Jueces y fiscales rechazan la exigencia de que los magistrados deban conocer el catalán

Las tres asociaciones judiciales, Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD) y la Francisco de Vitoria (AJFV), han emitido hoy un comunicado conjunto en el que muestran su "preocupación y rechazo" ante la exigencia del conocimiento del catalán como requisito para ejercer en esta comunidad autónoma que se contiene en el artículo 33 del proyecto de Estatuto catalán, y que ayer fue acordado por PSOE y CiU.

La Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) también han manifestado su oposición a que el conocimiento del catalán sea obligatorio para desempeñar sus funciones en ese territorio, aunque si han defendido que se pueda considerar como mérito.

En el comunicado, las tres asociaciones afirman que el texto "invade el ámbito material de competencias reservado a la Ley Orgánica del Poder Judicial" y dicen que el derecho de los catalanes a hablar su lengua "no exige tal requisito, y se encuentra plenamente garantizado por el régimen legal y reglamentario que regula la utilización de las lenguas cooficiales". Las asociaciones recuerdan, además, que el conocimiento de esas lenguas "puede ser contemplado como mérito para el acceso a determinados cargos judiciales de nombramiento discrecional en la Comunidad Autónoma de que se trate".

Un requisito "inaceptable", según JpD

El artículo 33 del proyecto de Estatuto de Cataluña, pactado ayer por PSOE y CiU, establece que, para garantizar el derecho de los ciudadanos a utilizar su lengua en sus relaciones con la Justicia, los jueces y fiscales que presten allí sus servicios "deben acreditar, en la forma establecida en las leyes, que tienen un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas oficiales".

El portavoz de la APM, Antonio García, ha afirmado que este texto "es un atentado contra el carácter de cuerpo único y nacional" de jueces y fiscales y "un ataque al principio de igualdad", y ha añadido que "se han confirmado nuestros peores augurios". "Es propio de componendas políticas basadas en el principio de oportunidad", ha afirmado en relación al acuerdo de PSOE y CiU.

El portavoz de JpD, Edmundo Rodríguez, ha defendido el sistema actual, e incluso se ha mostrado partidario de que la Administración de Justicia "continúe esforzándose" para que los ciudadanos de Cataluña puedan hablar su lengua también en los tribunales "sin necesidad de intermediarios". Rodríguez ha señalado, sin embargo, que "no es aceptable" que el conocimiento del catalán se constituya en un requisito.

Por su parte, el portavoz de la AF, Guillermo García-Panasco, ha asegurado que el establecimiento del conocimiento del catalán como requisito "supone la ruptura del régimen jurídico único" de la judicatura y dificultaría que las vacantes que existen en Cataluña pudieran cubrirse. Para García-Panasco, el sistema actual, que valora como mérito el conocimiento de las lenguas autonómicas, "es más que suficiente".

En la misma línea se ha expresado el portavoz de la UPF, Eduardo Esteban, que ha ha afirmado que el conocimiento de las lenguas cooficiales debe ser regulado mejor y que deben darse facilidades a los jueces y fiscales que ejercen su función en Cataluña y otras comunidades para que aprendan el idioma propio de esos territorios.