El Supremo ordena entrar en las 'herriko tabernas' para inventariar sus propiedades

La Sala Especial del artículo 61 de Tribunal Supremo, encargada del proceso relativo a la ejecución de la sentencia de ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, ha ordenado la entrada en las herriko tabernas del País Vasco y Navarra para inventariar sus locales y enseres. Dicha orden se enmarca en el proceso de liquidación de bienes que se sigue en ejecución de la sentencia de ilegalización. De momento, no se han resitrado incidentes en el cumplimiento de la orden, aunque sí la protesta de 50 personas en la herriko del barrio bilbaíno de Santutxu.

Así lo ha acordado el TS en un auto, notificado hoy y dictado por unanimidad, en el que considera que existen indicios que de modo preciso vinculan a las herriko tabernas con la ilegalizada Batasuna y da a las partes un plazo de un mes para que aleguen sobre las medidas cautelares que podrían adoptarse para asegurar, en su caso, la efectividad de una posible liquidación patrimonial. Con este fin, diferentes comisiones judiciales a las órdenes del TS procederán "de inmediato a entrar en dichos locales para inventariar sus propiedades", indica el auto, que ha sido dictado por unanimidad de los magistrados que componen esta sala especial.

El auto, de 26 páginas, añade que esta medida "no afectará, por sí sola, al funcionamiento de las herrikos como establecimientos de hostelería", "sin que esa entrada haya de prolongarse más allá del tiempo indispensable para su práctica coordinada y, en todo caso, por más de 72 horas, plazo que se considera adecuado". La resolución dictada hoy por la citada Sala ordena al titular del Juzgado central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, que le remita toda la documentación de que disponga en el sumario en el que investiga la financiación de ETA a través de las herriko tabernas controladas por Batasuna, así como la emisión de un informe al respecto. Se trata de medidas, según explica el auto, "encaminadas a la salvaguarda y aseguramiento de la plena eficacia de la ejecución de la sentencia" y que "prevengan el riesgo de desaparición del objeto material de la ejecución patrimonial".

Una sentencia de marzo de 2003

Ello, según el TS, no sería descartable, "habida cuenta de (..) la facilidad que cabría presuponer para que los bienes y derechos de las herriko tabernas pudieran ser sustraídos de la intervención judicial en tanto se sustancia la ejecución de la sentencia". En marzo de 2003 la Sala Especial acordó la ilegalización y disolución de HB-EH-Batasuna, al estimar que estas formaciones han vulnerado la Ley de Partidos. La resolución de la Sala Especial del Supremo ordenaba la cancelación de las inscripciones de estas formaciones en el Registro de Partidos Políticos y añadía que, tras la notificación de la sentencia, HB-EH-Batasuna "deberán cesar de inmediato en todas sus actividades".

Además, se abrió un proceso de liquidación patrimonial de HB-EH-Batasuna tal y como se establece en el artículo 12.1 de la Ley de Partidos, que señala que "la disolución determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora. El patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario". Así, los liquidadores han elaborado un informe pericial en el que concluyen que "existen numerosos bienes y derechos que formalmente ostentados por asociaciones culturales y en algunos casos sociedades mercantiles que aparecen como titulares de las herriko tabernas (..) pertenecerían en realidad material y efectivamente a la propia Batasuna".

Algunos de los indicios que plasman los liquidadores en su informe son documentos hallados en el ordenador del ex dirigente de KAS Xavier Alegría y sendos autos de la Audiencia Nacional por los que se acordó la clausura por dos años de dos de estos establecimientos en Usurbil (Guipúzcoa) y Zamudio (Vizcaya). "La fuerza presuntiva del dictamen no reside únicamente en la autoridad, imparcialidad o prestigio de los liquidadores, sino en la materialidad del trabajo que efectivamente han desplegado", señala el Alto Tribunal. El auto agrega que el tribunal no considera estrictamente acreditadas las conclusiones de dicho informe, por lo que da a las partes un plazo de un mes para que aleguen sobre éste y sobre la procedencia de extender la liquidación patrimonial de Batasuna a los bienes y derechos cuya titularidad ostentan las asociaciones y sociedades que regentan las herriko.