Otegi dice que esta causa es "un debate político, no jurídico"
El dirigente de la ilegalizada Batasuna, que se ha negado a declarar por su reunión con Ibarretxe, pide que "se desactiven las legislaciones de excepción"
Los dirigentes de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena se han negado a responder a las preguntas del juez instructor del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Roberto Saiz, de la fiscalía y del abogado del Foro Ermua. Los tres dirigentes de Batasuna han comparecido durante 40 minutos en el Tribunal Superior vasco y se han limitado a declarar que su reunión con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, del pasado 19 de abril formaba parte de la serie de encuentros que han mantenido con líderes de diferentes formaciones políticas vascas.
Tras su comparecencia ante el juez de la Sala Civil y Penal del TSJPV, el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, ha denunciado la Ley de Partidos, que ha propiciado la apertura de la causa penal por la reunión celebrada el pasado 19 de abril entre los miembros de la mesa nacional de la formación abertzale con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y ha asegurado que éste "es un debate político, no jurídico". Además, ha reclamado que "se desactiven las legislaciones de excepción".
El dirigente abertzale ha subrayado que "este trámite ha sido muy corto", ya que han permanecido ante el tribunal tan sólo 40 minutos, durante los que se han negado a responder a las preguntas que les han formulado. "Volvemos a constatar que nos encontramos, no ante un debate jurídico, una vez más, sino ante un debate político, y que el origen de este debate político está en la Ley de Partidos. En su día hubo una legislación de excepción, que se construyó entre el PSOE y el PP contra la izquierda abertzale y hoy volvemos a constatar que la actividad política, los militantes independentistas de este país, está siendo, como durante le franquismo, regulada por los tribunales de excepción", ha añadido.
Por ello, ha dicho que, desde su punto de vista, "ése es un obstáculo que hay que superar, si realmente se quiere hacer un proceso democrático en Euskal Herria, y eso exige la desactivación inmediata de todas las legislaciones de excepción que recortan derechos y no permiten hacer un proceso democrático en condiciones".
Por su parte, el abogado del Foro de Ermua y miembro de su Junta Directiva, Fernando García Capelo, ha destacado que al presentarse esta mañana ante el TSJPV los tres imputados "han reconocido la autoridad del tribunal y no han hecho ninguna declaración" en su contra, aunque "se hayan acogido al derecho que les reconoce la legislación española de no declarar".
García Capelo ha asegurado que los tres declarantes "reconocieron ante el magistrado que se reunieron con Ibarretxe y, si hay una prohibición de actuación de Batasuna por parte del Tribunal Supremo y Batasuna ha actuado, es evidente que está cometiendo un delito y que debe haber una actuación de los tribunales que termine en una sentencia condenatoria". "Lo contrario sería romper todas las reglas del Estado de derecho" ya que "los intereses partidistas no pueden estar sobre los intereses del Tribunal Supremo y de los jueces", ha añadido el abogado del Foro de Ermua.
El miércoles comparece Ibarretxe
Los dirigentes abertzales han comparecido un día antes de que el lehendakari declare también en la causa como "cooperador necesario" para que Otegi, Barrena y Petrikorena pudieran cometer este delito, al haberse entrevistado con ellos en el Palacio de Ajuria Enea para hablar de "cuestiones políticas".
El magistrado instructor de la causa, Roberto Sáiz Fernández, considera que el lehendakari, al convocar o "invitar al partido político ilegalizado para mantener una reunión política", pudo actuar como cooperador necesario, ya que, sin esta actuación por parte de Ibarretxe, "no se habría cometido presuntamente el delito de desobediencia" en calidad de autores por los representantes de la formación ilícita.
En esta línea, el juez cita el artículo 28 del Código Penal que establece que son "responsables criminalmente de los delitos sus autores y sus cómplices", y que incluye a "aquellos que cooperan" en la ejecución del hecho delictivo "con un acto sin el cual no se habría efectuado".
Las comparecencias de Otegi e Ibarretxe se producen después de que se haya sabido que el lehendakari y el líder de la formación ilegalizada se volvieron a ver la pasada semana, reunión que ha sido criticada por distintos colectivos, pero que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no considera delito.
La Fiscalía eleva la petición de pena para el terrorista Parot de 25 a 29 años
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha elevado de 25 a 29 años de prisión la petición de pena para el etarra Henri Parot, acusado de reintegrarse en ETA y proponer desde la cárcel atentados contra "objetivos vitales" para el Estado, como la Audiencia Nacional, el ministerio del Interior o el Banco de España. El fiscal Ignacio Gordillo ha modificado sus conclusiones provisionales y ha acusado a Parot de un delito de integración en organización terrorista "en grado de dirigente y promotor", lo que supone elevar de 10 a 14 años la pena solicitada por este motivo. El ministerio público ha mantenido la petición de 15 años de prisión por un delito de atentado en grado de conspiración. Por otra parte, el Tribunal de Apelación de Pau (en Francia) ha dado luz verde a la entrega a España de los presuntos etarras Garikoitz Exteberria y Asier Larrinaga, detenidos el pasado día 9 en Ascain (País Vasco francés).
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