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La defensa intenta sin éxito suspender el juicio contra 56 miembros del entorno de ETA

El primer acusado se niega a contestar las preguntas del fiscal "por ser un juicio político"

Los abogados defensores de los 56 miembros de organizaciones del entorno de ETA a los que desde ayer se juzga en dependencias de la Audiencia Nacional, en la Casa de Campo de Madrid, intentaron a toda costa suspender el inicio de la vista. Los letrados esgrimieron una batería de argumentos -desde la forma de hacer la dación de cuentas hasta la presentación de un recurso de súplica que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no permite- que el tribunal rechazó. El único procesado que declaró se negó a contestar las preguntas del fiscal por considerar que se trata de "un juicio político".

El fiscal Enrique Molina solicita para los 56 acusados penas que oscilan entre los 10 y los 51 años de prisión por delitos de integración en organización terrorista o colaboración con ella, delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda pública, insolvencia punible y falseamiento de la contabilidad de los registros fiscales.

La sesión de la mañana recordó a un partido de ping-pong. Al menos cinco abogados defensores solicitaron en diferentes momentos la suspensión del inicio del juicio, lo que fue rechazado sistemáticamente por la presidenta del Tribunal, Ángela Murillo, que también ejerce como ponente de la causa.

Los abogados defensores pretendieron plantear cuestiones procedimentales previas a que la secretaria judicial leyese el escrito de dación de cuentas (en el que se resumen los escritos de acusación y las penas que se piden a los acusados). La magistrada Murillo no lo permitió.

Luego, sucesivamente, los letrados José María Elosua, Arantza Zulueta, Jone Goirizelaia, Iñigo Iruin y Kepa Landa reclamaron la suspensión del juicio porque la dación de cuentas no era, a su juicio, completa; porque desconocían el estado de la prueba documental y de las piezas de convicción; porque no se había decretado la rebeldía de tres de los acusados presos en Francia o fugados; por no haber sido citados de acuerdo con los requisitos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; porque el incidente de recusación de los peritos no estaba resuelto; porque está pendiente de resolver un recurso de súplica; o porque no se ha permitido la personación de empresas para las que se pide su liquidación y comiso de bienes.

Si los abogados querían suspender la vista a toda costa, el tribunal quería igualmente a toda costa evitarlo.

Así, tras un receso de media hora, el tribunal razonó que la dación de cuentas había sido correcta; que las piezas de convicción estaban a disposición de las partes; que la vista se suspende para los procesados ausentes, pero no para los demás; que las citaciones se habían realizado de acuerdo con la ley; que en sentencia se resolverá si las empresas a las que se refieren los letrados son reales o ficticias y que contra la inadmisión de un incidente de recusación no cabe recurso de súplica.

Oleadas de protestas por parte de los defensores, declaraciones de persecución política por parte de los portavoces de los acusados, pero inamovible la decisión del tribunal.

Y de esa forma, se llegó al interrogatorio de los acusados. El único que declaró fue Vicente Askasibar, considerado tesorero para Vizcaya de la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS), que, según el fiscal, era un programa político y una estructura que agrupaba tanto a ETA como a sus organizaciones afines para desarrollar la estrategia de la banda terrorista, a la que los miembros de KAS están subordinados. Askasibar, muy nervioso al principio, se negó responder a las preguntas del fiscal y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Es su derecho, pero el tribunal valorará su negativa.

Luego, a preguntas de su defensor, Kepa Landa, Askasibar explicó que nunca ha sido de ETA y que nunca ha financiado el terrorismo. Agregó que con el poco dinero que manejaba -30 millones de pesetas (180.000 euros) era el presupuesto de KAS para Euskadi y Navarra- no podía financiar nada.

Así que mostró total extrañeza cuando su letrado le preguntó por el denominado Proyecto Udaletxe, el plan de financiación global de la izquierda abertzale, intervenido en la operación contra la cúpula de ETA en Bidart, en marzo de 1992, a José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, y cuyos trabajos siguió posteriormente en el aparato político su sucesor, José María Dorronsoro Malaxetxebarria. "No lo he conocido [el proyecto Udaletxe] hasta que leí el auto [de procesamiento], cuando ya estaba en la cárcel".

El abogado reclamó en repetidas ocasiones que se mostrasen al acusado una serie de documentos contables (facturas, etcétera) para interrogarle sobre ellos. Ninguno pudo ser localizado en el momento, admitiendo el tribunal un cierto desbarajuste en el estado de las piezas de convicción y documentos. Finalmente, la presidenta decidió suspender la sesión y continuar hoy con el interrogatorio.

"No he pasado el charco"

El tesorero de la Koordinadora Aber-tzale Sozialista en Vizcaya (KAS), Vicente Askasibar, admitió ayer que participó en la empresa Gadusmar, una de las supuestas sociedades utilizadas como tapadera por ETA, según el fiscal. La sociedad, dedicada a la venta de bacalao al por mayor (importación y exportación de bacalao entre Islandia y Cuba), no sirvió para financiar a ETA ni a los militantes de esa organización que han huido a otros países, según Askasibar. "Es imposible", dijo, "entre otras razones porque apenas gano algo de dinero".

A preguntas de su abogado, Kepa Landa, declaró que él nunca había estado en Cuba. "Como vulgarmente se dice, yo no he pasado nunca el charco", señaló.

Askasibar, que declaró en castellano, reconoció que fue el tesorero de KAS en Vizcaya. Pero negó que KAS controlara la financiación de Gestoras pro Amnistía, de HB o de AEK, la coordinadora de alfabetización de adultos, o que financiara la kale borroka.

Askasibar negó haber pertenecido a ETA y agregó que nunca ha obedecido órdenes de ETA.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de noviembre de 2005

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