos informes muy críticos con el Gobierno de la Generalitat.

El último informe fue refrendado por la Eurocámara el pasado jueves por 327 votos a favor, 222 en contra y 35 abstenciones, y en él se expresa la "más enérgica condena y oposición a los macroproyectos de urbanización" en España al considerar que en muchos casos han vulnerado "los derechos fundamentales de las personas".