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El PP pagará 110.000 euros para evitar el embargo de una de sus sedes de Madrid

El partido no se plantea recurrir la decisión judicial

El Partido Popular ha anunciado que pagará "inmediatamente" la deuda de 110.000 euros que ha reclamado uno de sus candidatos en Málaga en las elecciones municipales de 1991 y que motivó hace unos días el embargo de la sede de esta formación en la calle Génova 15 de Madrid. El presidente de los populares de Málaga, Joaquín Ramírez, ha reconocido que es un asunto "antiguo" que les "pilla por sorpresa", ya que en aquella época era presidente local Luis Fernández, expulsado después de las filas del PP.

Una vez hecha pública la noticia del embargo, los abogados del partido se pusieron en contacto con los letrados del reclamante, el médico Roberto Martínez Santoyo, para cerrar la deuda. Ramírez ha confirmado que pagarán la deuda y que el PP no se plantea un recurso contra la providencia de embargo. El inmueble embargado, se encuentra junto a la sede nacional del PP, que ocupa el número 13 de la céntrica calle madrileña.

La reclamación la efectuó uno de los candidatos firmantes del crédito, Martínez Santoyo, tras ejecutar el banco otorgante cinco años después la póliza y reclamarle la totalidad del dinero -el principal, intereses y el gasto del procedimiento de reclamación-, unos 60.000 euros que pagó él, según indicaron fuentes jurídicas. Entonces, acudió al PP local a contar lo ocurrido, ante lo que se le dijo que el partido no tenía nada que ver con el asunto, ya que se trataba de una decisión que tomaron los candidatos, pero no la dirección.

El PP adujo en su momento que ya financiaba la campaña general y que estos candidatos locales optaron por otra con carácter extraordinario asumida por ellos mismos.

Al no llegarse a un entendimiento, el afectado acudió a los restantes firmantes, que se desentendieron del asunto, por lo que la reclamación judicial la planteó no sólo contra los que suscribieron el crédito, sino también contra el PP, al considerarlo "el gran beneficiado por la póliza".

El PP se personó en el procedimiento y alegó que el crédito se concertó al margen del partido, ya que existía una campaña general, y los candidatos de Benalmádena decidieron además una de tipo local. En primera instancia, el PP fue absuelto y se decidió que pagaran los firmantes del crédito, entre los que no figuraba el partido, pero la resolución fue recurrida, y la Audiencia Provincial de Málaga ha dado la razón ahora al reclamante en una decisión firme.

Finalmente, un juzgado de Fuengirola (Málaga) ordenó el embargo del referido inmueble del PP al considerar que esta formación era quien debía pagar la deuda por la póliza de crédito que suscribieron sus candidatos.