El Supremo prohíbe la inscripción de ASB en el registro de partidos políticos

La llamada sala del 61 del Tribunal Supremo (TS) ha acordado por unanimidad, a primera hora de la tarde, prohibir la inscripción de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, según han informado fuentes del Alto Tribunal. Horas antes y adelantándose a esta decisión, el dirigente de la ilegalizada Batasuna Joseba Álvarez ha acusado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de dar una "patada al proceso" de paz por la posible ilegalización de ASB, lo que supone, a su juicio, una "situación especialmente grave".

Según informa el alto tribunal en una nota de prensa, la sala especial, tras celebrar esta mañana durante cerca de dos horas una vista pública, ha procedido a la consiguiente deliberación y ha estimado las demandas interpuestas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado. En consecuencia, ha procedido a declarar "la no inscripción" de ASB, indica la nota, que añade que el auto será hecho público en la próxima semana.

En la vista pública, el teniente fiscal del Tribunal Juan José Martín Casallo ha asegurado que el intento de inscribir a ASB en el registro de partidos es la primera fase, al que han seguido las agrupaciones electorales y ANV, del propósito defraudatorio de hacer factible la presencia en las elecciones de un partido ilegalizado. Tanto Martín Casallo como el Abogado del Estado han reclamado a los magistrados que prohíban la inscripción de ASB en dicho registro del Ministerio del Interior por ser sucesora de Batasuna. Por su parte, el abogado de ASB, Iñigo Iruin, ha pedido que se permita su inscripción, ya que "no se puede determinar que es la sucesión de la actividad de un partido político ilegalizado cuando no ha desarrollado actividad alguna".

Zapatero, en el papel de Blair

Por la mañana, Álvarez, acompañado por la dirigente de su formación Marije Fullaondo, ha ofrecido una rueda de prensa en San Sebastián para hablar de la decisión que horas después ha adoptado el TS. El líder de la coalición se temía cuál iba a ser la decisión, ya que la "intención política del Gobierno no va precisamente en la dirección" de que el TS "legalice definitivamente a la izquierda abertzale", ya que parece más bien "todo lo contrario". Independientemente de cuál fuera finalmente la resolución, Álvarez ha reiterado su compromiso con la "resolución del conflicto" a pesar de que los "acontecimientos" ocurridos en las últimas semanas evidencian, a su juicio, que el Ejecutivo "dice no al proceso".

"El Gobierno está en una situación de decir no a unas elecciones democráticas y al avance en la resolución del conflicto y eso sólo lo puede mantener con el apoyo inestimable del PNV", ha añadido, para insistir en que únicamente se podrán solucionar los "problemas" a través del diálogo, la negociación y la existencia de una "situación de igualdad en el ámbito político". Álvarez ha puesto como ejemplo el caso irlandés, donde la "izquierda abertzale está dispuesta a hacer el camino del Sinn Fein" y se ha preguntado si Rodríguez Zapatero estaría dispuesto a hacer el de Tony Blair.

Grande-Marlaska en lugar de Garzón

Mientras tanto, el juez Fernando Grande-Marlaska ha solicitado al magistrado Ismael Moreno, que es el juez decano de los de instrucción de la Audiencia Nacional, que avale su competencia para tramitar la querella interpuesta ayer ante su juzgado por la asociación Dignidad y Justicia contra ocho dirigentes de Acción Nacionalista Vasca (ANV) por un supuesto delito de integración o colaboración con ETA, al considerar que este partido es sucesor de Batasuna. Baltasar Garzón ya señaló en un auto del 28 de abril que no podía suspender las actividades de esta formación al no encontrar vínculos con ETA-Batasuna. Dignidad y Justicia ha admitido hoy que, con su querella, pretende forzar un cambio de magistrado para lograr la suspensión de actividades de este partido.

En un auto dictado esta mañana, el juez Grande-Marlaska, que es el que estaba ayer de guardia, señala que las normas de reparto que existen en la Audiencia "pudieran aparejar razonablemente" su competencia en este asunto aunque, en vez de limitarse a admitir o inadmitir la querella, realiza una consulta al juez decano al respecto "con el fin de garantizar, de conformidad a nuestra Carta Magna, el principio de tutela judicial efectiva en su manifestación de juez ordinario predeterminado por la Ley".