El Congreso aprueba la Ley de Montes que prohíbe recalificar suelos quemados durante 30 años

El Pleno del Congreso ha aprobado hoy definitivamente la modificación de la Ley de Montes de 2003, que añade la prohibición de recalificar el suelo donde se haya producido un incendio por espacio de 30 años. Además, contempla la creación de una Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, así como la instauración de un Fondo para el Patrimonio Natural destinado a la gestión sostenible de los montes.

Con la votación de hoy ha concluido el trámite parlamentario de esta normativa, que ha recuperado en la Cámara Baja casi todo el contenido aprobado antes de su paso por el Senado. La nueva norma sustituye a la Ley de Montes elaborada por el PP en la última legislatura.

La votación en la Cámara Baja ha permitido recuperar tres artículos que habían sido rechazados en el Senado y que se referían a la ampliación del plazo de 30 años de prohibición para recalificar el terreno quemado, a la introducción de la certificación forestal para la producción de madera y la figura del monte protector.

Por otro lado, las enmiendas procedentes del Senado y aprobadas hoy (de menor calado) se refieren a la homologación de los equipamientos de los agentes forestales, medidas contra la desertificación, la obligación de restaurar o, en su caso, indemnizar en caso de daños al bosque y al desarrollo de la ley en cuanto a la coordinación entre administraciones.

Críticas del PP

La diputada del grupo socialista Luisa Carcedo ha sido la encargada de defender el texto de esta "ley contra las ocupaciones masivas y voraces del suelo", que será "un instrumento para convertir la gestión de los bosques en sostenible". Según Carcedo, la nueva ley fija "tres objetivos: profundizar en la coordinación con comunidades autónomas, que es donde reside la competencia de gestión de los montes; aumentar la protección -con la figura de los montes protectores-, así como enérgicas medidas para lucha contra los riesgos: la ocupación masiva para urbanizaciones desordenadas y la lucha contra incendios forestales".

Por su parte, la diputada popular Teresa de Lara ha calificado la ampliación del plazo de 20 años que proponía la ley del PP a 30 de "ineficaz, demagógico y que atenta contra las competencias de la Comunidades Autónomas". También ha lamentado la "dejación de responsabilidad del Estado" de la ley, así como el "intervencionismo intolerable en la declaración de monte protegido" del texto que convierte al propietario del monte en "mero espectador".

A su vez, el diputado canario Luis Mardones ha declarado que la nueva norma significa "un avance y es una ley aceptable y adecuada", mientras que el diputado de IU-ICV Joan Herrera también se ha manifestado a favor, pese a que, según señaló, la reforma recorta algunas exigencias medioambientales "de gran calado". La diputada de ERC Rosa María Bonás ha apuntado que la ley todavía mantiene competencias de gestión del Estado que deberían estar en el ámbito de las comunidades autónomas, aunque reconoció que la certificación forestal es "un paso adelante" en la conservación de los bosques.