El Gobierno y ETA cerraron en febrero un acuerdo con "compromisos", según 'Gara'

El diario Gara asegura en su edición de hoy que el Gobierno y ETA cerraron en febrero un acuerdo que contempla "compromisos y garantías por ambas partes", como no efectuar detenciones, no atentar "contra bienes ni personas" y respetar las decisiones que sobre su futuro político adopten los vascos. Ese acuerdo habría desembocado en el alto el fuego permanente anunciado por la banda armada el pasado 22 de marzo.

El periódico próximo a la izquierda abertzale, que cita "fuentes conocedoras del proceso", afirma que el Ejecutivo se comprometió a que no habría detenciones por parte de la policía, la Guardia Civil, la Ertzaintza o los cuerpos de seguridad franceses, a que disminuiría "la presencia policial" y desaparecerían las "presiones policiales". Sin embargo, el diario señala que desde el 22 de marzo se han producido "al menos 35" detenciones, "23 de ellas en régimen de incomunicación" y en las que han intervenido "todos los cuerpos policiales citados".

El Ejecutivo también habría aceptado de facto que las organizaciones de la izquierda abertzale puedan desarrollar sus actividades políticas "en igualdad de condiciones" respecto al resto de fuerzas políticas y sociales, sin limitaciones de derechos civiles y políticos. Gara señala que desde el 22 de marzo ha habido, no obstante, un "goteo" de prohibiciones judiciales o policiales, a veces con el "aval" de la Fiscalía, a pesar de que califica de "paso significativo" la reunión pública entre el PSE y Batasuna.

ETA se comprometió a no cometer atentados "contra bienes ni personas", ni a realizar "tareas de abastecimiento de armas o de explosivos". No se menciona el cese de la actividad extorsionadora a los empresarios. La información publicada indica además que el Gobierno se habría comprometido a respetar las decisiones que adopten libremente los ciudadanos del País Vasco y Navarra. En este punto, el acuerdo especificaría que el Ejecutivo español "entiende que los acuerdos para ello se alcanzarán entre los partidos políticos vascos, así como entre los agentes sociales, económicos y sindicales vascos", y precisaría que los citados acuerdos se refieren al futuro de los ciudadanos de las provincias de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra.

Estos acuerdos -a los que ETA se ha referido públicamente en dos ocasiones sin detallar su contenido- habrían sido los que propiciaron el alto el fuego. Según indica el periódico abertzale, el acuerdo entre la organización terrorista y el Gobierno fue el resultado de unas negociaciones iniciadas en junio de 2005 y concluidas el pasado mes de febrero.