El Gobierno firma en Bruselas el acuerdo que permite dirigirse a la UE en las lenguas cooficiales

España firma hoy un acuerdo con la presidencia de turno británica para introducir las lenguas cooficiales españolas en la UE. Este acuerdo, que hoy rubrican el ministro de exteriores español, Miguel Angel Moratinos y su homólogo británico, Jack Straw, permitirá que los ciudadanos puedan dirgirse a las instituciones en catalán, valenciano, gallego o vasco.

Para ello, el ciudadano que quiera dirigirse al Consejo en una lengua cooficial española deberá remitir su comunicación al organismo competente designado por el Gobierno español a tal efecto, que la transmitirá a su vez a la Secretaría General del Consejo, junto con una traducción al castellano. El Consejo remitirá luego su respuesta en castellano a dicho organismo, encargado por el Gobierno español de facilitar al ciudadano una traducción de la respuesta.

Para poder intervenir en alguna de esas lenguas en una sesión del Consejo, la Representación Permanente de España ante las insticiones europeas (Reper) deberá advertir, al comienzo de cada semestre, a la Secretaría General del Consejo de en qué sesiones del Consejo es posible que se presente una solicitud de uso de esas lenguas.

Además, como mínimo siete semanas antes de la sesión del Consejo, se tendrá que comunicar la solicitud del representante de España que quiera usar una de esas lenguas para sus intervenciones orales, y se deberá comunicar definitivamente esa solicitud a más tardar 14 días naturales antes de la sesión del Consejo.

Sólo el castellano produce efectos jurídicos

El acuerdo prevé también que España podrá realizar traducciones juradas, a las lenguas mencionadas, de los actos de la Unión Europea que sean adoptados por codecisión, desde su versión publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOCE), y remitirlas por vía electrónica a la Secretaría General del Consejo.

Dichas traducciones juradas no tendrían, sin embargo, validez jurídica, ya que sólo la versión en castellano de la que proceda producirá efectos con su publicación en el DOCE. El acuerdo contempla que los costes directos e indirectos de la aplicación del acuerdo correrán a cuenta de España.