Dimite el alcalde de Vila-real dos meses después de ser condenado por prevaricación

Manuel Vilanova alega la "presión ejercida" sobre él y su partido, el PP

Vila-real (Castellón) - 15 ene 2007 - 20:26 UTC

El alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, del PP, ha presentado esta noche su dimisión ante el pleno municipal tras haber sido condenado, el pasado mes de noviembre, por el Tribunal Supremo a un año y medio de prisión y ocho de inhabilitación por un delito de prevaricación. Esta mañana, Vilanova atribuía su renuncia "a la presión ejercida" sobre él "y sobre el Partido Popular" a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo.

Vilanova ha explicado en un escrito leído durante la sesión plenaria que su dimisión se ajustaba al punto 9.4 y 40.4 del Reglamento de Entidades Locales, al tiempo que ha agradecido la colaboración de todas las personas que han estado a su alrededor en el Ayuntamiento. En el documento también se ha informado de la renuncia presentada por Julio García Robles, el segundo en la lista del PP por la alcaldía del municipio, que será relevado por María Dolores Girona.

La dimisión oficial de Vilanova ha sido recibida con aplausos de algunos de los asistentes al pleno, entre los que se encontraban el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, los dos vicepresidentes, Vicent Aparici y Francisco Martínez, y otros miembros del PP. Al respecto, el candidato del PSPV-PSOE a la alcaldía de Vila-real, José Benlloch, ha asegurado, tras la sesión plenaria, que "no es normal" el apoyo que se ha visto por parte de Fabra, que, a su juicio, tiene "secuestrada la provincia". Benlloch ha considerado, en declaraciones a los medios, que Vilanova "debía haber dimitido antes" y ha dicho que "no entiende" por qué lo hace ahora "aduciendo razones personales". Además, el candidato socialista ha declarado que Manuel Vilanova no ha presentado la dimisión hasta que Juan José Rubert, que será proclamado alcalde oficialmente en el pleno del próximo lunes, "no ha tenido la bendición de Fabra".

Presiones

Vilanova anunció su decisión por la mañana, acompañado en una rueda de prensa por el presidente del PP en la provincia, Carlos Fabra, quien le aconsejó que, si había decidido dejar el cargo, lo hiciera hoy aprovechando la celebración de una sesión plenaria ordinaria. El regidor popular, al frente del Ayuntamiento desde 1995, señaló que abandonaba el cargo "con dolor pero sin rencor" y "ante la presión ejercida" sobre él "y sobre el Partido Popular" a raíz de la sentencia del Supremo, así como para acabar con "la falsa imagen del político aferrado a su cargo contra viento y marea".

El Supremo condenó a Vilanova, según una sentencia hecha pública el pasado 24 de noviembre, por haber consentido, "de forma deliberada", la emisión ilegal de ruidos de una empresa, que generó numerosas quejas vecinales durante varios años. La sentencia, que además condena a dos años de prisión al gerente de la empresa Roig Cerámica SA (Rocersa) por un delito medioambiental, asegura que el alcalde "se situó del lado de una industria contaminante en contra de los intereses de los ciudadanos, sabiendo que actuaba y vulneraba la legalidad que regula la emisión de ruidos".

Desde que conoció el fallo "por la prensa", Vilanova, de 55 años y médico de profesión, ha defendido la legalidad de sus actuaciones y tanto el PP como el Gobierno valenciano le han defendido ante lo que consideran una sentencia "injusta".

La oposición pidió al secretario del Ayuntamiento un informe sobre la posible ilegalidad de las actuaciones llevadas a cabo por Vilanova desde que se hizo pública su condena, que finalmente avaló la legalidad de las decisiones adoptadas por el alcalde y sus ratificaciones plenarias.

El pasado 22 de diciembre, la Audiencia de Castellón admitió a trámite la petición de Vilanova para que no se haga efectiva la parte de la sentencia del Supremo que le inhabilitaba como cargo público por un delito de prevaricación. El auto también acordaba "dejar en suspenso" la ejecución de esa sentencia mientras se resuelva la petición de indulto formulada por el alcalde, al tiempo que desestimaba la solicitud de anulación de la pena de prisión, que en todo caso no será efectiva ya que ésta es inferior a dos años y Vilanova no cuenta con antecedentes, por lo que finalmente no ingresará en la cárcel.

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