España pide a Argentina que deniegue el refugio político al etarra Iriondo

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, solicitó ayer al presidente argentino, Néstor Kirchner, que no acepte la solicitud de refugio político presentada por el etarra José María Lariz Iriondo. El jefe del Ejecutivo le respondió que "por supuesto" tendrá en cuenta la demanda española, según De la Vega. La vicepresidenta dio por zanjados los conflictos de tarifas de empresas españolas con el Ejecutivo argentino.

La vicepresidenta está de gira por Latinoamérica para preparar la Cumbre Iberoamericana del próximo octubre en Salamanca, en la que Kirchner participará activamente. Ambos hablaron también sobre los conflictos tarifarios de empresas españolas con el Ejecutivo argentino, que De la Vega dio por zanjados, y sobre la alianza bilateral estratégica que establecerá "una relación super- privilegiada" entre ambos países y que se firmará después del próximo octubre.

Sobre el etarra Lariz Iriondo, la vicepresidenta transmitió a Kirchner que el Ejecutivo español "acepta, aunque no comparte" la decisión de la Corte Suprema argentina de rechazar, el pasado mayo, la demanda española de extradición. Y añadió: "Le he pedido expresamente que no haya ningún tipo de acuerdo sobre las peticiones formuladas por el señor Iriondo en lo que se refiere a su residencia en este país". Kirchner le respondió que lo tendría en cuenta. El canciller Rafael Bielsa enfatizó que ha tratado este asunto "unas 10 o 15 veces" con su homólogo Miguel Ángel Moratinos.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicitó la extradición de Lariz Iriondo, que llegó a Argentina en 2002 tras ser expulsado de Uruguay, por su supuesta participación en dos atentados de ETA; la Corte Suprema la denegó al considerar que los delitos habían prescrito. El etarra, por su parte, solicitó el estatuto de refugiado político sobre el que debe decidir —sin un plazo establecido, como recalcó el canciller Bielsa— el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (Cepare), integrado por representantes de los ministerios de Exteriores, Interior y ACNUR. "No esperamos un pronunciamiento (de ese órgano) ni para mañana ni para dentro de 10 años", zanjó el canciller argentino.

La Administración estadounidense sigue con enorme atención el caso Lariz porque se basará en este asunto y en el atentado de la mutua judía Amia, en el que murieron 85 personas en 1994, para evaluar el compromiso argentino en la lucha contra e terrorismo.

De la Vega reiteró que "no hay ningún contacto" del Gobierno con la organización terrorista ETA y que "sólo cuando exista una rotunda posición de abandonar las armas, sólo en ese caso, el Gobierno se planteará escuchar a ETA".

Tras la comparecencia de De la Vega en la Casa Rosada, la vicepresidenta se reunió con empresarios españoles y declaró que "se pueden dar por zanjados los conflictos (tarifarios) de las empresas españolas con el Gobierno argentino".

Gas Natural, Telefónica y Edesur (Endesa) han aceptado renegociar las tarifas con el Ejecutivo de Kirchner y cuando los nuevos precios entren en vigor, dentro de un año, retirarán sus demandas contra el Estado argentino.

Caso diferente es el de Aguas Argentinas, de la que Aguas de Barcelona es socio minoritario, que ha rechazado la oferta argentina y ha dado un ultimátum al Gobierno. Sin embargo, De la Vega calificó de "buena noticia" que "ambas partes" hayan expresado su voluntad de llegar a un acuerdo y hayan ampliado a un mes el plazo "para resolver sus diferencias".