Conde-Pumpido admite que el nuevo cómputo de redención de penas puede causar "dificultades"

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha advertido hoy en el Congreso de que la aplicación de la nueva doctrina del Tribunal Supremo para el cálculo de las redenciones de penas a presos puede generar "algunas dificultades", aunque también ha explicado que se ha instruido debidamente a los fiscales para que adapten su actuación a la misma.

Cónde-Pumpido ha atribuido a "un juego de intereses político y partidista" la polémica pública surgida en torno al hipotético riesgo de puesta en libertad del etarra Henri Parot, de la que ha responsabilizado directamente a "un periódico". Tras afirmar que esa polémica ha provocado un desgaste "inútil, gratuito e irresponsable" del Ministerio Fiscal como institución, el Fiscal General del estado ha asegurado que "jamás existió un riesgo de excarcelación inmediata del señor Parot". La noticia, ha dicho "es que no había noticia".

Conde-Pumpido ha señalado que la decisión de la Fiscalía de informar favorablemente sobre el recurso de Parot para que se acumularan sus penas no podía entrar en la aplicación de los beneficios penitenciarios, como más tarde haría el Tribunal Supremo, ya que esa cuestión era ajena al recurso. El fiscal general ha recordado además que esa decisión de aplicar los beneficios penitenciarios sucesivamente sobre las distintas condenas individuales y no sobre la pena acumulada de 30 años, había sido rechazada en el pasado por el Supremo y había incluso provocado un cambio legal.

Así, ha explicado que, poco después de su nombramiento y ante la evidencia de que se avecinaban "novedades preocupantes" sobre la situación penitenciaria de determinados presos de ETA, ordenó adoptar medidas "dentro del estricto marco constitucional y legal" para evitar cualquier ventaja indebida en la pretensión de algunos etarras de recobrar la libertad. Tras detallar que así se hizo en el caso de José Ignacio de Juana Chaos, se ha referido al más reciente de Henri Parot, que ha generado "un ruido mediático incomparablemente mayor", aunque ha asegurado que en la hipótesis más favorable al etarra su puesta en libertad se hubiera producido en 2020 y no en 2009 como señalaron, "los alarmantes cálculos aireados por algunos medios".

Conde-Pumpido ha ironizado sobre el hecho de que el informe del Ministerio de Fiscal en el que se consideraba que "no había más remedio" que estimar el recurso de Parot en su pretensión de acumular las penas que se le habían impuesto data de noviembre y diciembre de 2005, y no saltara a "la primera página de un periódico" hasta la segunda semana de febrero de 2006. "Surge la primicia del caso Parot con tres meses de retraso" y coincidiendo con el relevo "por motivos estrictamente profesionales, de organización y coordinación" del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño.

Quien trate de relacionar el criterio defendido por Fungairiño (contrario a la acumulación de penas en el caso Parot) con su relevo, "falta a la verdad", según Conde-Pumpido. En ese sentido, ha asegurado esta tarde que, aún convencido de que el criterio del fiscal jefe de la Audiencia Nacional "no era sostenible", no podría reprochar a un subordinado haberlo mantenido, ya que con ello entendía que aplicaba el criterio de máximo celo impuesto precisamente por la Fiscalía General del Estado.

Obligación con los ciudadanos

Sin citar al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, el fiscal general del Estado a iniciado su comparecencia en el Congreso explicando que todo poder público tiene como primera obligación responder ante los ciudadanos. Conde-Pumpido ha comparecido esta tarde ante la comisión de Justicia a petición de PSOE y PP, para explicar la aplicación de la ley en el cumplimiento de penas por terrorismo, motivo por el que había sido llamado a una sesión anterior Hernando, que no acudió a la cita.

La ausencia de Hernando de la sesión parlamentaria suscitó ayer una polvareda de declaraciones en el Congreso de los Diputados. Aunque Conde-Pumpido no se ha referido a él expresamente, sus primeras palabras han sido para dejar clara su tesis de que todo representante de un poder público debe responder a la petición de colaboración de otro poder del Estado. Así, ha recordado en primer lugar su compromiso de acudir al Congreso cuantas veces sea requerido para explicar la acción del Ministerio Fiscal, siempre "dentro de los límites que la ley me marca".