Xabier Alegría se niega a declarar ante un tribunal al que acusa de avalar "la tortura"
La Audiencia Nacional suspende el juicio hasta lunes con la amenaza de la defensa de abandonarlo
Xabier Alegría, principal acusado en el macrojuicio contra el entorno de ETA que se ha reanudado hoy en la Audiencia Nacional, no prestará declaración. Se ha negado a hacerlo argumentando que la Audiencia Nacional "avala la tortura". Hasta ahora, los acusados estaban contestando sólo a sus abogados, pero no a las acusaciones ni al fiscal. Pero la abogada de Alegría ha renunciado a realizar preguntas al acusado, alegando que se ha vulnerado el derecho de defensa y tras recibir el amparo del decano del Colegio de Vizcaya.
El juicio, en el que se han escuchado ya las declaraciones de 21 de los 56 procesados, ha celebrado hoy su 11ª sesión, la primera de este año. Estaba prevista para hoy la declaración de Alegría, el principal acusado pero, como todos los anteriores sólo contestaron a las preguntas de sus abogados, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, le ha preguntado si iba a responder al fiscal y a la acusación. "A un tribunal especial que avala el uso de la tortura como medio de trabajo no voy a contestar", ha respondido Alegría. Pero esta vez ni siquiera ha habido preguntas de la defensa.
Tras un receso de una hora para buscar un documento policial solicitado por la letrada Arantxa Zulueta, que contenía el historial de las actividades delictivas de Alegría, se ha aportado al interrogatorio un documento que no ha satisfecho a la abogada, puesto que no se correspondía con lo solicitado. La abogada y la presidenta de la Sala se han enzarzado en una discusión que Murillo ha zanjado así: "Esto es lo que hay. Si quiere interrogar, interrogue, y si no quiere, no lo haga". Zulueta ha dicho que se encontraba en una situación en la que no podía ejercitar la defensa del acusado y que se estaba vulnerando el derecho de su cliente a un juicio justo y con todas las garantías.
Piden la suspensión de la vista
Por esta razón, ha pedido un receso para hablar con el Colegio de Abogados de Vizcaya, al que pertenece, y su decano, Nazario de Oleaga Páramo, le ha ofrecido su amparo. Incluso ha remitido un fax al alto tribunal en el que ha solicitado entrevistarse con el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, y la propia Murillo. El fiscal pide para Alegría un total de 51 años de prisión por los delitos de integración en ETA, falsa contabilidad, insolvencia punible y otros contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Según el escrito de la Fiscalía, Alegría era el enlace de ETA con las organizaciones implicadas en la causa, desde KAS, supuesto aparato político de la banda terrorista, hasta Xaki, aparato internacional etarra, pasando por el diario Egin y su editora, Orain.
Tras este incidente, el tribunal ha decidido suspender el juicio hasta el próximo lunes. Zulueta ha anunciado, nada más darse por finalizada la sesión y al no dejarla intervenir la presidenta del tribunal: "El lunes no vamos a venir, nos vamos". A lo que ha respondido el magistrado Poveda: "Es su problema". Pero ésta no ha sido la única polémica de la primera jornada del año en este macrojuicio. Antes de que se le llamara a declarar, la misma Zulueta, en nombre de otros diez abogados, ha solicitado la suspensión de la vista oral. Según ha explicado, el interrogatorio del acusado no se podía realizar con todas las garantías sin el conocimiento exhaustivo de las diligencias de otro proceso instruido por el Juzgado Central número 5 y que sirvieron como base de este sumario.
Las defensas, según ha subrayado, han tenido seis días, desde el pasado 29 de diciembre, para analizar las 104 cajas que componen ese sumario, que hasta ahora ha permanecido bajo secreto. El fiscal Enrique Molina se ha opuesto a la petición de suspensión y la presidenta de la Sala ha anunciado que resolvería en auto la solicitud de nulidad de actuaciones. El abogado Iñigo Iruin ha señalado que esta decisión es una nueva causa de suspensión, puesto que el tribunal había admitido a trámite el incidente de nulidad y eso obliga a suspender la vista. La negativa de Murillo ha provocado la ira del letrado.
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