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Un juez ordena el embargo de una de las sedes del PP en Madrid por una deuda electoral de 1991

Un miembro del PP en Benalmádena denunció al partido por incumplir una póliza por la que pagó más de 66.800 euros

El Juzgado de Instrucción número 2 de Fuengirola (Málaga) ha ordenado el embargo de una de las sedes del PP en Madrid, la de la calle Génova número 15, para hacer frente al pago de una deuda contraída en 1991 por el partido con Roberto Martínez Santoyo, miembro del PP y candidato por Benalmádena en las elecciones municipales de aquel año. La deuda asciende a 113.429 euros (cerca de 19 millones de las antiguas pesetas).

Los hechos juzgados se remontan al año 1991 cuando Martínez Santoyo se ofreció como número seis del PP en las listas electorales a los comicios municipales de ese año en la citada localidad malagueña. Según la denuncia presentada en su día por la defensa de Martínez Santoyo, todos los candidatos de esa lista "se comprometieron a ingresar en la cuenta del PP la totalidad de los haberes o ingresos que, por cualquier concepto, recibieran como consecuencia de su elección como concejales del Ayuntamiento de Benalmádena, suscribiendo al efecto un documento de compromiso".

Además, en una reunión previa a la cita electoral también acordaron, según especifica la demanda a la que ha tenido acceso Europa Press, "suscribir dos pólizas de crédito, por un importe de tres millones de pesetas cada una de ellas, firmadas con carácter solidario por los seis primeros candidatos de la lista". En el supuesto de no salir elegidos para el cargo, "el Partido Popular se haría cargo de la parte de crédito correspondiente a los no elegidos, debiendo reintegrar la suya los candidatos que sí resultaran elegidos".

Dicho acuerdo figura en el libro de actas del PP de la reunión celebrada el 1 de abril de 1991. Quince días después se suscribieron con el Banco Urquijo dos pólizas de crédito por un importe de tres millones de pesetas cada una. Una de esas pólizas, que es la causa de la demanda, fue suscrita por los candidatos Roberto Martínez Santoyo, Antonio de la Rubia Barrios y Ángel Tirado Gómez con sus respectivas esposas.

Fuera de los elegidos

Celebradas las elecciones municipales, sólo resultaron elegidos los tres primeros en la lista: Antonio Villena, Josefa Martín del Río y Ángel Tirado. Tras la toma de posesión de los nuevos concejales, el director del Banco Urquijo convocó a los seis firmantes de las dos pólizas para intentar dar solución, como primer paso, al problema de pago de los intereses devengados hasta ese momento. En esa reunión Ángel Tirado y Josefina Martín "se negaron a hacer frente a los compromisos adquiridos, llegando incluso a retirar sus nóminas como concejales de las cuentas del partido, pasándolas a sus cuentas particulares".

Ante esta situación, la dirección del Banco Urquijo pasó el asunto a manos de su asesoría jurídica, que realizó un requerimiento de pago a Roberto Martínez Santoyo, para que "satisficiera el importe total de la póliza por él suscrita, dado el carácter solidario de la misma". Ante este requerimiento Roberto Martínez puso los hechos en conocimiento de quien coordinaba la gestora del PP en Málaga en aquella época, Federico Souvirón, actual diputado del PP por Málaga en el Congreso, "quien le manifestó que tomaría cartas personalmente en el asunto". Sin embargo, el 19 de octubre de 1998, siete años después, Roberto Martínez Santoyo recibió un telegrama del Banco Urquijo concediéndole un plazo de 72 horas para hacer efectivo el importe del crédito y los intereses devengados, en total 66.877 euros (11.127.483 pesetas en aquella época), monto que tuvo que pagar.

Compromiso incumplido del PP

Según la demanda, Roberto Martínez Santoyo, miembro actual del PP, mantuvo "una serie de conversaciones con el Partido Popular, que se interrumpieron ante la proximidad de las elecciones de 1999". En esas conversaciones, "el PP se comprometió a pagarle el 67% del importe de la condena, que era la parte correspondiente al pago que debían efectuar los otros dos matrimonios firmantes de la póliza".

Tras un primer rechazo en primera instancia, la Audiencia Provincial de Málaga falló en favor de Roberto Martínez Santoyo. Con posterioridad el juzgado decidió el embargo del citado inmueble propiedad del PP el 31 de diciembre de 2002. Sin embargo, el Partido Popular interpuso un recurso de reposición asegurando que "el PP no es parte en el presente procedimiento, siendo parte el Partido Popular de Benalmádena, que tiene personalidad jurídica independiente del Partido Popular".

La defensa de Roberto Martínez Santoyo impugnó el recurso de reposición, manteniendo que "el PP de Benalmádena no es una entidad jurídicamente independiente. Por disposición de los propios Estatutos que rigen el partido, el mismo y único Partido Popular se denominará en cada ámbito regional con tal nombre seguido del nombre del municipio, provincia o región que corresponda". Asimismo, aseguró que "el artículo 46 de los citados Estatutos atribuye exclusivamente la capacidad jurídica y de obrar al Partido Popular, sin distinción alguna; determinando que su patrimonio estará integrado por todos los recursos que le pertenecen a nivel nacional".

En un auto dictado el pasado 31 de mayo, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Fuengirola (Málaga), Esperanza Brox, da la razón a la defensa de Roberto Martínez Santoyo y acuerda el embargo del número 15 de la madrileña calle Génova.