Valencia aprueba la reforma de su Estatuto de Autonomía
El plan pasará ahora al Congreso de los Diputados, que previsiblemente validará la iniciativa, puesto que ha contado a nivel regional con el apoyo de PP y PSOE
El Pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado esta tarde el proyecto de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de esta comunidad con los votos a favor del Partido Popular y del PSOE, que fueron los redactores de la propuesta, y la oposición de Esquerra Unida- Entesa. Esta medida abre un proceso de reforma territorial que centrará el debate político durante la segunda mitad de la legislatura.
La propuesta ha sido aprobada con 81 votos a favor y cinco en contra, con los parlamentarios de los dos grupos mayoritarios y el Gobierno valenciano en pleno puesto en pie y aplaudiendo. El plan pasará ahora al Congreso de los Diputados, que previsiblemente lo validará, un hecho que no se producía desde 1998.
El acuerdo para reformar el Estatuto, alcanzado por los dos partidos mayoritarios en las Cortes valencianas a finales de mayo, fue recibido con satisfacción por el PSOE, que consideró abierta la puerta para una reforma territorial que se plantea polémica. En el PP en cambio generó tensiones entre el sector que apoya al presidente de la comunidad, Francisco Camps (partidario del proyecto), y el del ex presidente valenciano y ahora portavoz popular en el Congreso, Eduardo Zaplana.
Tras hacerse público el acuerdo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que apoyaría la reforma, según informa Joaquín Ferrandis. Ni Zaplana ni el presidente del PP, Mariano Rajoy, se pronunciaron sobre la cuestión. Días después, cuando Camps y el secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, firmaron el documento marco para la reforma, Zaplana no asistió pese a estar invitado.
Un Servicio Tributario propio
La reforma del Estatuto valenciano prevé la creación de un Servicio Tributario que tendrá la posibilidad de actuar de forma concertada con la Agencia Tributaria del Estado para recaudar, no sólo los impuestos propios, sino también los cedidos y participar en la gestión de los compartidos (IRPF, IVA). Esta competencia queda condicionada a la modificación de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas. Incluye además una referencia a la necesidad de mejorar la financiación per cápita, que está por debajo de la media española.
El proyecto también prevé la creación de un Consejo de la Justicia, con competencias sin definir, en previsión de una hipotética reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial que implique la descentralización de la actual Administración de justicia. Al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en tanto en cuanto no haya reformas legislativas que afecten a sus funciones, se le añade la condición de última instancia en materia de Derecho Foral Valenciano -el conservado por la costumbre pese a la derogación de los fueros del antiguo Reino de Valencia en 1707 y ahora reconocido en el texto de la reforma-.
El acuerdo, que ha dejado fuera una modificación de la ley de Radiotelevisión Valenciana porque el PP no aceptaba la propuesta del PSPV-PSOE para que su director general fuera elegido por las Cortes, también implica la promulgación de una ley que cree el Consejo Valenciano del Audiovisual y una modificación de la ley Electoral para, entre otras cuestiones, ampliar el número de diputados.
