Intervención íntegra de Zapatero en el arranque del debate sobre el estado de la nación

Señor presidente, señoras y señores diputados, iniciamos hoy el debate sobre política general que conocemos como el del estado de la Nación. Es, pues, un debate sobre la situación de España. Por ello de lo que les quiero hablar hoy es de la España real, de lo que es España ahora y de lo que podemos hacer que España sea en el futuro. Somos una potencia media en el seno de la Unión Europea y la octava potencia económica del mundo. Somos un país que vive un intenso proceso de aumento de población. En los últimos cinco años, hemos crecido tanto como desde que aprobamos la Constitución en 1978 hasta el año 2000, alcanzando en la actualidad más de 44 millones de habitantes.

Somos un país cada vez más abierto y plural. Si en 2003 nos visitaron 52.500.000 turistas, en el año 2005 lo han hecho 55.600.000 turistas y hoy trabajan con nosotros 2 millones de extranjeros. Somos un país que se proyecta hacia fuera, con una cultura cada vez más potente y más reconocida. Si en toda la anterior legislatura se abrieron 4 centros del Instituto Cervantes, en la actual habrá 24 nuevos centros. Incrementaremos así en un 50 por ciento la presencia en el mundo de nuestro más formidable instrumento para expandir la mejor de nuestras riquezas, porque, junto con el tesoro del castellano, hemos empezado a enseñar y expandir el resto de las lenguas españolas. Somos un país, señorías, en el que cada vez trabajan realmente más personas. Hoy lo hacemos 19.500.000. Si nuestra población activa era de 16.500.000 en 1996, de 18 millones en 2000 y de 19.500.000 en 2003, hoy alcanza los 21.300.000 personas. Somos un país con una buena formación. Tenemos más de 5.500.000 titulados universitarios. Somos un país en el que las mujeres avanzan con decisión. Somos un país que vive cada día más. Hoy uno de cada seis españoles tiene más de 65 años y uno de cada 20 tiene más de 80. Somos un país que crea empleo, que crece económicamente, que se dota para el futuro de capital humano, físico y tecnológico, que intensifica las políticas sociales, que reconoce y protege nuevos derechos, que aborda reformas institucionales, que trabaja por la paz y se comporta con solidaridad. Este es nuestro país, el país que tenemos. (Aplausos.)

Es el país que hemos hecho todos los ciudadanos, hombres y mujeres, mayores y jóvenes, trabajadores, estudiantes, amas de casa, empresarios. Somos un país que ha dado un salto portentoso. Somos un país en intensa transformación, en positiva transformación. Es un país que no puede ser comprendido con los viejos esquemas, un país que no puede ser gobernado con las rutinas tradicionales, un país que necesita nuevos instrumentos, nuevas políticas, nuevas reglas institucionales, un gran país en un momento de grandes oportunidades que los ciudadanos no quieren perder, que los ciudadanos no van a perder.

Para ello, el Gobierno tiene como metas, primero, más bienestar para todos los españoles y más oportunidades para los jóvenes; segundo, la extensión de los derechos civiles y sociales para los españoles y españolas, comenzando por los más necesitados; tercero, una convivencia ordenada y segura de todos los españoles en una España plural y unida y, cuarto, la persecución de un orden internacional basado en la paz y la cooperación.

Señorías, el empleo es el objetivo prioritario de la sociedad, es la base de nuestro bienestar. Para conseguirlo para todos hemos dirigido nuestra política económica. El empleo es determinante para la continuidad del crecimiento, es decisivo para la autonomía personal y para la integración social. Por un largo periodo, la economía española tuvo en el pasado gran dificultad en crear empleo suficiente. Ahora somos capaces de transformar crecimiento en puestos de trabajo como nunca en la historia. Se está creando empleo de manera muy viva y disminuyendo el paro de forma muy intensa. El año pasado creamos más de 900.000 empleos, el mejor dato cuantitativo de la historia en un año. Eso es un tercio de los creados en Estados Unidos, cuya economía multiplica a la nuestra por doce. Eso significa que en España se generó en 2005 el 60 por ciento de los nuevos puestos de trabajo de toda la Unión Europea. En estos dos años se han creado, señorías, 1.800.000 empleos, casi 2.700 por día desde que estamos en el Gobierno (Aplausos.), más de la mitad para mujeres y cerca de 300.000 para jóvenes. Crece la población activa, crece la tasa de empleo y disminuye la de paro. En el primer trimestre de 2006 la población activa ascendió a 21.300.000 personas, un millón y medio más que en el primer trimestre de 2004. Más de la mitad de ese crecimiento corresponde a la población activa femenina. Hemos situado la tasa de empleo en el 65 por ciento, cuatro puntos más que hace dos años. La femenina alcanza ya el 53 por ciento, cinco puntos más que en 2004 y así nos acercamos al objetivo de Lisboa fijado en el 60 por ciento para el año 2010. Durante décadas el paro ha sido un fantasma omnipresente para los españoles, su principal preocupación, el mayor factor de ansiedad personal y familiar. Hoy la tasa de paro se ha situado por debajo del 9 por ciento, la más baja del último cuarto de siglo. Estamos en el promedio europeo y en mejor situación que Francia o Alemania, por ejemplo. Pretendemos rebajarla más a lo largo del año y podemos situar la femenina por debajo del 10 por ciento en 2007. De hecho los últimos datos registrados del paro, los de abril, muestran la mayor reducción para ese mes desde 1980.

Señorías, durante años, se ha especulado con la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Hoy el futuro de la Seguridad Social está más garantizado que nunca porque ha crecido en casi un millón y medio de afiliados desde 2004, superando mes a mes sus registros históricos. En abril, 18.410.142 afiliados, un 5,64 por ciento más que en igual mes del año anterior. Porque el inminente acuerdo entre los interlocutores sociales y el Gobierno para revisar y actualizar el Pacto de Toledo contendrá medidas pactadas para proyectar en el tiempo la atención suficiente y segura a las personas de edad, con invalidez y a las viudas. Porque ahorramos para garantizar mejor las prestaciones futuras. En dos años hemos incrementado en 17.000 millones el fondo de reserva de la Seguridad social, que supone ya el 3,5 por ciento del producto interior bruto, 31.348 millones de euros.

Señorías, uno de los más importantes signos del cambio de los tiempos es que ahora no preocupa tanto el desempleo como la calidad y la estabilidad del empleo. Ese es el reto que tenemos por delante.

Lo afrontamos con el gran acuerdo para la mejora del crecimiento y el empleo que firmamos, el pasado día 9 de este mes, los interlocutores sociales y el Gobierno; con la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, con CEOE y Cepyme. Quiero agradecerles desde aquí, en nombre de todos, su generosidad mutua y su compromiso activo con el presente y el futuro de nuestro país. (Aplausos.) Este acuerdo era uno de los principales compromisos del Gobierno con la sociedad española, así figuró en el debate de investidura. Hoy se ha alcanzado y el compromiso, por tanto, está cumplido. Es un buen acuerdo. Es un acuerdo que prolonga la larga lista de los ya obtenidos en estos dos años, entre ellos el desarrollo de la Ley de Extranjería, la revalorización de las pensiones mínimas, la prevención de riesgos laborales, la formación profesional para el empleo, el impulso del Sistema Nacional de Dependencia, el Plan Concilia o las bases estatutarias de los empleados públicos. Es un acuerdo que extiende sus efectos sobre las principales instituciones del mercado de trabajo: contratos, cotizaciones, bonificaciones, protección por desempleo y servicios públicos de empleo. Es un acuerdo cuyo objetivo fundamental es la reducción de la temporalidad, hacer más atractiva la contratación indefinida, evitar el encadenamiento sucesivo de contratos temporales, impedir la cesión ilegal de trabajadores, fortalecer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, potenciar las políticas activas y los servicios públicos de empleo y mejorar la protección al desempleo. Con la ejecución del Plan extraordinario de conversión de contratos esperamos transformar cerca de medio millón de contratos temporales en indefinidos en el segundo semestre de 2006 y, con las medidas contra el encadenamiento sucesivo de contratos, aspiramos a generar otro medio millón de contratos fijos de aquí a 2008. Estos son la proyección y el resultado del acuerdo. De estas medidas se beneficiarán especialmente los jóvenes: por primera vez se bonificará durante cuatro años su contratación indefinida y a ellos afectará principalmente la restricción en el encadenamiento de contratos temporales. La reducción de cotizaciones contribuirá a estos objetivos. Se trata de la tercera reducción en los últimos 25 años; las tres por cierto con Gobiernos socialistas. Es un acuerdo que espero que se complete en fechas inmediatas con otros dos acuerdos: sobre el Estatuto del Trabajador Autónomo y sobre Seguridad Social, al que me he referido anteriormente.

Señorías, los excelentes datos sobre empleo son consecuencia y, a la vez, respaldo del buen funcionamiento general de la economía española. La economía crece al 3,5 por ciento, muy por encima de la media de la Unión Europea, lo hizo durante el último trimestre de 2005 y lo ha hecho en el primero de 2006. En 2005, como en 2004, hemos crecido medio punto más que en los dos años anteriores y empezamos a crecer mejor. La inversión en bienes de equipo lo está haciendo cerca del 10 por ciento, fortaleciendo nuestro tejido empresarial. La industria, con una mejora superior al 2 por ciento, se incorpora al fuerte impulso de la construcción y de los servicios. Tenemos buenas perspectivas. El crecimiento se afianzará claramente por encima del 3 por ciento, con un mejor comportamiento de las exportaciones, que ya se ha manifestado en el primer trimestre de este año. Un crecimiento por encima de los dos dígitos por primera vez desde el año 2000. Estos resultados son mérito del conjunto de la sociedad española, de los empresarios y de los trabajadores, pero se asientan en un conjunto de decisiones positivas puestas en marcha por el Gobierno para generar confianza económica, para dotar al país de capital humano, físico y tecnológico que permita y aliente su expansión futura y para avanzar hacia un mejor patrón de crecimiento. Se genera confianza manteniendo la credibilidad y el rigor presupuestario, con cuentas saneadas, reduciendo el endeudamiento y con reformas fiscales acertadas. En 2005 se ha obtenido, por primera vez en nuestra historia, un superávit de las finanzas públicas del 1,1 por ciento del producto interior bruto y en 2006 obtendremos un resultado similar.

La deuda pública se ha situado en el 43,2 por ciento y la hemos reducido en casi 6 puntos desde 2004. Llegaremos al 34 por ciento en 2010. En este panorama globalmente positivo permanecen dos problemas que es necesario resolver: reducir la elevada tasa de inflación, cuyo dato último o pronóstico de dato hemos conocido hoy, y mejorar el comportamiento del sector exterior. Ambas cuestiones están ligadas y requieren reformas en el modelo productivo y en la competencia. El Gobierno está tomando y tomará medidas en ambos campos. El Gobierno apoyará la eficiencia económica con la reforma del impuesto de las personas físicas, la rebaja del impuesto de sociedades y la neutralidad de la fiscalidad del ahorro. El nuevo impuesto de la renta de las personas físicas experimentará una rebaja media del impuesto del 6 por ciento, pero será un 17 por ciento más bajo para el 60 por ciento de los contribuyentes con menos rentas, las inferiores a 17.300 euros; recortará la carga tributaria que soportan los perceptores de rentas del trabajo; proporcionará equidad en el tratamiento de las circunstancias familiares; atenderá a los problemas el envejecimiento y la dependencia y supondrá una disminución de 2.000 millones en el periodo 2007-2011, que permanecerán en manos de los ciudadanos. El nuevo impuesto de sociedades conocerá una reducción de 5 puntos en los tipos nominales de gravamen -del 35 al 30 por ciento-, que para las pequeñas y medianas empresas será inmediata: pasará a ser del 30 al 25 por ciento en 2007. Es la primera vez desde 1980 que se rebaja el tipo impositivo para nuestras sociedades con el objetivo de que sigan fortaleciendo la economía de nuestro país. (Aplausos.) Con ello el impuesto favorecerá la competitividad de las empresas españolas y mejorará el atractivo para la inversión extranjera. Señorías, invirtiendo en gasto público productivo y apoyando la apertura exterior de nuestras empresas se trabaja por un mejor patrón de crecimiento.

La puesta en marcha de la Ley Orgánica de Educación mejorará el capital humano, al hacerlo con la calidad del sistema educativo. Su aplicación dispondrá de 7.033 millones de euros hasta 2010, 1.094 de ellos en 2007. La ya inmediata reforma de la Ley de Universidades mejorará la docencia superior, incentivará la excelencia universitaria y fomentará la transferencia de conocimiento. Señorías, 2007 va a ser el año de la ciencia. Aprobaremos el programa José Castillejo, coincidiendo con el centenario de la creación de la Junta para la Ampliación de Estudios. Con él honraremos a quien durante veinticinco años bajo la dirección inicial de don Santiago Ramón y Cajal puso en marcha la mejor y más eficaz iniciativa que ha conocido nuestra historia para mejorar la calidad de nuestra ciencia y la formación de nuestros jóvenes investigadores. Con él cinco mil jóvenes profesores doctores podrán incorporarse durante un curso a las universidades y centros más prestigiosos del mundo y en los próximos cuatro años un programa específico financiará estudios de posgrado a jóvenes de hasta 35 años mediante becas o mediante créditos blandos a tipo cero de hasta un máximo de 15.000 euros, que devolverán una vez incorporados al trabajo. En ese mismo periodo otro programa complementará la cuantía de las becas Erasmus de movilidad universitaria hasta un máximo de 6.000 euros. Señorías, creo que toda la sociedad tiene el empeño de superar nuestra tradicional carencia en el conocimiento de idiomas. Por ello, quiero anunciarles que el Gobierno concederá una subvención de hasta 1.000 euros a los jóvenes de entre 18 y 30 años para cursos de inglés en un centro español o extranjero. Además, quiero subrayar que el Acuerdo de formación profesional para el empleo, suscrito con los interlocutores sociales por más de 2.000 millones de euros, favorecerá el aprendizaje a lo largo de la vida y su adaptación permanente a la realidad productiva.

La Ley Orgánica de Educación alcanzó un elevado grado de consenso entre los interlocutores sociales y un importante respaldo en esta Cámara, aunque no todo el consenso deseable. Creo que es buena la estabilidad del sistema educativo. Por ello, convoco nuevamente al acuerdo a todos lo sectores afectados para el desarrollo normativo de la Ley Orgánica de Educación y para la reforma urgente y acotada de la Ley de Universidades. (Aplausos.)

Señorías, la inversión en investigación, desarrollo e innovación y los grandes planes y proyectos de infraestructuras cambiarán la piel y la musculatura del país y le permitirán situarse entre los más avanzados. En 2006, la inversión en investigación, desarrollo e innovación civil creció presupuestariamente el 32 por ciento, un dato claramente histórico. En 2007 lo hará de nuevo, al menos un 25 por ciento. A ello se añadirá la financiación del Fondo Tecnológico obtenido en las negociaciones de las perspectivas financieras, en el ámbito de la Unión Europea, por valor de 2.000 millones. El esfuerzo del Gobierno por incentivar la investigación y la tecnología ha cristalizado en el Plan Ingenio 2010, plan que promueve grandes consorcios público-privados, que moviliza a pequeñas y medianas empresas y a centros de investigación, que cofinanciará la contratación de investigadores en centros públicos, que permitirá converger en la sociedad de la información, en las empresas, la Administración, la justicia, los hogares y la escuela. (Aplausos.)

Señorías, el esfuerzo realizado en estos dos últimos años empieza a dar sus resultados. En 2005, España fue el primer país de la OCDE en crecimiento de solicitudes de patentes, con un 35 por ciento. Las tecnologías de la información y la comunicación tuvieron el mayor crecimiento de la Unión Europea, un 8 por ciento en 2005, prácticamente doblando la media europea. El comercio electrónico aumentó un 50 por ciento, y desde noviembre se han incorporado casi 1.000 municipios al servicio de banda ancha. Con ello, 2 millones de ciudadanos más han accedido a sus beneficios. En 2008, todos podrán hacerlo. Para ese mismo año se habrán digitalizado los registros civiles, se habrá completado la emisión de todos los DNI electrónicos y, para intensificar la incorporación de los jóvenes de entre 18 y 30 años a la sociedad de la información, quiero anunciarles que se van a habilitar dos programas de préstamos a tipo 0, uno para la adquisición de paquetes informáticos con conectividad de banda ancha y otro para formación en las tecnologías de la información y de la comunicación. (Aplausos.)

Señorías, el Plan estratégico de infraestructuras y transporte va a dar un giro sustancial a la comunicación en España. Potenciará el ferrocarril, transformará el limitado sistema radial de carreteras en uno completo de mallado y, además, potenciará la intermodalidad de transporte de pasajeros y mercancías. Invertirá 250.000 millones en 15 años. En los dos presupuestos pasados se ha invertido ya el equivalente al 1,7 por ciento del producto interior bruto, un aumento del 45 por ciento respecto a la pasada legislatura. El Programa AGUA ha supuesto invertir más de 4.000 millones para paliar los efectos y las necesidades de la carencia de agua y de la sequía que vivimos el último año intensamente. (Un señor diputado: ¡Agua para todos!) Están activas cuatro nuevas desaladoras y en marcha otras nueve, se han afrontado más de 100 obras de emergencia y en este año hay 2.000 millones de euros para que el Plan de Regadíos los modernice y amplíe, logrando además un ahorro estimado de 1.162 hectómetros cúbicos. (Un señor diputado: ¡Trasvase!-Aplausos.)

Pronto tendremos en nuestras manos solucionar para siempre la escasez de agua. (Aplausos.)

Además el Gobierno está afrontando la reducción de la dependencia energética, la seguridad del suministro, la mejora de la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos medioambientales. Lo hemos hecho con el Plan de Eficiencia Energética 2005-2007, con el Plan Nacional de Asignación 2008-2012 y con el Plan de Energías Renovables. En dos años reduciremos en un 8,5 por ciento el consumo de energía primaria y en 32 millones de CO2. En el año 2010 un 12 por ciento del consumo de energía será limpio y vamos a invertir más de 720 millones para el mayor esfuerzo público en eficiencia energética efectuado nunca en nuestro país. Se han aprobado planes integrales de desarrollo de mercado a los que se destinarán 1.700 millones en el periodo 2005-2007. Señorías, estamos cosechando los primeros resultados. En el primer trimestre de 2006 las exportaciones a China han crecido un 34 por ciento, a India un 40 por ciento, a Rusia un 45 por ciento y a Estados Unidos un 44 por ciento. Todo ello dentro de un crecimiento general del 17 por ciento y de un 42 por ciento fuera de la Unión Europea. Señorías, crecer y exportar más exige crear más empresa. De ahí nuestro compromiso con el Plan de Fomento Empresarial. Queremos potenciar especialmente la creación de empresas por parte de los jóvenes. Por ello, hoy anuncio a la Cámara que bonificaremos, propondremos a los agentes sociales la bonificación, el 50 por ciento de la cuota empresaria a la Seguridad Social por el primer trabajador indefinido contratado por empresarios de menos de 35 años. (Aplausos.)

Señorías, no hay bienestar si el bienestar no llega a todos y a todos se hace accesible. La política del Gobierno tiene un acentuado sentido social. Esa es nuestra oferta programática. Este es nuestro compromiso de investidura. Ese es nuestro empeño al redistribuir los frutos del crecimiento económico. Una sociedad no es de verdad de oportunidades si no posibilita la igualdad de oportunidades, sobre todo en la edad más temprana. La aplicación de la Ley Orgánica de Educación traerá el aumento de las plazas de educación infantil, el refuerzo de tutorías y la atención personalizada a los alumnos. Habrá más becas y de mayor cuantía. En dos años las hemos aumentado en 60.000 y en los próximos presupuestos duplicaremos el incremento que hemos aprobado para el año 2006 en materia de becas, (Aplausos.) El presupuesto para las políticas de educación ha crecido este año cerca del 20 por ciento. A finales del año 2006, 1.200 centros educativos dispondrán de planes de apoyo y refuerzo y hemos destinado 36 millones para la modernización de bibliotecas escolares. Señorías, con la subida del 17 por ciento en dos años, el salario mínimo interprofesional se va acercando a un nivel mínimamente justo. Reafirmo hoy mi compromiso de situarlo en 600 euros al final de lalegislatura. (Aplausos.)

Asimismo tratamos de dignificar más las condiciones de vida de los ocho millones de pensionistas de nuestro país. Más de tres millones se han beneficiado de la subida de las pensiones mínimas, casi en un 17 por ciento y reafirmo ante la Cámara el compromiso de llegar en la legislatura a un aumento de un 25 por ciento de las pensiones mínimas que afectan a tres millones de pensionistas. (Aplausos.)

Señorías, la atención a la discapacidad mide la estatura moral de una sociedad, y mi Gobierno quiere que la nuestra sea muy alta con quienes suponen casi el 9 por ciento de la población española. Por ello, hemos reconocido y regulado la lengua de signos española. Hemos determinado las infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad. Hemos incrementado sus posibilidades en el empleo público; desarrollado una red de centros estatales de referencia que dispondrá de 74 millones de euros para dos años; establecido convenios de colaboración con ayuntamientos o instituciones como la ONCE para avanzar en la accesibilidad.

Señorías, la vivienda es una de las principales preocupaciones de la sociedad española y está en la primera línea de nuestras prioridades desde el principio de la legislatura. En los primeros cien días de Gobierno aprobamos el Plan de Choque, que incrementó en 1.031 millones de euros el presupuesto entonces vigente y favoreció el acceso a la vivienda de 71.000 familias más. (Rumores.) En 2005 aprobamos el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, con una inversión prevista de cerca de 7.000 millones de euros, destinados a 720.000 familias y con un aumento del 50 por ciento de los recursos financieros que dedica el Gobierno a la vivienda. Asimismo, hemos hecho una apuesta por el alquiler, con un programa específico para jóvenes. El 70 por ciento del conjunto de las medidas que incorpora el Plan de ayuda a la vivienda está destinado a jóvenes de menos de 35 años. Ahora queremos dar algún paso más. Para incrementar la oferta de pisos de alquiler destinados a ellos incorporaremos la exención total en el IRPF de las rentas inmobiliarias procedentes de alquileres a jóvenes menores de 35 años. (Aplausos.) Señorías, en 2005 se iniciaron cerca de 80.000 viviendas protegidas; la cifra más alta de los últimos catorce años; 50 por ciento más que la media del periodo 2000-2003. (Rumores.) En dos años hemos liberado más de diez millones de metros cuadrados de suelo público del Estado, más que en los veinticinco años anteriores, y en ellos se construirán 33.000 viviendas protegidas. El precio de la vivienda, siendo todavía durísimo para segmentos amplios de la población, ha moderado su crecimiento hasta tasas de cinco años atrás. (Un señor diputado: ¡Sí, sí!) La Ley del Suelo que hemos aprobado el pasado viernes y que estará en esta Cámara contribuirá a contener ese precio, porque aumenta la cesión de suelo gratuita a los ayuntamientos, porque incrementa la reserva obligatoria de suelo para viviendas protegidas y porque somete a reglas la valoración del suelo.

Señorías, en el ámbito de la salud se ha mejorado la financiación del sistema y se han puesto en marcha un conjunto sustantivo de acciones. Por acuerdo de la Conferencia de Presidentes, las comunidades autónomas han recibido 1.091 millones de euros más para la sanidad en 2005 y podrán recibir hasta 4.300 en 2006. Se han aprobado la Ley de Prevención del Tabaquismo y la Ley de Reproducción Asistida. Lo serán en breve la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos, la Ley de Protección al Consumidor y la Ley de Investigación Biomédica. Hemos aprobado el Plan de acción 2005-2008 de la estrategia nacional sobre drogas, también la estrategia frente al cáncer y estamos ultimando las de cardiopatía isquémica, salud mental, diabetes y cuidados paliativos. En los meses inmediatos abordaremos dos de los principales problemas de salud de los más jóvenes: el consumo de alcohol por los menores de edad y la obesidad infantil.

Señorías, una potente característica de la acción del Gobierno en estos dos años ha sido la ampliación del catálogo de derechos reales y efectivos de los ciudadanos.

Más personas disponen hoy, en nuestro país, de más derechos que hace solo dos años. Unas veces, los hemos afirmado; otras, fortalecido, y en muchos casos los hemos reconocido por primera vez en nuestra historia. (Aplausos.) Las personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio y adoptar. Quienes deseen divorciarse pueden hacerlo de forma rápida y libre. Las mujeres están más protegidas ante la violencia de género, aunque los malditos asesinas sigan humillándonos con el horror de sus muertes. (Aplausos.) Los padres que tengan un hijo con determinadas enfermedades genéticas pueden concebir un hijo sano que contribuya a salvar a su hermano. Pronto, todo ciudadano podrá ver respetada su identidad de género. Los pensionistas del SOVI pueden, por fin, compatibilizar su pensión. Los investigadores jóvenes y los profesores contratados han visto incrementada su estabilidad laboral. Todos los ciudadanos han visto ampliadas sus posibilidades de información plural y de entretenimiento con la televisión digital terrestre. Los españoles en el extranjero han visto asegurado su derecho a pensiones y a la asistencia sanitaria con el Estatuto de los Españoles en el Mundo. Los miles de cooperantes, que ennoblecen nuestro pasaporte, desarrollan desde ahora con garantías su vocación de entrega a los más desfavorecidos del mundo con la aprobación del Estatuto del Cooperante. Todos hemos visto reconocido el derecho a recibir de la Administración información, y no propaganda partidista, con la Ley de Publicidad Institucional. (Aplausos.)

La Ley de Igualdad permitirá que muchos derechos alcancen en forma efectiva a las mujeres. Las empresas que contraten mujeres y las que las incorporen a sus consejos de administración, gozarán de preferencia para contratar con las administraciones. Las políticas de empleo fomentarán la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, donde tendrán garantizada la igualdad de oportunidades y de trato. Las empresas de más de 250 trabajadores tendrán que elaborar y aplicar un plan de igualdad. Las candidaturas electorales deberán estar compuestas por un mínimo del 40 por ciento de cada uno de los sexos.

Señorías, además de la igualdad, la atención a las personas dependientes se ha constituido en un objetivo esencial de este Gobierno, respondiendo a una demanda de la sociedad. Por ello, la llamada Ley de dependencia significará derechos efectivos para las personas con discapacidad y, sobre todo, para las personas mayores. Significará su reconocimiento por todos, significará gratitud de todos, significará solidaridad de todos, con quienes nos han precedido, con quienes nos han sacado adelante, con quienes han construido, antes que nosotros, la España de ayer, de hoy y de mañana. (Aplausos.- Un señor Diputado: ¡Qué bonito!) También, con quienes son los más débiles entre nosotros: los que arrastran enfermedad y limitación, pero también capacidad y esperanza sin límites. Las personas que cuidan a dependientes verán reconocido y retribuido su trabajo, incluido su acceso a la Seguridad Social. El Sistema Nacional de Dependencia movilizará un enorme esfuerzo financiero de 2007 a 2015: 26.000 millones de euros, 9.000 millones anuales desde entonces. Este potente pilar de protección social se desarrollará con la cooperación de todas las administraciones públicas, especialmente de las comunidades autónomas. Un sistema pensado, además, para crear hasta 400.000 empleos en este ámbito.

Señorías, el ejercicio de las libertades y derechos, que estamos reforzando y ampliando, requiere, para que sean efectivos, una sociedad segura en la que ejercerlos y una justicia rápida y eficaz. Las sociedades actuales afrontan numerosos riesgos, como es conocido: expresiones nuevas de violencia, formas inéditas de organización delictiva. Todas las sociedades lo sufren, también la nuestra.

El Gobierno mantiene su convicción de que solo hay ciudadanos libres cuando se saben y se sienten seguros, protegidos por el Estado, amparados por los servicios públicos que garantizan la seguridad ciudadana. Señorías, tenemos una tasa de 49,3 infracciones penales por cada mil habitantes. Se ha reducido entre 2004 y 2005.

La tasa de criminalidad de España está entre las más bajas de Europa, 20 puntos por debajo de la media de la Unión Europea a 15, por debajo, entre otros muchos países, del Reino Unido, de Alemania o de Francia. Esa contención y reducción en 2005 y 2006 ha sido significativa en los delitos más graves. Quiero dar las cifras. Lo hemos hecho así en los delitos contra el patrimonio, que hoy son un 3,2 por ciento menos que en 2003; lo hemos hecho así en relación con los homicidios, que son un 3,6 por ciento menos en 2003; lo hemos hecho así en relación con la criminalidad juvenil, que es un 5,2 por ciento menos que en 2003. Es un esfuerzo continuado, porque en el primer trimestre de este año la tasa de criminalidad ha descendido en relación con el mismo periodo de 2005 en un 3,2 por ciento. Estos resultados son el fruto del esfuerzo y de la dedicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también de la acción de la Administración de Justicia; son también el fruto de la ejecución práctica de los compromisos que anuncié en el debate de investidura. Un compromiso dirigido a invertir el grave deterioro de los ratios de gasto en términos de producto interior bruto que se había acumulado durante el periodo anterior. Son datos estrictos. El esfuerzo en seguridad pública fue del 0,56 para el año 2000, del 0,53 para 2001, del 0,51 para 2002, del 0,52 para 2003 y del 0,49 para 2004. Los Presupuestos Generales del Estado para 2005, por el contrario, han elevado ese ratio al 0,55 y los de 2006 lo han llevado hasta el 0,58, cuando nos encontramos en un 0,49 de gasto público en relación con el PIB en 2004, (Aplausos.) dato que mejorará aún más en los presupuestos para el año 2007.

Anuncié también un compromiso destinado a incrementar los efectivos de Guardia Civil y policía nacional porque el país lo necesitaba y lo necesita. En 2003 la oferta de empleo público de la Guardia Civil fue de 2.887; en 2004, de 3.611; y la oferta de empleo público en el Cuerpo Nacional de Policía fue de 4.500 tanto en 2003 como en 2004. Estas cifras se han quedado obsoletas. En tan solo dos años la Guardia Civil ha visto cómo se convocaban 8.161 nuevas plazas, mientras que para la policía nacional ha ascendido a 11.500 plazas en tan solo dos años. (Aplausos.) Un esfuerzo que se ha visto acompañado de un refuerzo decidido de nuestros servicios de inteligencia. Hoy trabajan 600 personas más en el Centro Nacional de Inteligencia que en 2004. Es, pues, un compromiso cumplido, y quiero ratificar a la Cámara que el compromiso se va a mantener con la misma intensidad. En los dos ejercicios siguientes convocaremos 18.000 nuevas plazas de policía y Guardia Civil hasta convocar en la legislatura los 36.000 efectivos más, puestos al servicio de la seguridad de los ciudadanos y comprometidos en el debate de investidura. (Aplausos.)

Un compromiso que se extiende a la mejora de las condiciones de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Anuncié también en el debate de investidura un compromiso dirigido a fortalecer los instrumentos de coordinación y especialización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En estos años se ha constituido el Centro Nacional Antiterrorista; también un centro de inteligencia contra la criminalidad organizada que actúa de manera global en el narcotráfico, el blanqueo de capitales o el tráfico de personas, y se van a poner en marcha tanto en la policía nacional como en la Guardia Civil nuevos grupos de respuesta especial contra el crimen organizado, los conocidos como Greco, para actuar en zonas prioritarias de nuestro país.

Vamos a fortalecer la cooperación policial, aduanera y judicial en el ámbito internacional, y se ha puesto en marcha desde el mes de abril de 2006 el proyecto de interconexión de registros penales, en el que participan España, Francia, Bélgica y Alemania, compromisos, pues, que hemos cumplido: aumentar el gasto público en seguridad y el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

También se ha cumplido el compromiso referido a la Administración de Justicia. En 2006, el presupuesto dedicado a la justicia ha crecido cerca del 13 por ciento, cinco puntos por encima de la media entre 1996 y 2004. En estos dos años se ha producido el mayor incremento de jueces y fiscales de los últimos quince -578-, superando con creces los 512 de toda la pasada legislatura. (Aplausos.) El Gobierno ha reforzado la Fiscalía Anticorrupción, específicamente dedicada a la persecución de delitos cometidos por bandas organizadas. También ha impulsado la creación de fiscalías delegadas, como la fiscalía antimafia en las zonas más vulnerables a este fenómeno -en algunos puntos de la Costa de Levante y en algunos puntos de la Costa del Sol-, creo que con resultados bastante elocuentes hasta este momento. (Aplausos.) Este esfuerzo se verá completado con la modificación que teníamos anunciada del Código Penal, que se traerá a esta Cámara antes del verano, para luchar más efectivamente contra el crimen organizado y dar respuesta a los nuevos delitos.

Señorías, los datos sobre inseguridad ciudadana ponen de manifiesto que estamos ligeramente mejor que hace dos años. ¿Satisfechos con lo conseguido, con los medios puestos en juego, con la mejora de los indicadores relativos a la criminalidad? No, lo hecho hasta ahora es sólo una base para un nuevo compromiso para reforzar la seguridad de nuestros conciudadanos.

Después de treinta años hemos bajado por segunda vez consecutiva la cifra de víctimas mortales en carretera, pero sigue por encima de 3.000, una cifra que simboliza una lacra inaceptable. El 1 de julio entra en vigor el carné por puntos y contamos por primera vez con un Plan estratégico de seguridad vial que incluye medidas para mejorar la formación de los conductores y aumentar la vigilancia de las carreteras. La reforma del Código Penal permitirá desterrar la calificación de "accidentes" para conductas gravemente imprudentes. El Gobierno encabezará una propuesta al conjunto de la sociedad para comprometernos colectivamente a reducir la tasa de mortalidad vial en un 40 por ciento en cinco años en nuestro país.

La seguridad de los españoles también comporta atajar la siniestralidad laboral que cada año acaba con la vida de mil trabajadores españoles. Por ello el Gobierno, con los agentes sociales, está desarrollando una estrategia española de seguridad y salud en el trabajo y ha incrementado significativamente los recursos presupuestarios destinados a las políticas preventivas.

Los fenómenos migratorios, que tienen como causa la pobreza y las desigualdades, constituyen uno de los desafíos de mayor calado para nuestras sociedades. Son hechos que generan una huida en busca de algo mejor, aun a riesgo de la propia vida, y únicamente para lograr la propia supervivencia. La inmigración es en España un fenómeno aún reciente, que se experimenta, sin embargo, con intensidad, y especialmente en zonas muy concretas del territorio nacional. España ha sido un país de emigrantes, sabemos lo que eso representa. Por ello debemos mantener una actitud ante los que vienen de fuera como la que nosotros hemos exigido históricamente cuando nuestros compatriotas tenían que ir a buscarse su futuro más allá de nuestras fronteras. (Aplausos.)

Conviene subrayar que la emigración está contribuyendo de manera muy decisiva al desarrollo económico de España. Pero la inmigración solo puede producirse con legalidad, exclusivamente con legalidad, y asociada a las posibilidades y necesidades del mercado de trabajo. Así lo hicimos en el proceso de normalización, incorporando a la legalidad a 600.000 personas que en este país estaban en la ilegalidad. (Aplausos.) Todos deben saber, pues, que en España solo se puede residir legalmente.

Señorías, la dimensión y consecuencias de la inmigración exigen un gran esfuerzo de acción gubernamental y de cooperación del conjunto de los poderes públicos. El Gobierno viene aplicando una política inmigratoria basada en los siguientes principios: legalidad, máximo control de fronteras, cooperación con países de origen y con la Unión Europea, integración social de los emigrantes y respeto absoluto a los derechos humanos. (Aplausos.)

La legalidad exige, en primer término, canalizar los flujos migratorios adecuadamente de las personas que quieren venir a trabajar a nuestro país. Quiero aportar un dato. En el último año se ha producido un aumento de un 50 por ciento de esta vía de regularidad, es decir, de personas que vienen a trabajar a nuestro país con los requisitos legalmente establecidos. Y se ha hecho un esfuerzo paralelo en procurar devoluciones de los que intentan entrar irregularmente en nuestro territorio. Se ha hablado en estos días sobre las cifras de devoluciones. Pues bien, en el periodo 2002-2003 hubo un total de 169.216 devoluciones y en 2004-2005, 212.134; es decir, un incremento de un 25,36 por ciento. En lo que va de año 2006, la cifra alcanza a 31.108 personas que han sido devueltas por entrar o intentar entrar ilegalmente en nuestro país.

En cuanto a la llegada de inmigrantes irregulares a Canarias y Andalucía través de embarcaciones, en el año 2003 se produjo la cifra récord: prácticamente, 20.000 accesos de inmigrantes a las costas de Canarias y Andalucía. Durante los dos años siguientes, 2004 y 2005, se produjo un descenso de dichas llegadas que se aproximó, en el 2005, al 50 por ciento en relación con 2003.

Señorías, estos son los datos de los dos últimos años, 2004 y 2005: más devoluciones y descenso de la llegada de inmigrantes por vía marítima. Pero como toda la opinión pública conoce, en lo que va de 2006 hay una tendencia de aumento concentrada en la llegada de personas a Canarias provenientes del África Subsahariana. Situación en la que el Gobierno está adoptando todas las medidas que están a su alcance con el principio sagrado de respeto a los derechos humanos.

Para el control de las fronteras, el Gobierno ha venido reforzando el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hay hoy 1.000 policías, guardias civiles y patrullas fiscales más que hace dos años. Junto a ello, el despliegue del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior en Almería, Cádiz y Fuerteventura, las unidades móviles de control que con idéntico objetivo operan en Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria y el refuerzo de las vallas de Ceuta y Melilla, así como la construcción e instalación de una nueva valla y la ampliación de los centros de internamiento de extranjeros.

Resulta evidente, señorías, que el control de nuestras fronteras por sí solo no es suficiente. Es imprescindible la cooperación con los países de origen de la inmigración. Con Marruecos se ha logrado una mejora muy importante y crucial de la cooperación y ya da resultados claros. En los años 2004 y 2005 ha disminuido el número de pateras y, más en concreto, el número de personas en un 43 por ciento proveniente de Marruecos. Lo que está ocurriendo en estos primeros meses de 2006 es un claro desplazamiento de la presión migratoria como consecuencia de la eficaz cooperación en el ámbito de lo que es España y Marruecos.

Para obtener los mismos resultados que hemos obtenido en la cooperación con Marruecos y la reducción drástica del intento de acceder a nuestro país, estamos trabajando con un número elevado de países del África Occidental, del área Subsahariana, especialmente Mauritania y Senegal, estableciendo patrulleras conjuntas, oficiales de enlace y una intensificación de la presencia política y diplomática. Paralelamente trabajamos para la firma con nuevos países de acuerdos de readmisión.

Quiero llamar la atención a la Cámara sobre un dato. Desde los años ochenta no se había incrementado la presencia diplomática en toda esa área de África. A pesar de que se ha perdido mucho tiempo desde los años ochenta, hemos creado nuevas embajadas en Malí, Sudan y Cabo Verde, y nuevas oficinas técnicas de cooperación en Cabo Verde, Etiopía y Malí. Pero, señorías, sabemos que el control de la presión migratoria no es suficiente. Es mucho más determinante que dichos países evolucionen para dar un mínimo de expectativas a sus compatriotas.

Por ello, la cooperación al desarrollo de España, de la Unión Europea, es hoy más que nunca una obligación moral. El Gobierno ha multiplicado por tres el volumen de la ayuda destinada a África Subsahariana, ha pasado de 122 millones de euros a 400 millones de euros. En este año España será contribuyente del nuevo fondo de Naciones Unidas para emergencia sanitarias con quince millones de euros, y hemos realizado una operación de canje de deuda por desarrollo en África Subsahariana por doscientos millones de dólares. (Aplausos.)

Señorías, España pone todos los medios a su alcance para el control y la ordenación legal de la inmigración. Pero, a todas luces, no es suficiente ese esfuerzo. Es imprescindible la plena implicación de la Unión Europea, porque nuestra frontera sur es la frontera de la Unión Europea. Por ello, el Gobierno ha tenido como prioridad en materia migratoria la acción ante la Unión Europea. Así, en la cumbre informal de Londres, celebrada el 27 de octubre de 2005, los jefes de Estado y de Gobierno solicitaron al Consejo Europeo un documento sobre migración a propuesta del Gobierno de España. En el Consejo de 15 de diciembre de ese mismo año fueron adoptadas las conclusiones Enfoque global de la migración: medidas prioritarias centradas en África y el Mediterráneo.

De este modo se ha defendido y logrado que el instrumento europeo de vecindad y asociación dedique para migración hasta un 3 por ciento de sus fondos y se realicen esfuerzos similares en otros instrumentos financieros. Además, en las nuevas perspectivas financieras se han creado el fondo de fronteras exteriores de retorno y el fondo de refugiados. Tienen una dotación de 4.400 millones de euros. De ellos, España podrá disponer de algo más de cuatrocientos millones de euros.

Otra vía importante de la financiación provendrá del nuevo instrumento de la política de vecindad y del Fondo europeo de desarrollo, con una cuantía global de 800 millones de euros.

Se han agilizado las medidas de cooperación con la Unión Europea y, a raíz de la reciente visita de la vicepresidenta del Gobierno a la Comisión, la Unión Europea ha decidido cofinanciar la repatriación de inmigrantes ilegales; enviar equipos de intervención rápida; así como el hecho de que la Agencia Europea para el Control de las Fronteras Exteriores de la Unión Europea (Frontex) instalará en Canarias un centro para coordinar medios, expertos y equipos de reacción rápida; y, tal y como se acordó ayer aquí en Madrid, se pone en marcha un dispositivo europeo de barcos y aviones que patrullarán la costa española y africana.

El Consejo Europeo también asumió la iniciativa española de convocar una primera Conferencia Euroafricana sobre migración y desarrollo, que tendrá lugar los días 10 y 11 de julio en Rabat. En la Conferencia participarán la Comisión y los Estados de la Unión Europea, del Magreb, África Occidental y Central, y se ha invitado a la Unión Africana. Confiamos en que este conjunto de medidas permita el control y la reducción progresiva de la presión migratoria que está sufriendo Canarias, y desde aquí quiero expresar mi agradecimiento más profundo a todos los empleados públicos, Policía, Guardia Civil, miembros de servicios sanitarios, del salvamento marítimo, miembros de las ONG, especialmente la Cruz Roja, y a la ciudadanía de Canarias por su actitud ejemplar ante este reto tan difícil que es la presión migratoria. (Aplausos.)

Como decía anteriormente, la inmigración exige también un gran esfuerzo de integración social y cívica. Por ello hemos reforzado extraordinariamente el Fondo de apoyo a la acogida e integración de los inmigrantes, que asciende a 182,4 millones de euros, que multiplica por 26 la cantidad de 2004, poco más de 7,7 millones de euros, y que fue promovido en el debate parlamentario en esta Cámara de los Presupuestos Generales del Estado de hace dos años. Señorías, en las próximas semanas el Consejo de Ministros aprobará, además, el Plan estratégico de ciudadanía e integración para completar toda una política transversal de integración y participación ciudadana y social de los inmigrantes en nuestro país.

Señorías, disfrutamos de una España que mejora; de una España que progresa; de una España que vive cambios de todo tipo; cambios que inciden en la vida personal, familiar, económica y social, cambios que afectan a la educación, a la sanidad, al medio ambiente, a la cultura, al empleo. Son cambios que deben tener consecuencias en la forma de organizar nuestra convivencia, en las reglas de funcionamiento de nuestra democracia, en el modo de articulación del poder. Por ello me comprometí en el discurso de investidura a impulsar un proceso de reformas que actualizasen el Estado de las autonomías, mejorasen la calidad de la democracia y reforzasen los instrumentos de control del poder político. Reformas dirigidas a un mismo objetivo: enriquecer la ciudadanía democrática y acercar el poder a los ciudadanos. Han sido las propias comunidades autónomas las que han decidido impulsar una nueva fase de desarrollo autonómico; son sus parlamentos, sus composiciones políticas distintas las que libremente han tomado la iniciativa. El Gobierno respeta este legítimo ejercicio del espacio constitucional que le es propio. Aquí se trabaja junto a los representantes del parlamento autonómico proponente para asegurar la constitucionalidad de las propuestas y su integración en el interés general. (Aplausos.) Así se ha hecho con el Estatuto de la Comunidad Valenciana, ya en vigor; con el de Cataluña, ya aprobado en el ámbito parlamentario y pendiente del referéndum; y así se hará con el de Andalucía, ya en la Cámara y con los que puedan remitirse hasta el final de la legislatura. En este proceso, el Gobierno fomentará la participación de las comunidades en las decisiones del Estado, propiciará la corresponsabilidad y hará de la cooperación el eje vertebrador del sistema.

Señorías, el Gobierno ha normalizado el diálogo institucional con los gobiernos autonómicos. Ha celebrado, por primera vez desde 1997, el debate sobre el estado de las autonomías y ha convocado por dos veces la Conferencia de Presidentes. La próxima girará en torno a la investigación, desarrollo, innovación y necesidades de nuestros recursos medioambientales; un objetivo estratégico para España y para cada uno de sus territorios. Ha continuado descendiendo la conflictividad competencias. Tan sólo 33 impugnaciones del Estado o de las comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional en lo que va de legislatura, frente a las 65 producidas en el mismo período de la legislatura anterior. En 31 ocasiones ya han estado presentes en los Consejos de Ministros de la Unión consejeros de comunidades autónomas, y la experiencia hasta ahora es muy positiva. Se han firmado en dos años 684 convenios entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas, el 74 por ciento de ellos con todas las comunidades autónomas, así como 357 acuerdos. En las próximas semanas remitiremos a la Cámara un proyecto de ley sobre el gobierno local, que por asegurar su autonomía, su eficiencia administrativa y su financiación suficiente, espero que cuente con el consenso de todos los grupos, como ya lo ha logrado en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias. (Aplausos.)

Hemos introducido austeridad, pluralidad y objetividad como buenas prácticas de gobierno, y rigor en los comportamientos. En este contexto se enmarca la Ley de publicidad institucional, la Ley de la Radiotelevisión pública, la Ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. Hemos alcanzado, además, un acuerdo con las organizaciones sindicales, un borrador de estatuto de los empleados públicos, que afectará de forma básica a las 2.400.000 personas que trabajan en las distintas administraciones en nuestro país. Quiero añadirles, además, mi satisfacción por que todos los grupos políticos hayamos firmado un acuerdo sobre el transfuguismo la semana pasada.

Señorías, en el discurso de investidura formulé la propuesta de abordar una reforma limitada de la Constitución circunscrita a cuatro aspectos concretos. El Consejo de Estado ha emitido el dictamen que le había solicitado el Gobierno. El más alto órgano consultivo encuentra razones fundadas para abordar la reforma conjuntamente y propone alternativas para cada una de las modificaciones planteadas. Como ya anuncié, después del verano me reuniré con las fuerzas políticas para explorar las posibilidades de alcanzar el consenso. Solo si así fuese, el Gobierno daría pasos para iniciar la reforma.

Señorías, es evidente que la situación internacional viene condicionada por tres problemas principales: conflictos irresueltos, profundas desigualdades y pobreza, y el terrorismo internacional. Esos son los riesgos que confrontamos, esas son las causas de la inseguridad, esos son los orígenes de la desesperanza. Nuestra política exterior quiere contribuir positivamente a la paz por medio del multilateralismo y quiere combatir la desigualdad por medio de la cooperación. Hemos impulsado decididamente el trabajo de Naciones Unidas. Hemos promovido activamente la lucha contra el terrorismo internacional. Hemos presentado y dinamizado la propuesta de la Alianza de Civilizaciones, asumida por la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno el pasado mes de septiembre. El Grupo de Alto Nivel, copresidido por un español y reunido por primera vez en Palma, presentará sus propuestas operativas el próximo otoño. Reforzamos nuestros compromisos en misiones de paz, la última en la República Democrática del Congo. La Ley de la Defensa Nacional ha asumido la autorización del Parlamento como requisito para la participación en misiones internacionales. En torno a 1.700 soldados españoles contribuyen a la paz en el mundo, salvan vidas, reconstruyen zonas, garantizan el ejercicio de derechos; soldados que verán mejoradas sus perspectivas profesionales con la nueva Ley de Tropa y Marinería, así como han visto mejoradas sus retribuciones de forma significativa todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Quiero, una vez más, rendir un tributo de homenaje a quienes participan en estas misiones y especialmente un recuerdo emocionado a quienes, en cumplimiento de su compromiso de todos los ciudadanos, han dado su vida por España. (Aplausos.)

Señorías, queremos una Europa más competitiva, también más justa y más segura. De ahí nuestro interés por la cooperación en justicia e interior. Priorizamos las relaciones con nuestros vecinos inmediatos: con Francia, con Portugal, con Marruecos. Mantenemos un ritmo ordenado y fructífero de cumbres bilaterales en las que ya se dejan oír las voces propias de las comunidades autónomas. La Cumbre Euromediterránea de noviembre pasado consolidó el diálogo y cooperación entre los países de las dos riberas. Unimos nuestros esfuerzos a los de la Unión y del Cuarteto para relanzar el proceso de paz en Oriente Medio. Reforzamos nuestras relaciones con la mayoría de los países latinoamericanos, con aquellos que tienen un carácter estratégico: Brasil, Argentina, Chile o Uruguay. Y seguimos de cerca el intenso cambio que está aflorando en otros lugares de Iberoamérica. Lo seguimos activamente y con prudencia, pero también con la determinación defender nuestros intereses legítimos, con la exigencia de que se respete la plena seguridad jurídica. Y nuestro esfuerzo ya ha sido saludado y reconocido por las organizaciones de empresarios.

Señorías, con la Cumbre de Salamanca y la creación de la Secretaría General Iberoamericana contribuimos a la articulación de nuestra comunidad política en torno al fortalecimiento de las instituciones democráticas, del respeto de los derechos y libertades y de la cooperación.

Pero, como antes decía, contribuir a la paz y contribuir a la lucha contra las desigualdades y la pobreza son los dos grandes objetivos para construir un orden internacional que dé más seguridad y más confianza. Por ello, la ayuda española al desarrollo alcanzará en 2006 el 0,35 por ciento del producto interior bruto, más de 3.200 millones de euros, un 63 por ciento más en comparación con los dos años anteriores, y estamos en el camino del 0,5 por ciento para el año 2008, tal y como consta en los compromisos establecidos con los ciudadanos. (Aplausos.) Con ello duplicaremos la ayuda al desarrollo para la lucha contra la pobreza, contra las enfermedades que tanto dolor producen en los países más pobres y la cuantía de la contribución de España en esta legislatura: señorías, más fondos para una ayuda de mayor calidad gestionada con más coherencia dirigida a las áreas y sectores más necesitados, con mayor participación y consenso con los agentes de cooperación, con programas de gran eficacia social como el canje de deuda por educación que en el caso de América Latina supera ya los 300 millones de dólares.

Señorías, al hablarles de la situación de España he querido aproximarme a la España real, a la España que, efectivamente, viven día a día los ciudadanos, una España diversa y por ello rica, una España con ambición de progreso y de cultura, una España con un enorme potencial de futuro, una España que ha de gobernarse con las mejores actitudes democráticas para fomentar una convivencia en armonía. Les he expuesto los rasgos básicos del estado de la Nación, en su conjunto conforman una situación positiva, por su dinámica auguran una evolución mejor. Conseguirla es el objetivo de nuestra acción política.

Para avanzar hay que resolver problemas y para resolverlos hay que reconocerlos. Durante este debate daré muestras, no lo duden, de que soy consciente de que hay cosas que pueden y deben mejorar. Aceptaré las críticas y daré todas las explicaciones que estén a mi alcance.

No quiero terminar, señorías, sin referirme al problema que más ha angustiado a la sociedad española desde la transición, y desde el recuerdo, sentido y emocionado, y desde el apoyo a todas las víctimas del terrorismo quiero afirmar que nos hemos ganado como sociedad el derecho al fin de la violencia, a la paz y a la esperanza de convivir juntos tan solo sometidos a los mandatos de la libertad y de la ley. Reafirmo hoy mi determinación de trabajar para el fin de la violencia, para el fin de ETA. Confío en que pueda ser una tarea de todos porque todos lo merecemos, confío en que todos actuemos con generosidad porque a todos nos lo demandan los españoles. Por mi parte comprometo nuevamente mi disposición al máximo diálogo para recorrer el camino a la paz. (Aplausos.)

Señorías, el Gobierno se muestra razonablemente satisfecho con la evolución de España pero no conformista ante la situación de la nación porque el proyecto que represento nunca alcanzará su cota de ambición para con España.