El primero de los procesados por el 'caso Ekin' rechaza la subordinación de KAS a ETA

A las 10.25 de esta mañana, con 25 minutos de retraso, ha arrancado en el pabellón habilitado por la Audiencia Nacional en la Casa de Campo de Madrid el macrojuicio del llamado caso Ekin contra organizaciones del entorno de ETA. Se trata del mayor proceso de la historia de España por el número de acusados, 56, para quienes el fiscal pide penas que oscilan entre los diez y los 51 años de cárcel.

El primer acusado en declarar ha sido el ex responsable de finanzas de KAS (presunto aparato político de ETA) en Vizcaya Vicente Askasibar, alias Txente, quien se ha negado a contestar a las preguntas del fiscal, Enrique Molina, y de la acusación popular que ejerce la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Askasibar ha alegado que el proceso es un "juicio político". Fuentes jurídicas consideran que es posible que los demás acusados se acojan al mismo derecho constitucional de contestar sólo a las preguntas que formulen sus defensas. Ante la negativa del acusado, el fiscal ha procedido a leer las 94 preguntas que tenía pensado hacerle y Emilio Murcia, abogado de la AVT, ha hecho lo propio.

Con la reanudación del juicio por la tarde, Txente sí ha contestado al interrogatorio de su defensa, ejercida por el abogado Kepa Landa. Ha sido entonces cuando ha negado la pertenencia o subordinación de KAS a ETA al tiempo que ha defendido que aquélla era una "organización política" cuyo presupuesto no superaba los 30 millones de pesetas anuales. Al hilo de estas consideraciones ha negado la existencia de una "caja única" con la que se financie la izquierda abertzale y la propia ETA. También ha rechazado que KAS controle al resto de organizaciones del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV).

El acusado ha explicado que KAS no tenía dinero para financiar nada, ya que se financiaba por provincias, y así se lo indicó en su día al juez Baltasar Garzón. También ha rechazado que KAS desviara dinero para la kale borroka (violencia callejera) o controlara las finanzas de Gestoras pro Amnistía o Herri Batasuna.

Juicio "político"

En las horas previas al comienzo del juicio el consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkárraga, ha criticado el "impulso político del juicio" y ha confiado en que acabe en absolución "por que no todo es ETA". "Los jueces tienen la obligación de juzgar, pero este juicio tiene un impulso claramente político", porque ha sido la propia fiscalía la que ha instado a la actuación policial", afirmó ayer Azkárraga en los pasillos del Parlamento vasco. El consejero de Justicia añadió que que este juicio viene "de la etapa del Gobierno de Aznar, con el apoyo del PSOE. Al Gobierno vasco le gustaría que esto terminara de una manera definitiva". En una línea similar, el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, ha asegurado que el proceso supone un "flaco favor a la democracia" y ha pedido que se separe "el grano de la paja y la actividad terrorista de lo que pueden ser otro tipo de movimientos".

Muy diferente es la visión del Foro de Ermua. Su presidente Mikel Buesa ha calificado hoy de "totalitario" que determinados partidos políticos intenten condicionar con sus declaraciones a los magistrados. Según Buesa, las manifestaciones que han hecho responsables de formaciones nacionalistas y de otras fuerzas políticas "son absolutamente impropias de partidos que puedan considerarse democráticos". El ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha asegurado por su parte que confía en la "independencia" de los magistrados de la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional y que "hay que confiar en que en el proceso judicial que hoy comienza se contará con todas las garantías legales y que a la hora de dictar sentencia primarán la profesionalidad y la imparcialidad de los jueces".

Arropados por amigos y familiares

Los procesados han llegado a las 9.30 de la mañana en tres autobuses acompañados de amigos y familiares, entre quienes se encontraban Martxelo Otamendi, ex director del clausurado diario Egunkaria y Joseba Permach, ex portavoz de la ilegalizada Batasuna y ex parlamentario vasco. La mayoría de ellos ha presentado sin éxito el llamado DNI vasco, fueron identificados con las fichas policiales. El primero ha sido José María Olarra, para quien el fiscal encargado del caso, Enrique Molina, pide 15 años de prisión y otros tantos de inhabilitación especial por un presunto delito de integración en organización terrorista.

Además, algunos acusados llevaban puesta una camiseta azul en la que podía verse tachado el número del sumario del caso Ekin (18/98) y la frase en euskera "Por los derechos civiles y políticos". Una vez que todos los procesados, así como los abogados de la defensa y de la acusación, han entrado en la sala ha comenzado la primera sesión del macrojuicio con la lectura del escrito de conclusiones provisionales del fiscal.